CAMARA CIVIL - SALA I - Fecha Despacho: 06/10/2020 - Providencias
 
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Expediente             Caratula
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Expte. N°: 5767/17-1-C    -Foja: 190/199- AYALA, SILVANA ANABEL C/
               MARTINEZ, VALENTINA Y/O LESCANO, FRANCISCO ANTONIO PROPIETARIO 
               DEL AUTOMOVIL DOMINIO AA-557-FP Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE 
               S/DAÑOS Y PERJUICIOS Y DAÑO MORAL POR ACCIDENTE DE TRANSITO -
DEFINITIVA OCTUBRE Nº 294 (fs.190/199)
 
Nº294/ En la ciudad de Resistencia, capital de la Provincia del Chaco, a los  cinco (05) del mes de 
octubre de 
dos mil veinte, se reúnen las Señoras Juezas de esta Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en 
lo Civil y 
Comercial, Dras. ELOISA ARACELI BARRETO y WILMA SARA MARTÍNEZ a efectos de tomar en 
consideración para resolver en definitiva en estos autos caratulados: "GONZALEZ, NILDA MABEL 
y 
AYALA ALFREDO RAMÓN C/ MARTINEZ VALENTINA Y/O LESCANO FRANCISCO ANTONIO 
PROPIETARIO del AUTOMÓVIL DOMINIO AA-557-FP y/o QUIEN RESULTE RESPONSABLE S/ 
DAÑOS Y PERJUICIOS Y DAÑO MORAL POR ACCIDENTE de TRANSITO", Expte Nº 5764/17-1-
C, y 
"AYALA, SILVANA ANABEL C/ MARTINEZ VALENTINA y/o LESCANO FRANCISCO ANTONIO 
PROPIETARIO del AUTOMOVIL DOMINIO AA-557-FP y/o QUIEN RESULTE RESPONSABLE S/ 
DAÑOS Y PERJUICIOS Y DAÑO MORAL POR ACCIDENTE DE TRANSITO" Expte Nº 5767/17-1-
C, 
venidos en grado de apelación del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la 
Séptima 
Nominación de esta ciudad. Practicado el sorteo del orden de votación resultó el siguiente: la Dra.
  ELOISA 
ARACELI BARRETO y la Dra.  WILMA SARA MARTINEZ, como Juezas de primer y segundo voto 
respectivamente. 
I.- RELACION DE LA CAUSA: LA DRA. ELOISA ARACELI BARRETO, DIJO: La 
efectuada por la Señora juez a-quo en la sentencia única glosada a fs. 154/163 y vta (Expte. Nº 
5767/17-1-C) y 
a fs. 314/323 y vta. (Expte. Nº 5764/17-1-C), se ajusta a las constancias de la causa, por lo que a 
fin de evitar 
repeticiones me remito a la misma. Contra dicho decisorio se alzan: 1) La parte actora Silvana 
Anabel Ayala a 
través de sus apoderados Dres. Natalia Soledad Rios Zequeira, Mariano Zaragoza y Carlos Alfonso 
Cerasuolo 
quienes lo hacen en su carácter de patrocinantes y a fs. 167/170 del Expte. Nº 5767/17-1-C apelan 
y expresan 
agravios, recurso que fue concedido a fs. 182 libremente y con efecto suspensivo, corriendo 
traslado a la 
contraria por el término de ley. A fs. 183 al no haber contestado la demandada el traslado de los 
agravios se le 
da por decaído el derecho dejado de usar, ordenándose elevar las actuaciones a la Alzada. 
Recepcionada la 
misma a fs. 187 quedó radicada por ante esta Sala Primera quedando notificadas las partes de 
conformidad con 
lo dispuesto por la Resolución del STJCH Nº 162/19 para notificaciones electrónicas. A fs. 188 se 
llamaron 
Autos, practicándose el respectivo sorteo del orden de votación cuya constancia obra a fs. 189. 2) 
Los actores 
Sres. Alfredo Ayala y Nilda González a través de sus apoderados Dres. Natalia Soledad Rios 
Zequeira, 
Mariano Zaragoza y Carlos Alfonso Cerasuolo, quienes también actúan como patrocinantes y que a 
fs. 328/331 
del Expte. Nº 5764/17-1-C apelan y expresan agravios, recurso que fue concedido a fs. 339 
libremente y con 
efecto suspensivo, corriendo traslado a la contraria por el término de ley. A fs. 340/345 obra 
contestación de la 
demandada a través de su apoderado Dr. Juan César Penchasky. A fs. 346 y vta. se ordena elevar 
las actuaciones 
a la Alzada, las que recepcionadas a fs. 350 quedaron radicadas por ante esta Sala Primera 
notificándose las 
partes de conformidad con lo dispuesto por la Resolución del STJCH Nº 162/19 para notificaciones 
electrónicas. A fs. 351 se llamaron Autos, practicándose el respectivo sorteo del orden de votación 
cuya 
constancia obra a fs. 352.
LA DRA. WILMA SARA MARTÍNEZ DIJO: Que presta conformidad a la relación de 
causa efectuada precedentemente.
II.- SEGUIDAMENTE: El Tribunal en la opinión coincidente de sus integrantes plantea 
como  única cuestión a resolver la siguiente: ¿La Sentencia de Primera Instancia debe ser 
confirmada o 
revocada?.-
III.- A LA CUESTION PLANTEADA LA DRA. ELOISA ARACELI BARRETO, 
DIJO:
1.-  La sentencia única de primera instancia recaída a fs. 154/163 y vta. del Expte. Nº 
5767/17-1-C y fs. 314/323 y vta. del Expte. Nº 5764/17 desestimó las pretensiones indemnizatorias 
de daños y 
perjuicios promovida por los Sres. Nilda Mabel González y Alfredo Ramón Ayala (Expte. Nº 5764/17) 
y de la 
Srta. Silvana Anabel Ayala (Expte. Nº 5767/17) a consecuencia del fallecimiento del Sr. Eduardo 
Alfredo 
Ayala, hijo y hermano respectivamente de los actores ocurrido a consecuencia de un accidente de 
tránsito que 
protagonizara con la Sra. Valentina Martínez en la Ruta Nacional Nº 16, km 17 aprox.; por entender 
que medió 
culpa exclusiva de la víctima en la ocurrencia del siniestro vial. Impone la totalidad de las costas a 
los actores 
perdidosos en cada una de las causas acumuladas y regula honorarios.
2.- Contra lo resuelto se alzan: los actores  Nilda Mabel González, Alfredo Ramón Ayala 
y Silvana Anabel Ayala a través de los mismos apoderados y expresan agravios a fs. 328/331 
(Expte. Nº 
5764/17-1C) y a fs. 167/170 (Expte. Nº 5767/17-1-C), en idénticos términos. 
Agravios.
Se agravian por la conclusión a la que arribó la Magistrada de grado en cuanto a que el 
área de conflicto máximo entre ambos rodados intervinientes se materializa en la parte central de la 
calzada, no 
pudiendo precisarse si lo fue en la vía izquierda o derecha. Afirman que tal resolución resulta 
arbitraria por 
contradecirse con las constancias de la causa, de las que resulta que la motocicleta se desplazaba 
por la banda 
izquierda del carril descendente de la ruta Nº 16, y en el mismo sentido, pero por la banda derecha 
lo hacía el 
Renault Clío, arribando a que la invasión incipiente del rodado de mayor porte a la banda izquierda, 
se produjo 
inexorablemente desde la banda derecha donde se desplazaba originariamente.
Que tales datos surgen del croquis obrante a fs. 21 del  Expte. nº 36126/2016-1 del 
Gabinete Judicial-Criminalística, glosado a autos, el que señala el derrotero de ambos rodados en los 
premomentos de la colisión, dato que queda ratificado con las posiciones finales adoptadas por 
ambos rodados.
Que también lo establecen los dichos de los testigos Angel Britez (fs. 110/111) y 
Cristian Portillo (fs. 116/117) quienes coinciden en afirmar que el Renault Clío iba detrás de un 
colectivo de 
larga distancia por la mano lenta (banda derecha) y la motocicleta por la mano rápida (banda 
izquierda), 
agregando que tales testigos no fueron cuestionados por la contraria y que los mismos se 
encontraban en el 
lugar y momento del hecho.
Aseguran que en sus dichos fueron contundentes en describir el lugar por el que 
circulaban los vehículos en los instancias previas al hecho, determinando que la moto circulaba por 
el carril 
izquierdo y el automóvil por el derecho, que luego  cambia su avance y se tira para el lado izquierdo 
por el que 
circulaba la moto.
Que con tal dato se corrobora que el automóvil se encuentra dañado no sólo en la parte 
trasera sino en el costado lateral izquierdo, interpretando que los daños allí constatados, denotan de 
forma 
acabada que la moto no podía físicamente encontrarse detrás del mismo y embestirlo en la parte 
trasera, dado 
que de ese modo habría salido despedida y no podría haber dañado el lado izquierdo hasta la parte 
delantera del 
automóvil, remitiéndose a las fotografías tomadas por criminalística.
De allí consideran que el auto encontrándose en posición de cambio de carril resulta 
embestidor o embestido por la moto y por ello se verifican daños hasta en el espejo retrovisor 
delantero 
izquierdo del mismo.
Se agravian por la falta de valoración de los testimonios de las personas que observaron y 
declararon cuál era la posición de los vehículos en forma previa al siniestro. Al respecto destacan 
de los Sres. 
Angel Britez y Cristian Portillo dijeron que repararon cómo ocurrió el hecho puntualmente y que se 
encontraban a unos 35 o 45 mts. de los vehículos que protagonizaron el siniestro, -la que resulta ser 
una 
mínima distancia para una ruta-,  y que circulaban detrás de la moto que sufrió el accidente. Que a 
pesar de que 
tales testigos dieron detalles de lo ocurrido y no se mostraron dubitativos en sus dichos, resultaron 
minimizados y no fueron tenidos en cuenta por la Juez de primera instancia.
Reiteran que concluir de forma contraria a la propuesta por su parte importaría 
desnaturalizar la verdadera etiología del siniestro, en tanto que fue el Renault Clio mediante 
maniobra de giro a 
la izquierda, que se introdujo desde la banda derecha por la que se desplazaba hacia la izquierda 
por la que 
transitaba la motocicleta, remitiéndose al croquis planimétrico de la pericia en el que se observa el 
desplazamiento del automóvil sobre el carril izquierdo por unos 20 centímetros. 
De allí concluyen que fue la demandada quien introdujo el factor de riesgo en el 
entramado vial al desplazarse intempestivamente -y sin efectuar señal lumínica o sonora alguna-, de 
una banda 
hacia la otra por la que transitaba la moto, poniendo la causa eficiente, exclusiva  y excluyente en la 
generación 
del siniestro.
Sostienen que resulta ilógica la mecánica del siniestro tal como fue determinada por la 
A-quo, ya que de haber impactado la motocicleta contra la parte trasera del automóvil a una 
velocidad promedio 
de 50 km/hora, ésta hubiera caído y no podría haber proseguido su marcha dañando el lateral 
izquierdo del 
automóvil hasta alcanzar el espejo retrovisor que se encuentra en la parte anterior del mismo. 
 Que pese a que se requirieron explicaciones al perito que intervino en autos, éste no 
hizo ninguna aclaración de su dictamen, remitiéndose a las conclusiones a las que había arribado 
en oportunidad 
de producirlo, las que se contradicen con lo que los testigos vieron en la oportunidad de la 
ocurrencia del 
accidente, esto es que el auto estaba inclinado hacia la izquierda unos 15 o 30 grados como 
cambiando de 
carril, lo que justifica los daños impresos en su parte lateral izquierda hasta su parte trasera. 
Se quejan por la adhesión prestada por la Juez A-quo al dictamen del Fiscal Penal en 
cuanto a que fue el accionar de la propia víctima el causante de la colisión que le costó la vida y en 
base a ello 
desestimó la demanda; haciendo observar que el Fiscal omitió tomar declaración a los testigos 
presenciales 
ofrecidos por su parte y ordenó el archivo de las actuaciones. Reiteran a continuación su versión de 
cómo 
aconteció el siniestro dañoso y concluyen que el informe pericial accidentológico corrobora su 
postulación 
sobre la etiología del mismo en los siguientes puntos: a) la motocicleta se desplazaba por la 
izquierda del 
automóvil el que a su vez circulaba detrás de un ómnibus de larga distancia; b) el automóvil se 
introdujo en la 
banda izquierda de la autovía por la que transitaba la motocicleta generando el contacto físico 
entre ambos 
rodados; c) el agente activo del siniestro resultó ser el Renault Clío y el pasivo la Motocicleta 
Honda; d) que la 
causa generadora del hecho por parte del automóvil surge de la etiología del accidente, 
características del lugar 
-amplitud de la vía, visibilidad, iluminación, etc-, la localización de los daños en ambos vehículos, las 
trayectorias anteriores y posteriores, maniobras y demás circunstancias. 
Agregan que la velocidad que animaba al Renault Clío no permitió su control adecuado 
por parte del conductor, ya que si bien no pudo ser determinada en forma exacta, el dato de que el 
automóvil se 
estacione a unos 107 mts del lugar del impacto, da una idea de que la misma resultó elevada. 
Alegan que cabe desestimar la culpa asignada a la víctima en la producción del siniestro 
ya que la misma no resultó acreditada y se encontraba a cargo de la demandada acreditarla. 
Se quejan por haberse asignado la calidad de embistente a la motocicleta y la de 
embestido al automóvil, reiterando apreciaciones hechas anteriormente y peticionando se asigne la 
exclusiva y 
excluyente culpa y responsabilidad en la producción del evento a la parte demandada.  
Asimismo les agravia la imposición de costas, peticionando sean impuestas a la contraria 
y peticionando en subsidio de que de entenderse que en el caso existió culpa concurrente, se 
asigne el 80 % a la 
demandada y/o lo que en más o en menos resulte del criterio de esta Alzada. Hacen reserva de los 
recursos 
extraordinarios local y federal y finalizan con petitorio de rigor.
A su turno el Dr. Juan César Penchasky en su contestación de fs. 340/345 del Expte. Nº 
5764/17, peticiona la desestimación del recurso solicitando se confirme la sentencia recaída en 
autos, por 
entender que la versión dada por los actores apelantes no se compadece con la realidad de los 
hechos ni con las 
constancias de la causa, acude para ello al informe del Gabinete Científico del Poder Judicial 
glosado en el 
Expte. Penal nº 36126/16  que determina la  imposibilidad de ubicar el punto máximo de conflicto en 
el lado 
izquierdo o derecho del carril de circulación de ambos rodados y la calidad de embistente de la 
motocicleta, 
conforme con los daños impresos en el automóvil. 
Entiende que los testimonios vertidos en autos fueron debidamente analizados por la A-
quo, quien los estimó ineficaces e inidóneos para controvertir los informes técnicos obrante en la 
causa los 
que demostraron cuál fue la mecánica del hecho que no es la que fue relatada en el escrito de 
demanda. Con 
ello concluye que los aportes de los testigos no resultaron minimizados como aseveran los actores, 
sino que 
fueron descartados por la sentenciante, previo análisis de sus dichos y conforme las razones dadas 
en los 
considerandos del fallo impugnado.
Enfatiza que el a-quo se fundó en las pruebas y principios que determinan la mecánica del 
evento.
IV.- Pasando al examen de los recursos, siendo que las causas acumuladas refieren al 
mismo hecho, corresponde analizar en forma conjunta la cuestión atinente a la responsabilidad civil 
de la 
demandada, único aspecto a tratar.
Recordemos que los reclamos indemnizatorios se suscitan a raíz del accidente de 
tránsito ocurrido el día 16/10/16 sobre la Ruta Nacional Nº 16 - altura km 16,4 aprox.- el que 
produjo el 
deceso del Sr. Eduardo Alfredo Ayala, hijo de los Sres. Nilda Gonzalez y Alfredo Ayala y hermano de 
Silvana 
Ayala, respectivamente. 
En la versión de los accionantes, el evento se produjo por exclusiva culpa de la 
demandada, por ser quien guiaba el vehículo que embistió a la motocicleta con su lateral izquierdo 
al intentar 
una maniobra de sobrepaso a un ómnibus de larga distancia que circulaba por delante de ésta. 
Luego, la 
obligación de responder de tipo objetiva de la demandada prevista por los arts. 1757 y 1769 del 
CCyC  deviene 
de su condición de conductora del vehículo protagonista del hecho y respecto del Sr. Francisco 
Antonio 
Lescano en su calidad de propietario del mismo.
A su vez, la demandada considera que el único responsable es la víctima debido a su 
conducta temeraria y riesgosa, que previo a colisionar contra la parte trasera izquierda de su 
automóvil, superó 
por la mano derecha al automóvil que circulaba inmediatamente detrás del suyo, cruzó por delante 
del mismo e 
intentó superar a su automóvil por el lado izquierdo, al que embistió cuando ambos vehículos se 
encontraban en 
la parte central de la calzada, en proximidad a la banda media de delimitación. 
Asimismo sostuvo que circulaba conforme a derecho y que en ningún momento intentó la 
maniobra descripta en la demanda -cambiar de carril para superar a otro vehículo-, desde la mano 
derecha hacia 
la izquierda, resultándole imposible preveer el obrar inesperado e imperito de parte del motociclista, 
quien por 
distracción o por un error de cálculo terminó colisionando contra su automóvil.
Así la Juez de sentencia termina concluyendo a partir del análisis de las pruebas, 
particularmente la mecánica del hecho descripta en las pericias accidentológicas obrantes en el 
Expte. Penal Nº 
36126/2016-1 y la faccionada a fs. 149/189 del Expte. Nº 5764/17, tener por cierta la versión de 
los hechos 
brindada por los demandados y tercera citada en garantía, rechazando la demanda incoada por los 
actores.
V.- Adelanto desde ya que la ausencia de responsabilidad civil de la Sra. Valentina 
Martínez, conductora del vehículo embestido  y con ello su exención de resarcir a la víctima por ser 
ésta quien 
puso la causa generadora del siniestro, a mi criterio fue correctamente juzgada por el Tribunal de 
grado.
Considero que para que la conducta de la víctima exculpe total o parcialmente al autor 
material del hecho productor del perjuicio, debe poseer relación de causalidad adecuada con dichos 
efectos 
dañosos. La culpa de la víctima que rompe el nexo de causalidad entre la actividad dañosa y el 
perjuicio en los 
términos del art. 1757 del CCyC, debe aparecer como la única causa del daño cuyo resarcimiento es 
reclamado, y en el caso de marras dicho extremo ha quedado plenamente acreditado. (Cfr. Sent. 
única Nº 49 del 
16/03/17 en Exptes. Nº 5093/04-1-C, Nº 2348/07-1-C y Nº 2350/07-1-C, de esta Sala con 
integración de una de las suscriptas). 
1.- La parte actora se agravia principalmente por la valoración de la prueba realizada por 
la Juez A-quo, en tanto tomó algunas pruebas recolectadas, fundamentalmente en el Expte. Penal y 
desechó 
particularmente los testimonios de quienes aseveraron haber presenciado el hecho siniestral porque 
se 
desplazaban metros más atrás del joven Ayala, ya que se dirigían juntos hacia la ciudad de 
Resistencia a 
participar de un festival en el Parque de la Democracia. 
Cabe decir que la valoración o apreciación de la prueba judicial, según Hernando Devis 
Echandía (Compendio de la Prueba Judicial, Tomo I, Rubinzal - Culzoni Editores, pag. 141 y ss),  es 
entendida como la 
operación mental que tiene por fin conocer el mérito o valor de convicción que pueda deducirse de 
su 
contenido. Dicha actividad procesal es exclusiva del juez, ya que las partes o sus colaboradores 
tienen 
únicamente una función de colaboradores, cuando presentan sus puntos de vista en alegaciones o 
memoriales. 
Es el momento culminante y decisivo de la actividad probatoria, ya que define si esa prueba cumple 
o no el fin 
procesal a que estaba destinada, de llevarle la convicción al juez, de ahí su importancia. Gracias a 
la valoración 
podrá saber el juez si, en el proceso, la prueba ha cumplido su fin propio, si su resultado 
corresponde o no a su 
fin. 
Agrega el autor citado que el juez debe percibir los hechos a través de los medios de 
prueba, pero luego es indispensable que proceda a la representación o reconstrucción histórica de 
ellos, no ya 
separadamente sino en su conjunto, poniendo cuidado para que no queden lagunas u omisiones 
que trastoquen la 
realidad o la hagan cambiar de significado. Esta representación o reconstrucción puede hacerse 
respecto de 
algunos de los hechos por la vía directa de la percepción u observación, pero a muchos otros se 
llega 
indirectamente, por la vía de la inducción o deducción, es decir, infiriéndolos de otros hechos.
Una lectura minuciosa de la sentencia aquí cuestionada, da cuenta que la Jueza 
sentenciante luego de efectuar el relato de los hechos, determinar su encuadre legal y describir las 
pruebas 
recolectadas tanto en sede civil como penal, efectuó el análisis de cada una de ellas y los 
elementos que las 
mismas aportaban para la dilucidación del pleito. Enunció además cuáles de dichas probanzas, 
interpretadas y 
confrontadas entre sí, lograron representarle de la manera más aproximada, que lo que ocurrió el día 
del 
siniestro vial investigado fue lo relatado por la demandada y tercera citada en garantía. 
Analizó los dichos de los testigos Britez (fs. 110/111) y Portillo (fs. 116/117) para 
luego restarles eficacia, ya que el primero de ellos incurrió en contradicciones con lo informado por la 
División Criminalística en cuanto al carácter de embistente/embestido que revistieron ambos 
vehículos y la 
ubicación de los daños. Respecto del Sr. Portillo entendió que sus dichos no aportaban convicción 
alguna al 
relato que efectuara sobre la mecánica del accidente dado que reconoció venir circulando a unos 
50 a 70 mts. 
de distancia de la víctima y que desde esa posición y en honorario nocturno, resultaba poco creíble 
que haya 
podido apreciar cómo se produjo el accidente. Además descartó el testimonio del Sr. Barrientos (fs. 
120/121) 
en tanto éste admitió no haber visto el accidente. 
Por lo tanto el agravio referido a la falta de valoración de la A-quo de los dichos de los 
testigos, no trasunta más que la disconformidad de los apelantes con el criterio adoptado por la 
sentenciante a 
la hora de apreciar los datos aportados por éstos para la dilucidación del hecho, los que por 
considerarlos 
ineficaces no fueron tenidos en cuenta.
Se ha dicho al respecto que: "Los requisitos para la eficacia probatoria del testimonio 
son la conducencia del medio, la pertinencia del hecho objeto del testimonio, la utilidad del 
testimonio, 
ausencia de interés personal o familiar del testigo en el litigio sobre el hecho objeto de su testimonio, 
que 
no haya contradicciones graves con los testimonios de otras personas, que merezcan similar o 
mayor 
credibilidad y que lo dicho por el testigo no esté en contradicción con otras pruebas de mayor valor 
legal 
o de más fuerza de convicción" (Cfr. Cám. Apel. Noreste del Chubut, Sala Z, 19/11/03 López y otro 
c.Soler de Martínez y 
otro, LLPatagonia, 2004-553).  
Este fue el criterio de valoración asumido por la Magistrada de primer grado al 
desestimar los dichos de los Sres. Britez y Portillo, discernimiento al que adhiero en cuanto se 
observa que 
ambos testigos relataron la mecánica del hecho de modo tangencialmente diferente al explicado por 
los 
expertos en accidentología y tampoco se condicen con la entidad y la zona en la que se ubicaron 
los daños que 
presentó cada vehículo.
A ello resulta útil agregar que cuando un testigo no depuso en sede penal y recién 
comparece en el proceso civil, hecho que generalmente se da luego de transcurrido un importante 
período de 
tiempo, su testimonio deberá ser analizado más estrictamente por el juez, dado que deberá verificar 
si 
realmente presenció el hecho sobre el que declara y en su caso si sus dichos se condicen con los 
restantes 
datos obtenidos en la causa. 
Así se ha dicho: "Cuando se trata de un testigo que no ha prestado declaración en 
sede penal recién comparece en el proceso civil, es indudable que debe analizarse cuidadosamente 
tal 
circunstancia, pues se impone una gran circunspección en miras a verificar si realmente presenció el 
hecho sobre el cual depone, y si bien ello por sí sólo no es suficiente para invalidar sus dichos, la 
apreciación de su eficacia debe atender a las restantes circunstancias o motivos que corroboren o 
disminuyan la fuerza de su declaración". (Sumario N°19566 de la Base de Datos de la Secretaría de 
Jurisprudencia de la Cámara 
Civil Autos: PRASZEK Claudio Ernesto c/ GONZ-LEZ Federico Hernán s/ DAÑOS Y 
PERJUICIOS.- Magistrados: LIROSI, MOLTENI, POSSE 
SAGUIER. - Sala A. - Fecha: 24/09/2009 - Nro. Exp.: A529039, extraído del Lex Doctor  8.0)  
Nótese que si bien el Sr. Britez en su declaración de fs. 110/111del Expte. Nº 5764/17-
1-C, al dar respuesta a la primera repregunta afirmó que luego de producido el siniestro, se quedó a 
socorrer, lo 
cierto es que según el acta de constatación policial y secuestro glosada a fs. 2 y vta. del Expte. 
Penal Nº 
36126/2016-1, ésta fue firmada por el Sr. Héctor Gabriel Meza con domicilio en la ciudad de 
Resistencia, sin 
que se dejara constancia de la existencia de testigos presenciales en el lugar. 
De ahí que a la hora de evaluar los dichos del referido testigo deba hacérselo con mayor 
estrictez, puesto que no obstante haber afirmado que conocía a toda la familia de la víctima, incluso 
que fue 
compañero del colegio de su hermana Silvana actora en autos; que había salido junto con otros 
amigos desde la 
localidad de Tirol y se dirigían todos juntos hacia Resistencia para asistir a un festival en el Parque 
de la 
Democracia, no se comprende cómo si presenció tan luctuoso hecho y afirmó haberse quedado "a 
socorrer", no 
haya dado sus datos a la prevención policial para que lo citaran en caso de ser necesario su 
testimonio. Que el 
acta de constatación haya sido suscripta por una persona que se ignora si presenció o no el 
accidente o 
simplemente atestiguó respecto de los datos consignados en el acta y no por quien dice ser 
conocido de la  
familia de la víctima con quien se dirigía a disfrutar de un momento de esparcimiento. Súmese a ello 
que luego 
de que se anexara al expediente penal la pericia accidentológica, los actores no insistieron en 
ofrecer el 
testimonio de quienes acompañaban al joven Ayala a fin de que se continuara con la investigación 
penal del 
hecho y de esa manera evitar el archivo de las actuaciones, sin que se accediera a la verdad real 
de lo 
acontecido.
Sabido es que en la oportunidad de sentenciar, le corresponde al juez la crítica de la 
declaración, el grado de verosimilitud de los hechos narrados, su posible contradicción con los 
hechos 
normales, debiendo examinar además las posibles contradicciones en sus declaraciones o entre 
ellas y las de 
los otros testigos o de las partes. 
De conformidad con el sistema de la sana crítica, el juez apreciará la prueba de testigos 
de acuerdo con las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia, ya que no es posible 
enunciar normas 
abstractas de apreciación, será quien juzga el encargado de determinar en cada caso, el valor de 
los testimonios. 
(Conf. Roland Arazi La Prueba en el Proceso Civil, 3era Edición Act. Rubinzal - Culzoni Editores, 
págs. 260 y ss)
Ante este escenario, resulta acertada la decisión tomada por la Jueza pre-opinante al 
prescindir de la prueba testimonial de los Sres.  Britez y Portillo a la hora de determinar cuál fue la 
mecánica 
del hecho, toda vez que sus testimonios, además de detentar cierto subjetivismo en virtud de la 
relación de 
amistad o conocimiento que los unía con la víctima y su familia, aportaron datos que contrarían los 
datos 
objetivos obtenidos a través de las pericias, específicamente los concernientes a calidad de 
embistente/embestido, lugar de circulación de ambos rodados, área probable de impacto, daños 
provocados a 
los vehículos y ubicación de los mismos, etc. 
La versión dada por los testigos,  de que por delante de la demandada circulaba un 
ómnibus de larga distancia al que ésta pretendió sobrepasar, lo que motivó que al iniciar la maniobra 
de 
sobrepaso, virara hacia su izquierda por donde circulaba la motocicleta y la colisionara con su 
costado 
izquierdo, nunca fue corroborada con otros elementos. 
Otro extremo jamás demostrado fue la velocidad que llevaba el Renault Clio en los 
premomentos del impacto, la que los testigos afirman que era de unos 80 u 85 km/h (fs. 110 vta 
declaración de 
Angel Britez), empero ni siquiera los peritos pudieron determinar cuál era la velocidad de dicho 
rodado ya que 
no encontraron los datos necesarios como ser huellas de frenada o derrape  para poder calcularla. 
Lo que 
también hace dar por tierra a la versión dada por los demandantes y refuerza la valoración de las 
pruebas 
realizadas por la A-quo, debiendo en consecuencia desestimarse el agravio vertido en este punto.
Por otra parte, si todos los testigos afirmaron que pudieron ver al automóvil desplazarse 
por delante de ellos, e incluso que también lo hacía un colectivo de larga distancia, -aunque tal 
extremo jamás 
quedó acreditado-, y que el automóvil inició una maniobra hacia la izquierda para intentar sobrepasar 
al 
colectivo, y no obstante ello el joven Ayala, no frenó su marcha o ni siquiera intentó evitar impactar 
contra la 
parte trasera del automóvil, tal dato revela que  la motocicleta no guardó una distancia prudencial 
respecto del 
automóvil que la antecedía o bien , intentó efectuar una maniobra de adelantamiento sin contar con 
espacio y 
tiempos suficientes, o no prestó la debida atención a la circulación de su vehículo como de otros en 
la ruta. 
Y en el hipotético caso de que resultara cierto que la motocicleta se desplazaba por la 
izquierda del automóvil, el resultado de ser el agente embistente de éste en su parte trasera, hace 
pensar que no 
atinó advertir su presencia e intención de sobrepaso al automóvil, no obstante que se tratara de una 
autovía de 
dos carriles. Todo ello no hace más que reforzar que la causa del siniestro fue puesta en forma 
exclusiva por el 
conductor del rodado de menor porte.
2.- Otro de los ejes en los cuales los apelantes centran sus agravios, refiere a la 
consideración casi exclusiva por parte del Juez A-quo, de la pericia accidentológica realizada en el 
Expte. Nº 
5764/17-1- C (fs. 149/189)  que a su vez fue realizada tomando como antecedente el Informe 
Técnico Pericial 
Nº 1160/16 por el Gabinete Científico Judicial -Criminalística- que obra el Expte. Penal Nº 
36126/2016-1 y 
cuyas conclusiones convencieron al sentenciante acerca del modo en que pudo haber ocurrido el 
siniestro, sin 
merituar acabadamente lo informado por los testigos que depusieron en sede civil.
Respecto los impugnantes se limitan en el desarrollo de sus argumentos a discutir 
facultades propias del Tribunal, como es la relativa a la valoración de la prueba pericial técnica-
accidentológica. 
El escrito recursivo trasunta meras discrepancias con el mérito que de aquella se efectuara, 
oponiendo 
consideraciones propias derivadas de los referidos informes, bajo la pretensión de que son las 
únicas posibles, 
con lo que intenta desvirtuar las de los peritos accidentólogos, sin lograr su cometido, desde que no 
pone de 
manifiesto vicio alguno.
Una nueva compulsa de la pericia accidentológica glosada a fs. 149/189 del Expte. 
5764/17-1-C; de la pericia obrante en el Expte. Penal nº 36126/2016-1 y su confrontación con los 
demás 
elementos probatorios aportados a la causa, me convencen de que la valoración de tales pruebas 
realizada por la 
Juez pre-opinante, resulta suficientemente fundada y ajustada a las reglas de la sana crítica. Es que 
no se 
encuentran razones científicas suficientes que lleven a apartarse de las conclusiones a las que 
arribaron los Lic. 
Bled -por el Gabinete Científico del Poder Judicial- y el Lic. Máximo Ibañez ya en sede civil. Por el 
contrario 
ambas pericias son coincidentes entre sí a la hora de determinar la mecánica del hecho, muy por el 
contrario a 
lo sostenido -sin otro elemento que sus propios dichos- por los actores apelantes.
Al respecto, calificada doctrina nacional expone que el juez debe demostrar que el 
dictamen se halla reñido a principios lógicos o máximas de experiencia, o que existen en el proceso 
elementos 
probatorios de mayor eficacia para provocar la convicción acerca de la verdad de los hechos 
controvertidos. 
"En esta misma orientación se resolvió que el dictamen referido a cuestiones técnicas no puede 
enervarse 
por medio de otra prueba que no ofrezca las mismas garantías de idoneidad e imparcialidad que 
otorga 
la opinión de los peritos" (Conf. Roland Arazi "La Prueba en el Proceso Civil" 3era Edic. Act. 
Rubinzal Culzoni Editores, 
pag. 292 y ss). Y esta es la situación que precisamente no se dió en el caso de marras, toda vez 
que las 
conclusiones a las que arribaron en ambas pericias, resultaron suficientemente fundadas para ilustrar 
cómo 
ocurrió el hecho que desencadenó tan triste final. 
 No puede prescindirse al considerar las afirmaciones del perito, que las mismas las 
efectúa en base a su práctica y conocimientos técnicos, que configuran precisamente el 
fundamento de su 
designación y de su aporte, que debe considerarse desinteresado a la solución del proceso, y con 
ello en modo 
alguno se resigna la atribución de administrar justicia sino que, por el contrario es una manifestación 
de 
prudencia jurídica, cuando la pericia -con fuerza asertiva y soporte objetivo- lleva a una solución 
razonablemente fundada, no obstante a que -como en el caso- se le opongan testimoniales poco 
claras, 
contradictorias y poco precisas. Consecuentemente el agravio de los apelantes en este punto debe 
ser 
desestimado. 
Cabe destacar que en materia de proceso de daños y perjuicios la prueba pericial resulta 
de particular trascendencia.
Por ende, no habiendo podido ser desvirtuada la presunción legal que pesa contra la 
motocicleta por su carácter de embistente, mediante medio probatorio alguno, compartiendo la 
valoración de 
los hechos y pruebas que del caso hiciera la Jueza inferior, opino que de compartirse mi voto debe 
confirmarse 
la responsabilidad exclusiva atribuída al conductor de la motocicleta Sr. Eduardo Alfredo Ayala en el 
acaecimiento del siniestro que nos ocupa.
Siendo así propicio la confirmación de la sentencia de primera instancia. 
3.- COSTAS Y HONORARIOS DE ALZADA: Las costas en esta instancia, se imponen 
a los apelantes vencidos (art. 83 del CPCC) según el principio objetivo de la derrota y en la 
proporción que les 
corresponda conforme lo reclamado, regulándose los honorarios profesionales en base a los 
emolumentos 
fijados en primera instancia y pautas arancelarias proporcionadas por los arts. 5, 6, 7 y 11 (30%) de 
la ley 288-
C y en las sumas que se consignan más abajo. ASI VOTO.- 
VI.- A LA MISMA CUESTION LA DRA. WILMA SARA MARTINEZ, DIJO: Que en 
atención a los fundamentos fácticos y jurídicos expuestos por la Sra. Juez preopinante al analizar la 
cuestión 
sometida a consideración de este Tribunal y compartiendo las conclusiones a que arriba adhiere al 
voto 
precedente y emite el suyo en idéntico sentido. ASI VOTO.- 
Con lo que se dio por terminado el presente Acuerdo, dado y firmado por ante mí, 
Secretaria, que doy fe.- 

	Dra. WILMA SARA 
MARTINEZ			
	Dra. ELOISA ARACELI 
BARRETO
		JUEZ - SALA 
PRIMERA			
		
	  JUEZ - SALA PRIMERA
    CAMARA DE APELACIONES CIVIL Y COMERCIAL		      CAMARA DE 
APELACIONES CIVIL Y COMERCIAL

Dra. MARIA LUCIANA RAJOY URRUTIA
SECRETARIA - SALA PRIMERA
CAMARA DE APELACIONES CIVIL Y COMERCIAL

S E N T E N C I A
Resistencia,  05 de octubre de 2020.-			
		
	    Nº294./
Por los fundamentos fácticos y jurídicos expuestos en el Acuerdo que antecede, la Sala 
Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, 
RESUELVE: 
I.- CONFIRMAR la sentencia obrante a fs. 154/163 y vta. de estos autos y a fs. 314/323 
y vta del Expte. Nº 5764/17-1-C en todo cuanto ha sido materia de apelación.- 
II.- IMPONER las costas en la Alzada a los apelantes vencidos en la proporción que a 
cada uno le corresponda. REGULAR los honorarios profesionales del Dr. JUAN CESAR 
PENCHASKY 
como patrocinante en la suma de PESOS CIENTO NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA y 
CUATRO 
($109.494) y como apoderado en la de PESOS CUARENTA y TRES MIL SETECIENTOS 
NOVENTA y OCHO 
($43.798), por su labor en el Expte. Nº 5764/17-1-C. Para los Dres. NATALIA SOLEDAD RIOS 
ZEQUEIRA, MARIANO ZARAGOZA y CARLOS ALFONSO CERASUOLO en las sumas de PESOS 
VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA y NUEVE ($25.549,00) y PESOS DIEZ MIL 
DOSCIENTOS 
DIECINUEVE ($10.219) en el doble carácter de patrocinantes y apoderados respectivamente y para 
cada uno 
de ellos, emolumentos que son comprensivos de la labor desplegada en estos autos y en el Expte. 
Nº 5764/17-
1-C que corre por cuerda. Todo con más IVA si corresponde. 
III.- REGISTRESE, protocolícese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos al 
Juzgado de orígen.- Agréguese copia de la presente en la causa acumulada.-

	Dra. WILMA SARA 
MARTINEZ			
	Dra. ELOISA ARACELI 
BARRETO
		JUEZ - SALA 
PRIMERA			
		
	  JUEZ - SALA PRIMERA
    CAMARA DE APELACIONES CIVIL Y COMERCIAL		      CAMARA DE 
APELACIONES CIVIL Y COMERCIAL
 
---------------------------------------------------------------------------
Expte. N°: 6678/06-1-C    -Foja: 561/570- CARBONERAS S. H. C/
               EMCOVIAL Y/O MENDOZA, ANTONIO GERMAN Y/O QUIEN RESULTE 
RESPONSABLE 
               S/DAÑOS Y PERJUICIOS -
SENTENCIA DEFINITIVA OCTUBRE Nº 291 + FS.561/570
 
Nº 291/ En la ciudad de Resistencia, capital de la Provincia del Chaco, a los   dos (02) días del mes 
de octubre 
de dos mil veinte, reunidas en Acuerdo las Señoras Jueces de la Sala Primera de la Cámara de 
Apelaciones en lo 
Civil y Comercial, Dras. WILMA SARA MARTINEZ y ELOISA ARACELI BARRETO, toman en 
consideración para resolver en definitiva los autos caratulados: "CARBONERAS SH C/EMCOVIAL 
Y/O 
MENDOZA, ANTONIO GERMAN Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE S/DAÑOS Y 
PERJUICIOS", 
Expte. Nº 6.678/06-1-C, venidos en grado de apelación del Juzgado Civil y Comercial de la Quinta 
Nominación. 
Practicado el sorteo de orden de votación resultaron como Juez de primer y segundo 
voto, las Dras. ELOISA ARACELI BARRETO y WILMA SARA MARTINEZ  respectivamente.
	I. LA DRA. ELOISA ARACELI BARRETO DIJO: La relación de la causa efectuada 
por la Sra. Juez de primera instancia en la sentencia de fs. 471/479 y vta. se ajusta, en lo 
pertinente, a las 
constancias de autos, por lo que a fin de evitar repeticiones me remito a la misma. 
La decisión de primera instancia hace lugar a la demanda de daños y perjuicios promovida 
por Carboneras SH contra Antonio Germán Mendoza y Empresa Concesionaria Vial Sociedad 
Anónima y en 
consecuencia, condena a abonar,  dentro del término de diez días, la suma de $8.000,00; impone 
costas y regula 
los honorarios profesionales. 
Disconformes con la mencionada decisión, interponen recurso de apelación: 1) La parte 
demandada  Empresa Concesionaria Vial Sociedad Anónima a fs. 480,  contra la sentencia; el que 
resulta 
concedido libremente y con efecto suspensivo a fs. 510; a fs. 514/520 expresa agravios la parte 
apelante, cuyo 
traslado es contestado a fs. 522/524 y vta. por la apelada. 2) El perito accidentólogo Lic. Máximo 
Rubén 
Ibañéz, a fs. 535/537 contra los honorarios regulados a su favor, el que resulta concedido a fs. 538, 
en relación 
y con efecto suspensivo. El recurso obra fundado y no fue contestado. 
A fs. 541 se ordena la elevación de las actuaciones a la Alzada,  quedando radicadas a fs. 
545 en esta Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, notificándose 
electrónicamente 
a los interesados. A fs. 559 se llama autos, obrando en la foliatura siguiente el acta de sorteo que 
determina el 
orden de votación de las Sras. Magistradas intervinientes. 
LA DRA. WILMA SARA MARTINEZ DIJO: Que presta conformidad a la relación de 
causa efectuada precedentemente.
II. SEGUIDAMENTE: El Tribunal en la opinión coincidente de ambas magistradas, 
plantea como cuestiones a resolver: PRIMERA: si la sentencia de primera instancia debe ser 
confirmada, 
modificada o revocada. SEGUNDA: si los honorarios regulados a favor del Lic. Máximo Rubén 
Ibañez como 
perito accidentólogo son equitativos. 
III. A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, LA DRA.  ELOISA ARACELI 
BARRETO DIJO:
1.1. Agravia al recurrente que en la sentencia de primera instancia se haya tenido por 
acreditado el sustento siniestro sin sustento probatorio alguno.
Aduce que la sola referencia existente en el expediente penal, de que se identificó un 
animal, no es suficiente para condenar a su parte. 
Refiere que el sentenciante en ningún momento se cuestiona cómo se produjo el hecho y 
da por cierto todo lo expresado por la actora en su escrito de demanda. 
Alega que la causa penal no puede ser tomada como valor único, sin haber realizado el 
sentenciante un análisis mínimo al respecto.
Cuestiona la calificación efectuada por el sentenciante de grado respecto a la relación 
entre EMCOVIAL y el actor como de consumo, sea contractual o extracontractual y que haya 
imputado 
responsabilidad objetiva a su parte.
Dice que el juez a-quo ha omitido considerar los argumentos esgrimidos por su parte en 
relación a este punto.
Manifiesta que el sentenciante refiere genéricamente a la existencia de una relación de 
consumo sin brindar razones suficientes, ni referirse a qué se entiende por consumidor o por usuario, 
ni cual 
sería el producto o servicio en el caso, no especifica cuáles son las particularidades y 
características típicas de 
una relación que encuadre en la citada ley 24240 de Defensa al Consumidor.
Entiende que resulta su deber de fundar ello cuando su parte oportunamente detalló las 
particularidades de la relación entre el concesionario y el Estado; y entre concesionario y quienes 
circulan por 
los tramos concesionados  que nada tiene que ver con una relación de consumo.
Argumenta que la sentencia enuncia una serie de afirmaciones dogmáticas para concluir 
en una responsabilidad ultra-objetiva de la concecionaria y se limita a citar jurisprudencia sin entrar 
en el 
menor análisis.
Apunta sobre la existencia de una doctrina judicial que pretende encuadrar la relación 
entre el concesionario vial y quien circula por el camino concesionado en una relación de consumo, 
la que, a su 
entender desnaturaliza por completo la responsabilidad legal establecida en la codificación.
Señala que dicha postura deja entrever que existe una decisión (la del juzgador) de 
determinar que alguien necesariamente debe responder (el concesionario), extremando ello a tal 
punto que el 
actor ni siquiera debe esforzarse en determinar que iba conduciendo prudentemente ni denunciar al 
dueño del 
animal, ya que el concesionario sea como fuere responderá. Esta postura doctrinaria crea una 
responsabilidad 
para-legal, en tanto va mas allá de los límites fijados legalmente.
Afirma que en definitiva, los concesionarios se convierten en una suerte de aseguradores 
de riesgos que no se hallan bajo su control, responsables por extremos por los que legalmente no 
pueden 
responder al no contar con prerrogativas de poder público que les permitan ejercer la función que se 
les exige, 
con lo cual esta doctrina judicial no supera el test constitucional de razonabilidad.
Arguye que su parte ha expuesto oportunamente que en caso de que hubiera alguna 
responsabilidad, en ningún momento puede ser contractual, ya que no se ha celebrado ningún 
contrato entre la 
empresa y la actora, si existe un contrato, este se ha celebrado entre la concesionaria el el Estado 
pero en 
absoluto puede decirse que eso haga concluir que hay una relación contractual de consumo entre 
su parte y el 
actor.
Expresa que los concesionarios asumen frente al usuario el mismo papel que le 
corresponde a la administración concedente, en su calidad de delegado, de allí que la actividad 
continúe siendo 
objetivamente pública.
Que la responsabilidad por los daños sufridos por el usuario de una autopista en el uso de 
la misma es siempre extracontractual, sin importar si la autopista pertenece al Estado o a una 
empresa 
concesionaria, se cobre o no peaje por el uso de ella. Entiende que tal responsabilidad se origina 
cuando el 
evento sea reconocible como efecto a causa de un hecho ilícito.
Transcribe el trabajo Concesiones Viales. Relaciones Jurídicas (L.Ley, tomo 1995 -C, 
pags. 1165 y siguientes), por lo que concluye que la relación existente entre el concesionario y 
usuario es 
extracontractual y que el único responsable de los daños causados por los animales sueltos sería su 
dueño.
Entiende que si el daño fuera consecuencia directa del mal estado de las rutas deberá 
responder la concesionaria puesto que el contrato pone bajo su responsabilidad todas las medidas 
de seguridad 
inherentes a la explotación y si tales obligaciones son transgredidas o inobservadas su 
responsabilidad se vuelve 
ineludible, situación que a su entender no es concordante a este caso concreto.
Que del contrato de concesión no surge que la concesionaria haya asumido la obligación 
de cuidar animales de propiedad de terceros ni tampoco la obligación de constreñir a los propietarios 
de los 
fundos cercanos para cercar sus campos o mantener en debida forma sus alambrados. Transcribe 
jurisprudencia 
en apoyo a su postura.
Reconoce que la CSJN se ha pronunciado en el caso "Ferreyra" modificando su criterio 
anterior y se ha enrolado en la interpretación de éste tipo de casos como relación de consumo, pero 
que ocurre 
que se trata de un fallo que pone en evidencia la disparidad de opiniones de sus integrantes, ya que 
no hubo 
unanimidad ni coincidencia en los criterios de admisión del recurso, de modo que a su entender el 
fallo no 
tiene valor casatorio sobre las cuestiones introducidas a conocimiento de este Tribunal.
Indica la situación anterior al dictado de este fallo, toda vez que con otra integración, era 
doctrina reiterada y constante de la C.S.J.N. la tesitura de la responsabilidad extracontractual de la 
concesionaria, ajena al régimen del derecho de consumo; que ese carácter reiterado y coincidente 
de los fallos 
era el que exigía a los jueces su acatamiento, cuanto menos por razones de economía procesal o 
de orden 
moral, según doctrina de la propia C.S.J.N. que así los sostenía, fulminando de arbitrariedad los 
fallos que se 
apartaban injustificadamente con razones ya desechadas por el alto cuerpo de sus precedentes.
Que este fallo reciente de la C.S.J.N. modifica la situación, por un lado implica que si la 
misma C.S.J.N. no se siente vinculada por sus propios precedentes, tampoco lo estarán los jueces 
de grado, y 
por el otro, al tratarse de un fallo dividido a tal punto que aun los jueces de la C.S.J.N. que propician 
la 
responsabilidad contractual de la firma concesionaria y aplican normas del derecho de consumo, 
discrepan 
respecto a los alcances de esa obligación.
Insiste en el error jurídico que supone calificar el vínculo entre el usuario y el 
concesionario como contractual, como en insistir en la cuestión referida a la determinación racional y 
jurídica 
de los alcances de la obligación de seguridad que se atribuye a la concesionaria aunque se la 
juzgue como 
contractual.
Refiere que la doctrina del caso "Ferreyra" se desarrolló mejor posteriormente cuando la 
CSJN ejerció jurisdicción originaria en autos "Bianchi, Isabel del Carmen Pereyra de c. Provincia de 
Buenos 
Aires y otros (07/11/06, DJ 2006-3, 950 -RCyS 2006-XII, 50 - DJ 2007-1, 460, con nota de Carlos 
Ghersi; 
Celia Weingarten - LA LEY 13/03/2007, 7, con nota de Jorge Mario Galdós - RCyS 2007, 374, con 
nota de 
Ramón D. Pizarro -DJ 2007-2, 979, con nota de María Soledad Webb -JA 2007-I, 121) donde 
sostuvo que 
existiendo una relación contractual entre el concesionario de una ruta y el usuario aquel no asume 
una 
obligación de dar el uso y goce de una cosa, sino de prestar un servicio lo cual cobra relevancia 
porque hay una 
obligación nuclear del contrato, constituida por la prestación encaminada al mantenimiento de la ruta 
en todos 
sus aspectos, y también deberes colaterales con fundamento en la buena fe entre los cuales se 
encuentra el 
deber de seguridad que obliga al prestador a adoptar las medidas de prevención adecuadas a los 
concretos 
riesgos existentes en la ruta concesionada en tanto resulten previsibles.
Considera que la CSJN ha sentado criterio muy distinto al que intenta sostener el 
sentenciante en relación a la imprevisibilidad, pues pretender que su representada responda por la 
presencia de 
animales en la ruta y los accidentes que ellos ocasionan resulta a su entender absolutamente 
absurdo.
Dice que resulta irrazonable atribuir a su mandante la infracción de la prohibición de 
circulación de animales sueltos en la ruta pues la empresa concesionaria no es dueña ni guardiana 
de ellos ni 
tiene su detentación material para impedir que ingresen a la ruta.
Señala que si el ingreso del animal fue sorpresivo, -como lo expresa el actor-, y si el 
comportamiento propio de todo animal es la imprevisión, ni aún previendo tal posibilidad podría 
haberlo 
evitado.
Por otra parte, entiende que aún cuando el ingreso no fuera súbito, EMCOVIAL no tiene 
el poder de policía para proceder a secuestrarlos o disponer de ellos.
Resalta que, como enseña Cassagne, la doctrina critica la calificación del deber de 
seguridad del concesionario como de resultado por resultar tan desmedidamente amplia dado que 
así concebida 
la responsabilidad "bajo la invocación del derecho del consumo, se termina consagrando una 
responsabilidad 
ultra objetiva ... que no se compadece con las bases normativas del sistema, ni con la propia 
conceptuación de la 
obligación de seguridad que supone siempre necesariamente, una razonable determinación de sus 
alcances 
cualitativos y cuantitativos ligados por cierto al riesgo contractual, de los que se prescinde 
totalmente en el 
voto que analizamos".
Sostiene que en definitiva esa concepción sobre la relación de consumo conduce a 
postular una suerte de "seguro obligatorio" que obliga al concesionario a indemnizar a la víctima de 
un 
accidente más allá de lo que puede prevenir o evitar, lo cual resulta injusto además de constituir un 
riesgo 
adicional y sobreviniente no contemplado en la ecuación económica-financiera de la concesión.
Por lo demás, entiende que los arts. 42 de la Constitución Nacional y 5º y 6º de la Ley 
24.240 no tienen por función atribuir responsabilidad por algún título jurídico sino reiterar la regla de 
que las 
cosas y/o servicios contratados por usuarios o consumidores deben ser suministrados o prestados 
en forma tal 
que, utilizados en forma previsibles o normales de uso, no presenten peligro alguno para la salud e 
integridad 
física de los consumidores o usuarios, pero de su sola lectura no se infiere a qué título debe 
considerarse 
imputada la responsabilidad que resulte de un eventual acto dañoso por la prestación de un 
servicio.
Dice que no es lógica ni jurídicamente razonable que se exija a la firma concesionaria 
asegurar una indemnidad absoluta, ya que solamente puede garantizar una tarea diligente a la que 
está obligada 
por contrato.
Alega que cualquiera sea el criterio que se juzgue la naturaleza de la relación de la 
empresa concesionaria con quienes transitan por la ruta pagando el peaje, lo cierto es que no hay 
responsabilidad por el hecho de un tercero ajeno a ella o por los daños causados por la culpa de la 
misma 
víctima.
Efectúa consideraciones referidas a la obligación de seguridad como de medios y no de 
resultado cuando se trata de situaciones provocadas por acciones u omisiones de  terceros.
Expresa que se produce una intolerable violación al principio de igualdad ante la ley 
cuando se aplican parámetros distintos para juzgar el caso cuando se trata de condenar a 
EMCOVIAL o al 
conductor por entender que si éste último conducía en una ruta, sabe o debería saber de la posible 
presencia de 
animales sueltos, tal como se sostiene que EMCOVIAL debía saberlo. Agrega que si el hecho era 
previsible y 
evitable para EMCOVIAL también lo era para el conductor del vehículo porque no se trata de una 
circunstancia 
que exija conocimiento técnico específico o que resulte ajena al usuario de ésta ruta.
En tercer lugar se agravia de la arbitrariedad en la valoración de la prueba en tanto son 
muestra de las tareas que su representada realizó durante su concesión y que sin embargo el 
sentenciante 
expresó que no se han realizado tareas tendientes a evitar los hechos dañosos en la ruta objeto de 
su concesión.
Por último cuestiona la procedencia de los rubros daño emergente, enfatizando que su 
parte impugnó las dos pericias accidentológicas y mecánicas. 
1.2. A su turno, responde la contraria solicitando el rechazo del recurso por las 
consideraciones que expone, a las que me remito por razones de brevedad. 
2. Fijados los agravios, se encuentra fuera de controversia el accidente de circulación que 
motiva la pretensión de la parte actora, que ocurrió el día 6 de enero del año 2006, entre las 2 y 3 
horas 
apróximadamente, a la altura del km. 996 de la Ruta Nacional 11 (concesionada en ese entonces 
por la 
demandada apelante), y que fue protagonizado por el Sr. Daniel Brobroski, conductor del camión 
Volkswagen, 
dominio EKZ- 233 -y cuya propiedad pertenece a Carboneras SH- y un animal vacuno, cuyo dominio 
corresponde al codemandado Antonio Germán Mendoza. 
En este punto aclaro que si bien en la pieza recursiva se esgrimen agravios tendientes a 
cuestionar la existencia del hecho (v. fs. 514 vta., pto. IV y fs. 515, 1º párr.), no son de recibo desde 
que, al 
contestar la demanda, EMCOVIAL SA, admitió la existencia del siniestro al invocar como defensa 
que se debió 
a la culpa exclusiva del conductor del rodado accidentado, por llevar una excesiva velocidad, unida 
a la 
presencia de un animal suelto en la ruta (v. fs. 66/68). 
De manera que la hoy apelante no puede volver contra sus propios actos anteriores, 
plenamente eficaces, a fin de intentar modificar el modo en que se trabó la litis, una vez que la 
suerte del pleito 
le fue adversa, por elementales exigencias de buena fe, probidad y lealtad procesal (arts. 9 y 1067, 
Cód. Civil y 
Comercial; art. 6 CPCC). 
Se tiene dicho, en la misma senda, que: "La expresión de agravios no puede modificar 
las bases litigiosas concretadas en la primera instancia. Por ello,  no pueden introducirse nuevas 
articulaciones no alegadas oportunamente ni puede cambiarse la situación procesal asumida en 
primera 
instancia" (Loutayf Ranea, Roberto G., El recurso ordinario de apelación en el proceso civil, p. 177, 
t. 2, 
Astrea, 2º ed. act. y amp., Buenos Aires, 2009). 
En consecuencia, restan analizar los agravios traídos a consideración que refieren: al 
encuadre legal de la responsabilidad civil atribuída a la concesionaria demandada, y a la 
configuración de la 
eximente alegada, de acuerdo a las constancias probatorias de la causa. 
3. En punto al derecho aplicable, son aplicables las normas del Código Civil derogado -
que se encontraba vigente al momento de producirse el hecho dañoso generador del reclamo- y las 
que 
corresponden al denominado microsistema de tutela del consumidor y usuario, cuya reglas 
principales se 
encuentran en la ley 24.240. 
A propósito de lo último, constituye doctrina francamente mayoritaria en nuestro país 
que entre el usuario de una ruta concesionada y la empresa que tiene a su cargo esa obligación 
existe una 
relación de consumo por cuanto se encuentran presentes los elementos tipificantes esenciales de 
un vínculo 
jurídico de esa clase: proveedor (empresa que se dedica a obras y servicios de infraestructura vial), 
usuario y 
utilización de un servicio para consumo final.
La Corte Suprema ratificó esta testitura en diversos precedentes, donde destacó que: "el 
vínculo que se establece entre el concesionario de las rutas y los usuarios de las mismas es 
calificado 
como una relación de consumo en el derecho vigente" (Fallos: 329:4944). 
Del mismo modo esta Sala, en distintas ocasiones y con otra integración, tiene expresado 
que la relación jurídica trabada entre el concesionario y el usuario es de derecho privado, existiendo 
entre ellos 
un contrato de peaje, al que se lo suele identificar como locación de obra o como locación de 
servicio, siendo 
el peaje que el usuario paga al concesionario la contraprestación por el servicio asumido por éste 
(Sentencias 
Nº 69, 29-05-2006, Expte. Nº 16.900/05; Nº 31, 27-03-2008, Expte. Nº 18.771/06; Nº 243, 28-
11-/2008, 
Expte. Nº 19.733/07; Sent. Nº 91, 12-06-14, Expte. Nº 7.576/13; Sent. Nº 47, 07-05-15, Expte. Nº 
2.830/09-
1-C).   
De manera consustancial a lo precedente, se consideró en aquéllas oportunidades que la 
responsabilidad del concesionario se encuentra comprendida en las previsiones de la ley 24.240, de 
tutela de 
los consumidores y usuarios; en un pronunciamiento reciente se reiteraron esos principios (v. Sent. 
Nº 207, 
29-11-19, Expte. Nº 8.216/99-1-C). 
Corolario de esta calificación del vínculo jurídico entre las partes, es que el 
concesionario de la ruta, al asumir la prestación de un servicio, compromete además el deber de 
seguridad, que 
lo obliga a adoptar medidas que permitan la circulación sin riesgos para el usuario, esto es realizar 
una conducta 
adecuada para prevenir los riesgos concretos que existan en la ruta en tanto le resulten previsibles 
(art. 42, 
Constitución Nacional y art. 5, ley 24.240).
De manera aquiescente, se decidió en un pronunciamiento que: "El vínculo que se 
establece entre el concesionario y el usuario de una ruta de peaje es una relación contractual de 
derecho 
privado que hace nacer una obligación objetiva de seguridad a cargo del primero, que es de fuente 
constitucional (art. 42, Constitución Nacional) y legal (art. 5, Ley 24999; Ley 24240" (CNCiv. Sala K, 
"QBE 
Argentina ART S.A. vs. Autopistas Urbanas S.A. (AUSA) s. Cobro de sumas de dinero", 
27/11/2019; Rubinzal 
Online; RC J 2209/20). 
Que aquél deber de seguridad a cargo del proveedor, es determinado -según la 
nomenclatura propuesta por los hermanos Mazeaud y Tunc- o de resultado -según la terminología 
empleada por 
Demogue- también resulta una conclusión admitida por la mayoría de la doctrina argentina: "la 
obligación de 
seguridad así delineada tiene en todos los casos el carácter de un deber de resultado, pues la ley 
hace 
garantes a los proveedores de bienes y servicios de que las cosas y servicios que comercializan no 
dañen 
al consumidor. La mera presencia de un daño en el ámbito de la relación de consumo –naturalmente, 
por 
fuera de los que puedan ocasionarse mediante el incumplimiento de los deberes de prestación a 
cargo del 
proveedor– basta entonces para tener por incumplido este especial deber calificado, lo que obliga al 
proveedor a acreditar la existencia de una imposibilidad de cumplimiento objetiva y absoluta, 
causada 
por caso fortuito, para eximirse de responder" (v. por todos, Picasso, Sebastián, Requiem para la 
obligación 
de seguridad en el derecho común, RCCyC2015, 01-07-15, 146 y autores citados en nota nº 92).
De allí que, invocando el reclamante el incumplimiento del deber de seguridad mediante 
la acreditación del hecho dañoso, el concesionario sólo podrá eximirse demostrando que el perjuicio 
fue 
consecuencia de una causa ajena (art. 40, ley 24.240), o lo que es lo mismo, un caso fortuito (arts. 
513 y 514, 
Cód. Civil derogado). 
A tenor de lo expuesto cabe concluir que las discrepancias que el apelante exhibe en 
torno a las reglas legales aplicables al caso solo traducen su personal tesitura en torno a esta 
cuestión -la que 
resulta, desde luego, respetable- pero no alcanza para demostrar arbitrariedad o error en la 
aplicación del 
derecho en la decisión de grado, en la medida que éste traduce la postura adoptada por el máximo 
tribunal de la 
nación, tribunales inferiores y sector mayoritario de la doctrina argentina, más allá que pueda 
compartirse o no. 
A mayor abundamiento pongo de relieve que: "No cumple con los requisitos exigidos 
por el art. 265 del Cód. Procesal la expresión de agravios que se limita a discrepar con el criterio 
sustentado por el a quo y a formular una serie de generalidades y vaguedades sin referirlas a la 
prueba 
concreta producida en el expediente" (CNCiv., Sala A, 23-9-85, 548-SJ, ED, 117-639 cit. por 
Loutayf Ranea, 
ob. y t. cit., pág. 170) y también: "Si [el apelante] objeta la aplicación del derecho, debe demostrar 
que ha 
sido mal aplicado en la sentencia recurrida" (ídem, p. 168), extremo que no ocurre en la especie. 
4. Fijado lo que antecede, y en lo atinente a la culpa de la víctima invocada al contestar la 
demanda cabe señalar que, en rigor, la parte actora no es el conductor del rodado que protagonizó 
el hecho, sino 
la empresa propietaria de aquél bien -legitimación sustancial que fundamenta su reclamo- con lo que 
una 
correcta interpretación de los hechos impeditivos invocados por EMCOVIAL SA conduce a calificar 
su defensa 
como el hecho de un tercero, quien resultó ser, a la sazón, conductor del camión, Daniel Broboski 
(art. 179, 
inc. 6 CPCC). 
Por otra parte, la presencia del animal suelto en la ruta constituiría, en el contexto de la 
defensa esgrimida, un caso fortuito. 
En ambas hipótesis -hecho del tercero y caso fortuito- deben estar presentes los 
siguientes caracteres: inevitabilidad, irresistibilidad y ajenidad (doct. arg. arts. 513 y 524, Cód. Civil). 
De acuerdo a la defensa aanalizada, el conductor del camión se desplazaba a una excesiva 
velocidad (v. fs. 66, inciso A, primer párrafo). 
Este extremo luce esclarecido por las conclusiones contenidas en el dictamen pericial 
accidentológico del Lic. Máximo Rubén Ibañez, según el cual: "advierto la falta de indicios 
discriminados 
arriba, por lo que se torna imposible la determinación de una velocidad apróximada del móvil 
protagonista" (v. fs. 427). 
La conclusión precedente no luce impugnada por la parte demandada en su presentación 
de fs. 450, por lo que arriba exenta de crítica a esta instancia y resulta suficiente para rechazar la 
culpa que la 
demandada endilga al chofer Daniel Broboski en la producción del siniestro. 
Con respecto a la presencia del animal en la ruta, constituye un hecho previsible para la 
concesionaria vial, por cuanto es una circunstancia que normalmente ocurre; es decir, existe 
causalidad 
adecuada con el sindicado como responsable (art. 901, Cód. Civil derogado). 
La Corte Suprema tiene dicho, en ese sentido, que: "el supuesto particular de 
accidentes ocurridos con ocasión del paso de animales por rutas concesionadas, es claramente 
previsible 
para un prestador de servicios concesionados" (Fallos: 329:4944). 
Por añadidura, remarco las declaraciones testimoniales de Matías Tomás Costa, Lucas 
Sebastián Falcón, Germán Bond y Justo Germán Zeniquel que son coincidentes en probar que en el 
tramo de la 
ruta donde ocurrió el accidente es común ver animales sueltos provenientes de los fundos 
adyacentes (v. fs. 
137 bis. y vta., fs. 139 y vta., fs. 271/272 y vta. y fs. 274/275).
Si bien la defensa resalta, de una manera ciertamente abstracta y conjetural, el punto de 
que tal hecho previsible resulta inevitable para la empresa aún adoptando todos los medios de 
prevención y 
seguridad a su alcance -lo mismo resulta de las expresiones del testigo Bond en su respuesta quinta- 
lo cierto 
es que aún admitiendo esa conclusión, la presencia de animales sueltos en la ruta no es ajena a la 
actividad de la 
concesionaria de peaje, por lo que no puede ser calificada como un caso fortuito, al no concurrir los 
tres 
presupuestos antes señalados para eximir de responsabilidad al deudor. 
Señala Llambías que: "No hay caso fortuito si el hecho que obsta al cumplimiento se 
relaciona con la persona del deudor" (Llambías, Jorge Joaquín, comentario de los arts. 513/514, 
Código 
Civil anotado, p. 125,  t. II-A, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1979). 
Asimismo expresan Cazeaux y Trigo Represas, mencionando la teoría de Exner, que: 
"Para que se dé la situación de fuerza mayor, el evento dañoso debe originarse fuera del ámbito de 
la 
empresa, del negocio, de las actividades del deudor, debe irrumpir desde el exterior" (Cazeaux, 
Pedro N. y 
Trigo Represas, Félix A., Derecho de obligaciones, p. 503, t. 1, Librería Editorial Platense, 2º ed. 
aum. y act., 
La Plata, 1975). 
Desde esa óptica no puede seriamente sostenerse que la presencia de obstáculos sobre la 
calzada -como son los animales- constituye un acontecimiento externo para quien tiene 
precisamente a su 
cargo el deber de gaarantizar que el tránsito que se desarrolla sobre ese espacio físico no se vea 
obstaculizado 
o impedido por riesgos extraordinarios o distintos de los inherentes a la circulación vehicular; máxime 
cuando 
percibe una contraprestación a cambio de la ejecución de ese deber, el que debe ser prestado en 
condiciones 
adecuadas para llenar el fin para el que fue previsto (doct. arg. art. 625, Cód. Civil derogado). 
En conclusión, corresponde desestimar el recurso de apelación articulado en relación a 
la responsabilidad declarada en primera instancia. 
5. Daño emergente: La demandada cuestiona la admisión de esta partida, aduciendo que 
no se encuentra demostrado el perjuicio; sostiene que su parte impugnó las dos pericias 
accidentológicas y 
mecánicas, por cuanto los peritos no observaron el automóvil y se basaron en la constatación del 
expediente 
penal.
La objeción resulta inatendible desde que el elemento de convicción que tuvo en cuenta 
la magistrada de grado para fundar la admisión de este ítem del resarcimiento fue el acta de 
constatación 
obrante a fs. 2 del expediente penal Nº 1.663/06 -sustanciado a raíz del siniestro- y no las 
conclusiones 
periciales, por lo que este aspecto del recurso se encuentra desierto, al no contener una crítica 
razonada al 
fallo, dado que: "No constituye expresión de agravios el escrito que se limita a manifestar cuestiones 
que 
no fueron objeto de análisis por el sentenciante y de modo alguno incidieron en la resolución que lo 
agravia"  Loutayf Ranea, ob. y t. cit., pág. 169). 
Por otro lado, no estando cuestionado el monto, corresponde confirmar los alcances 
cuantitativos de la condena pronunciada. ASI VOTO. 
IV. A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA, LA DRA.  ELOISA ARACELI 
BARRETO DIJO:
1. El perito accidentólogo Lic. Máximo Rubén Ibañez cuestiona el monto de los 
honorarios fijados a su favor en el pronunciamiento de grado ($800,00). 
Considera que la regulación se encuentra en contradicción con la ley de honorarios de 
aplicación específica al caso, ya que la cuantía de los estipendios profesionales nunca puede ser 
menor al 
mínimo regulable establecido en el art. 27, ley 3.531. 
La norma cuya aplicación al caso pretende el apelante establece como pauta regulatoria 
que en toda clase de juicios contencioso en que el monto en disputa es inferior a cinco sueldos 
mínimos vital y 
móvil, el valor de los honorarios será hasta el 10% de ese monto. 
Al momento de dictarse la sentencia apelada, el monto al que ascendía un Salario Mínimo 
Vital y Móvil era de $5.588,00, por lo tanto el monto condenado ($8.000,00) era inferior a cinco 
sueldos 
mínimos vital y móvil, y en consecuencia, el valor del honorario profesional no podía superar el 10% 
de este 
último guarismo ($800,00), lo que permite advertir que la regulación efectuada en primera instancia, 
en sentido 
contrario a lo alegado, se ajusta a las previsiones de la ley 649-C (antes ley 3.531). 
Corresponde, por tanto, desestimar la apelación de fs. 535/537. 
2. COSTAS Y HONORARIOS DE ALZADA: Las costas en esta instancia se imponen 
del siguiente modo: 1) recurso de apelación de EMCOVIAL SA: a la parte apelante vencida, en 
virtud del 
principio objetivo de la derrota (art. 83 CPCC). 2) recurso de apelación del perito accidentólogo Lic. 
Máximo 
Rubén Ibañez: a su cargo, por resultar vencido (art. 83 CPCC).
La regulación de los honorarios de los profesionales se efectúa tomando las siguientes 
base el monto al que asciende un Salario Mínimo Vital y Móvil vigente ($16.875,00) atento que 
considerando 
el monto condenado ($8.000,00) actualizado desde la fecha del hecho a la de la presente al solo 
efecto 
regulatorio ($37.632,64), conjugado con el máximo de la escala prevista en el art. 5, ley 288-C (22%), 
no se 
alcanza a cubrir el minimo legal establecido en esta última norma; ese monto es conjugado con las 
pautas de los 
arts. 2, 6 (40%), 7 (70%) y 11 (50%), ley 288-C, lo que se refleja en las sumas establecidas en la parte 
resolutiva.  ASI VOTO.
V. A LAS MISMAS CUESTIONES LA DRA. WILMA SARA MARTINEZ DIJO: Que 
coincido con el análisis y consideraciones de hecho y derecho efectuadas precedentemente por la 
Sra. Juez 
preopinante, por lo que adhiero a sus conclusiones y voto en idéntico sentido.
No siendo para más, se da por terminado el presente Acuerdo, firmando las Señoras 
Juezas por ante mí, Secretaria Autorizante, que doy fe.

	 Dra. WILMA SARA MARTINEZ				Dra. ELOISA 
ARACELI BARRETO
		JUEZ - SALA PRIMERA					
	  JUEZ - SALA PRIMERA
     CAMARA DE APELACIONES CIVIL Y COMERCIAL		    CAMARA DE 
APELACIONES CIVIL Y COMERCIAL

Dra. MARIA LUCIANA RAJOY URRUTIA
SECRETARIA - SALA PRIMERA
CAMARA DE APELACIONES CIVIL Y COMERCIAL

S E N T E N C I A
Resistencia, 02  de octubre de 2020 						       
	   Nº 291/.
Por los fundamentos expuestos en el Acuerdo que antecede, la Sala Primera de la Cámara 
de Apelaciones en lo Civil y Comercial, 
RESUELVE:
I. CONFIRMAR la sentencia de primera instancia, obrante a fs. 471/479 y vta. en todo 
cuanto fuera materia de apelación, por los fundamentos dados. 
II. IMPONER las costas de Alzada del siguiente modo: 1) recurso de apelación de 
EMCOVIAL SA: a la parte apelante vencida, en virtud del principio objetivo de la derrota (art. 83 
CPCC). 2) 
recurso de apelación del perito accidentólogo Lic. Máximo Rubén Ibañez: a su cargo, por resultar 
vencido (art. 
83 CPCC). REGULAR los honorarios profesionales: Gabriel E. Esteban Valls en la suma de PESOS 
OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA y SIETE ($8.437,00) como patrocinante; José Molfino en 
la 
suma de PESOS TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA y CINCO ($3.375,00) como apoderado; Dr. 
Sergio 
López Pereyra en la suma de PESOS QUINIENTOS NOVENTA y UNO ($591) como patrocinante y 
en la 
suma de PESOS DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA y DOS ($2.362) como apoderado, y Dr. 
Mariano 
Guerrieri en la suma de PESOS CINCO MIL TRESCIENTOS QUINCE ($5.315) como patrocinante; 
Dr. 
Mario Roberto Contreras en la suma de PESOS CINCO MIL NOVECIENTOS SEIS ($5.906,00) como 
patrocinante. Todo con más IVA si correspondiere (arts. 2, 3, 5, 6, 7, 8 y 11, ley 288-C). Notifíquese 
a Caja 
Forense y cúmplase con los aportes de ley. 
III. REGISTRESE, protocolícese, notifíquese y oportunamente devuélvase.-

	 Dra. WILMA SARA MARTINEZ				Dra. ELOISA 
ARACELI BARRETO
		JUEZ - SALA PRIMERA					
	  JUEZ - SALA PRIMERA
     CAMARA DE APELACIONES CIVIL Y COMERCIAL		    CAMARA DE 
APELACIONES CIVIL Y COMERCIAL

A DESPACHO: 06/10/2020
CONSTE:
Dra. MARIA LUCIANA RAJOY URRUTIA
SECRETARIA - SALA PRIMERA
CAMARA DE APELACIONES CIVIL Y COMERCIAL
 
------------------------------------------------------
Expte. N°: 5066/18-1-C    -Foja: 262- CLAUDIANI, EDUARDO ARTURO Y
               CLAUDIANI, CARLOS EDUARDO C/ PROVINCIA DEL CHACO S/EJECUCION DE 
               SENTENCIA ART. 97 LEY 848 -
AL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA P/RECURSOS +FS.262
 
Resistencia, 05 de octubre de 2020.-  

Nº 130./
AL SEÑOR PRESIDENTE
DE LA SALA PRIMERA
EN LO CIVIL, COMERCIAL Y LABORAL
DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Dr. ROLANDO IGNACIO TOLEDO
S U    D E S P A C H O
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en los autos caratulados: "CLAUDIANI, EDUARDO 
ARTURO Y CLAUDIANI, CARLOS EDUARDO C/ PROVINCIA DEL CHACO S/ EJECUCION DE 
SENTENCIA ART. 97 LEY 848", Expte. Nº 5066/18-1-C, que se tramitan por ante esta Sala Primera 
de la 
Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, en virtud del recurso de Inconstitucionalidad 
interpuesto y 
fundamentado a fs. 224/246 por los Dres. Carlos Eduardo Claudiani y Eduardo Arturo Claudiani, con 
el 
patrocinio letrado de los Dres. Carlos Emiliano Claudiani y Luciana Claudiani, contra la Sentencia de 
fs. 
197/221 y vta.; el que fuera concedido a fs. 261 y vta..-
Los mismos constan de 262 fs. útiles distribuídas en dos (2) cuerpos.-
Sin otro particular, saludo a Ud. con distinguida consideración y respeto.-

Dra.  WILMA SARA MARTINEZ
PRESIDENTE - SALA PRIMERA
CAMARA DE APELACIONES  CIVIL Y COMERCIAL
(s)

A DESPACHO: 06/10/2020
CONSTE:
Dra. MARIA LUCIANA RAJOY URRUTIA
SECRETARIA - SALA PRIMERA
CAMARA DE APELACIONES CIVIL Y COMERCIAL
 
------------------------------------------------------
Expte. N°: 5066/18-1-C    -Foja: 261- CLAUDIANI, EDUARDO ARTURO Y
               CLAUDIANI, CARLOS EDUARDO C/ PROVINCIA DEL CHACO S/EJECUCION DE 
               SENTENCIA ART. 97 LEY 848 -
INTERLOCUTORIO OCTUBRE Nº 293 +FS.261
 
Resistencia, 05 de octubre de 2020.-				     Nº 293./
AUTOS Y VISTOS:
Para resolver en estos autos caratulados: "CLAUDIANI, EDUARDO ARTURO Y 
CLAUDIANI, CARLOS EDUARDO C/ PROVINCIA DEL CHACO S/ EJECUCION DE SENTENCIA 
ART. 97 LEY 848", Expediente Nº 5066/18-1-C, y
CONSIDERANDO:
Que a fs. 251/260 comparece la Procuradora Fiscal Mariana Inés Almirón, con el 
patrocinio letrado de la Fiscal de Estado Andrea Lorena Quevedo, en representación de la parte 
demandada, 
contestando el traslado conferido a fs. 248 y vta..-
Atento a que dicha contestación ha tenido concreción dentro de los plazos legales 
pertinentes y teniendo en cuenta que el remedio impetrado es contra una decisión que reviste el 
carácter de 
definitiva, conforme lo ya señalado a fs. 248 y vta., procede hacer lugar a su concesión (art. 27 Ley 
Nº 2021-B, 
antes Ley Nº 6997).-
Por todo lo expuesto, la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y 
Comercial,
R E S U E L V E:
I.- TENER a la parte demandada por contestado el traslado dispuesto en autos.-
II.- CONCEDER el recurso extraordinario de Inconstitucionalidad interpuesto por la 
parte actora a fs. 224/246, contra la Sentencia Nº 238, de fecha 31 de agosto de 2020, obrante a 
fs. 197/221 y 
vta.; debiendo elevarse las presentes actuaciones a la Sala Primera en lo Civil, Comercial y Laboral 
del Superior 
Tribunal de Justicia, a sus efectos.-
III.- REGISTRESE, protocolícese, notifíquese y oportunamente, elévense estas 
actuaciones, con atento oficio de estilo.-

	Dr. FERNANDO ADRIAN HEÑIN			        Dra. WILMA SARA 
MARTINEZ
		 JUEZ - SALA PRIMERA					
	 JUEZ - SALA PRIMERA
     CAMARA DE APELACIONES CIVIL Y COMERCIAL		    CAMARA DE 
APELACIONES CIVIL Y COMERCIAL
 
------------------------------------------------------
Expte. N°: 9958/99-1-C    -Foja: 321- DALTAC Y CIA S.R.L. C/
               CABRERA, VICTOR S/JUICIO EJECUTIVO -
constanciaonstancia
 
El mensaje se entregó el 02/10/20 a los siguientes destinatarios:

ELDA BEATRIZ DA DALT (mat2506@justiciachaco.gov.ar) <mailto:mat2506
@justiciachaco.gov.ar> 

Asunto: providencia dictada en expte. nro. 9958/99-1-c, "DALTAC Y CIA SRL C/CABRERA, 
VICTOR S/EJEC."

A DESPACHO: 06/10/2020
CONSTE:
Dra. MARIA LUCIANA RAJOY URRUTIA
SECRETARIA - SALA PRIMERA
CAMARA DE APELACIONES CIVIL Y COMERCIAL
 
------------------------------------------------------
Expte. N°: 4301/20-1-C    -Foja: 37- DRA. OLGA SUSANA LOCKETT,
               JUEZ CIVIL Y COMERCIAL Nº 20 E/A: "RUDAZ, ANDREA AYELEN C/ NUÑEZ, 
               YANINA MARISEL S/ SECUESTRO" EXPTE. Nº 3116/20 S/INCIDENTE DE 
               OPOSICION -
POR RECIBIDO CON EXPTE. SOLICITADO+fs.35/37
 
CORRESPONDE AL EXPEDIENTE Nº 4301/20-1-C. VAS
Resistencia, 05 de octubre de 2020.-
Por devuelto y cumplimentado con el oficio que consta librado a fs. 34, téngase presente 
y agréguese por cuerda floja el Expediente Nº 253/20, dejándose debida constancia por Secretaría. 
NOT.-

Dra. ELOISA ARACELI BARRETO
PRESIDENTE - SALA PRIMERA
CAMARA DE APELACIONES CIVIL Y COMERCIAL

NOTA DE SECRETARIA: Atento a lo ordenado precedentemente, procedo a agregar por cuerda 
floja el 
Expediente Nº 253/20, caratulado: "RUDAZ, ERNESTO ABEL S/ SUCESIÓN AB INTESTATO", 
con 63 
fs. útiles; que fuera remitido por la Mesa de Entradas de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial.- 
CONSTE.- SECRETARIA, 05 de octubre de 2020.-

Dra. MARIA LUCIANA RAJOY URRUTIA
SECRETARIA - SALA PRIMERA
CAMARA DE APELACIONES CIVIL Y COMERCIAL

A DESPACHO: 06 OCT 2020
CONSTE:
Dra. MARIA LUCIANA RAJOY URRUTIA
SECRETARIA - SALA PRIMERA
CAMARA DE APELACIONES CIVIL Y COMERCIAL
 
------------------------------------------------------
Expte. N°: 9655/09-1-C    -Foja: 366- FARIAS SOLIMANO, MARIA
               TERESA Y FARIAS SOLIMANO, ANIBAL MARTIN E/A: "SOLIMANO MOHANDO DE 
               FARIAS, MARIA SEVERA S/ SUCESORIO" EXPTE. 5147/07 S/INCIDENTE -
OFICIO requiriendo EXPTE. + fs.366
 
Resistencia, 02 de octubre de 2020.-  

Nº  129/
A LA SEÑORA JUEZ
DEL JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL
DE LA SEGUNDA NOMINACION
Dra. ANA MARIELA KASSOR
S     U                D   E   S   P   A   C   H   O.-
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en los autos caratulados: "FARIAS SOLIMANO, 
MARIA TERESA Y FARIAS SOLIMANO, ANIBAL MARTIN E/A: "SOLIMANO MOHANDO DE 
FARIAS, MARIA SEVERA S/ SUCESORIO" EXPTE. 5147/07 S/ INCIDENTE", Expediente Nº 
9655/09-
1-C, que se tramita por ante esta Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, a 
efectos 
de requerirle la remisión de los Expedientes Nº 5457/96, caratulado:  "FARIAS, ANTENOR S/ 
JUICIO 
SUCESORIO"; Nº 989/97 caratulado: "FARIAS SOLIMANO, ANTENOR Y FARIAS SOLIMANO, 
ANIBAL 
MARTIN S/ PROTECCION DE PERSONA DE MARIA S. S. M. DE FARIAS"; Nº 3076/97 
caratulado: 
"SOLIMANO MOHANDO DE FARIAS, MARIA S. S/ DECLARACION DE INCAPACIDAD"; Nº 
4656/97 
caratulado: "SOLIMANO MOHANDO DE FARIAS E/A: "FARIAS SOLIMANO, ANTENOR Y 
FARIAS 
SOLIMANO, ANIBAL S/ PROTECCION DE PERSONAS DE MARIA SEVERA SOLIMANO 
MOHANDO DE 
FARIAS", EXPTE. Nº 989/97 S/ INCIDENTE DE ADMINISTRACION"; Nº 9116/03 caratulado: 
"SOLIMANO 
MOHANDO DE FARIAS, MARIA SEVERA C/ FARIAS SOLIMANO, ANTENOR S/ DESALOJO", Nº 
5147/07 
caratulado: "SOLIMANO MOHANDO DE FARIAS, MARIA SEVERA S/ JUICIO SUCESORIO AB-
INTESTATO".-
Sin otro particular, saludo a Ud. con distinguida consideración.-
Dra. ELOISA ARACELI BARRETO
PRESIDENTE - SALA PRIMERA
CAMARA DE APELACIONES CIVIL Y COMERCIAL
(f)

A DESPACHO: 06/10/2020
CONSTE:
Dra. MARIA LUCIANA RAJOY URRUTIA
SECRETARIA - SALA PRIMERA
CAMARA DE APELACIONES CIVIL Y COMERCIAL
 
------------------------------------------------------
Expte. N°: 9655/09-1-C    -Foja: 365- FARIAS SOLIMANO, MARIA
               TERESA Y FARIAS SOLIMANO, ANIBAL MARTIN E/A: "SOLIMANO MOHANDO DE 
               FARIAS, MARIA SEVERA S/ SUCESORIO" EXPTE. 5147/07 S/INCIDENTE -
RADICACION SIMPLE PUB ELECT INTEGRADA ANTES PTE B(fs.365)
 
365
Dra. MARIA LUCIANA RAJOY URRUTIA
SECRETARIA - SALA PRIMERA
CAMARA DE APELACIONES CIVIL Y COMERCIAL
CORRESPONDE AL EXPEDIENTE Nº9655/09-1-C. FL.
Resistencia,  02 de octubre de 2020.-
Por devuelto y cumplimentado con lo ordenado por esta Alzada a fs. 355, téngase 
presente y atento lo dispuesto en Acordada Nº 1579/77, punto III, inc. b) del Superior Tribunal de 
Justicia y 
constancia de fojas 295, hágase saber a las partes que en la presente causa continuará 
entendiendo esta Sala 
Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial. Notifíquese en los domicilios 
electrónicos 
constituídos en la causa conforme lo dispuesto en el punto II de la Resolución Nº 560/20 del STJ. 
Habiéndose 
designado Juez Titular de esta Sala Primera a la suscripta, déjase sin efecto la integración de fs. 
340, y hágase 
saber a las partes.  Tómese razón por Secretaría Administrativa de esta Cámara y notifíquese a la 
Dra. María 
Teresa Varela en su público despacho. Se pone en conocimiento de los litigantes y/o profesionales 
que revisten 
la categoría de "sujetos alcanzados" según punto 1) del Anexo de la Resolución N 162/19 del 
25/02/19 dictada 
por el STJCH en relación a la Reglamentación de las notificaciones electrónicas por Publicación, en 
vigencia 
desde el 03/06/19 (Acuerdo N 3532 pto. 8 del STJ), que las notificaciones electrónicas se 
realizarán a través 
de las publicaciones que se efectúen en el Sistema de Control de Trámites Procesales y 
Notificaciones que se 
encuentra en la página oficial del Poder Judicial www.justiciachaco.gov.ar, quedando operada la 
notificación 
electrónica -hayan o no ingresado al sistema indicado- los días martes o viernes hábil siguiente al 
que estuvo 
publicada on line la resolución y/o acto procesal, excluyéndose éste del cómputo del plazo, el cual 
debe 
empezar al día siguiente hábil. Si el día de notificación fuere feriado, el conocimiento se entenderá 
producido 
en el siguiente martes o viernes hábil (puntos 2 y 3). Requiérase al Juzgado de Origen la remisión de 
los exptes. 
Nº5457/96; Nº989/97; Nº3076/97; Nº4656/97; Nº 9116/03; Nº5147/07 y Sobres "G" Nº 61/12 
"E" y Nº 
238/12 "E", librándose oficio a tal fin. NOT.-
Dra. ELOISA ARACELI BARRETO
PRESIDENTE - SALA PRIMERA
CAMARA DE APELACIONES CIVIL Y COMERCIAL
 
------------------------------------------------------
Expte. N°: 5764/17-1-C    -Foja: 353/362- GONZALEZ, NILDA MABEL Y
               AYALA, ALFREDO RAMON C/ MARTINEZ, VALENTINA Y/O LESCANO, FRANCISCO 
               ANTONIO PROPIETARIO DEL AUTOMOVIL DOMINIO AA-557-FP Y/O... 
               S/DAÑOS Y PERJUICIOS Y DAÑO MORAL POR ACCIDENTE DE TRANSITO -
DEFINITIVA OCTUBRE Nº 294 (fs.353/362)
 
Nº294/ En la ciudad de Resistencia, capital de la Provincia del Chaco, a los  cinco (05) del mes de 
octubre de 
dos mil veinte, se reúnen las Señoras Juezas de esta Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en 
lo Civil y 
Comercial, Dras. ELOISA ARACELI BARRETO y WILMA SARA MARTÍNEZ a efectos de tomar en 
consideración para resolver en definitiva en estos autos caratulados: "GONZALEZ, NILDA MABEL 
y 
AYALA ALFREDO RAMÓN C/ MARTINEZ VALENTINA Y/O LESCANO FRANCISCO ANTONIO 
PROPIETARIO del AUTOMÓVIL DOMINIO AA-557-FP y/o QUIEN RESULTE RESPONSABLE S/ 
DAÑOS Y PERJUICIOS Y DAÑO MORAL POR ACCIDENTE de TRANSITO", Expte Nº 5764/17-1-
C, y 
"AYALA, SILVANA ANABEL C/ MARTINEZ VALENTINA y/o LESCANO FRANCISCO ANTONIO 
PROPIETARIO del AUTOMOVIL DOMINIO AA-557-FP y/o QUIEN RESULTE RESPONSABLE S/ 
DAÑOS Y PERJUICIOS Y DAÑO MORAL POR ACCIDENTE DE TRANSITO" Expte Nº 5767/17-1-
C, 
venidos en grado de apelación del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la 
Séptima 
Nominación de esta ciudad. Practicado el sorteo del orden de votación resultó el siguiente: la Dra.
  ELOISA 
ARACELI BARRETO y la Dra.  WILMA SARA MARTINEZ, como Juezas de primer y segundo voto 
respectivamente. 
I.- RELACION DE LA CAUSA: LA DRA. ELOISA ARACELI BARRETO, DIJO: La 
efectuada por la Señora juez a-quo en la sentencia única glosada a fs. 154/163 y vta (Expte. Nº 
5767/17-1-C) y 
a fs. 314/323 y vta. (Expte. Nº 5764/17-1-C), se ajusta a las constancias de la causa, por lo que a 
fin de evitar 
repeticiones me remito a la misma. Contra dicho decisorio se alzan: 1) La parte actora Silvana 
Anabel Ayala a 
través de sus apoderados Dres. Natalia Soledad Rios Zequeira, Mariano Zaragoza y Carlos Alfonso 
Cerasuolo 
quienes lo hacen en su carácter de patrocinantes y a fs. 167/170 del Expte. Nº 5767/17-1-C apelan 
y expresan 
agravios, recurso que fue concedido a fs. 182 libremente y con efecto suspensivo, corriendo 
traslado a la 
contraria por el término de ley. A fs. 183 al no haber contestado la demandada el traslado de los 
agravios se le 
da por decaído el derecho dejado de usar, ordenándose elevar las actuaciones a la Alzada. 
Recepcionada la 
misma a fs. 187 quedó radicada por ante esta Sala Primera quedando notificadas las partes de 
conformidad con 
lo dispuesto por la Resolución del STJCH Nº 162/19 para notificaciones electrónicas. A fs. 188 se 
llamaron 
Autos, practicándose el respectivo sorteo del orden de votación cuya constancia obra a fs. 189. 2) 
Los actores 
Sres. Alfredo Ayala y Nilda González a través de sus apoderados Dres. Natalia Soledad Rios 
Zequeira, 
Mariano Zaragoza y Carlos Alfonso Cerasuolo, quienes también actúan como patrocinantes y que a 
fs. 328/331 
del Expte. Nº 5764/17-1-C apelan y expresan agravios, recurso que fue concedido a fs. 339 
libremente y con 
efecto suspensivo, corriendo traslado a la contraria por el término de ley. A fs. 340/345 obra 
contestación de la 
demandada a través de su apoderado Dr. Juan César Penchasky. A fs. 346 y vta. se ordena elevar 
las actuaciones 
a la Alzada, las que recepcionadas a fs. 350 quedaron radicadas por ante esta Sala Primera 
notificándose las 
partes de conformidad con lo dispuesto por la Resolución del STJCH Nº 162/19 para notificaciones 
electrónicas. A fs. 351 se llamaron Autos, practicándose el respectivo sorteo del orden de votación 
cuya 
constancia obra a fs. 352.
LA DRA. WILMA SARA MARTÍNEZ DIJO: Que presta conformidad a la relación de 
causa efectuada precedentemente.
II.- SEGUIDAMENTE: El Tribunal en la opinión coincidente de sus integrantes plantea 
como  única cuestión a resolver la siguiente: ¿La Sentencia de Primera Instancia debe ser 
confirmada o 
revocada?.-
III.- A LA CUESTION PLANTEADA LA DRA. ELOISA ARACELI BARRETO, 
DIJO:
1.-  La sentencia única de primera instancia recaída a fs. 154/163 y vta. del Expte. Nº 
5767/17-1-C y fs. 314/323 y vta. del Expte. Nº 5764/17 desestimó las pretensiones indemnizatorias 
de daños y 
perjuicios promovida por los Sres. Nilda Mabel González y Alfredo Ramón Ayala (Expte. Nº 5764/17) 
y de la 
Srta. Silvana Anabel Ayala (Expte. Nº 5767/17) a consecuencia del fallecimiento del Sr. Eduardo 
Alfredo 
Ayala, hijo y hermano respectivamente de los actores ocurrido a consecuencia de un accidente de 
tránsito que 
protagonizara con la Sra. Valentina Martínez en la Ruta Nacional Nº 16, km 17 aprox.; por entender 
que medió 
culpa exclusiva de la víctima en la ocurrencia del siniestro vial. Impone la totalidad de las costas a 
los actores 
perdidosos en cada una de las causas acumuladas y regula honorarios.
2.- Contra lo resuelto se alzan: los actores  Nilda Mabel González, Alfredo Ramón Ayala 
y Silvana Anabel Ayala a través de los mismos apoderados y expresan agravios a fs. 328/331 
(Expte. Nº 
5764/17-1C) y a fs. 167/170 (Expte. Nº 5767/17-1-C), en idénticos términos. 
Agravios.
Se agravian por la conclusión a la que arribó la Magistrada de grado en cuanto a que el 
área de conflicto máximo entre ambos rodados intervinientes se materializa en la parte central de la 
calzada, no 
pudiendo precisarse si lo fue en la vía izquierda o derecha. Afirman que tal resolución resulta 
arbitraria por 
contradecirse con las constancias de la causa, de las que resulta que la motocicleta se desplazaba 
por la banda 
izquierda del carril descendente de la ruta Nº 16, y en el mismo sentido, pero por la banda derecha 
lo hacía el 
Renault Clío, arribando a que la invasión incipiente del rodado de mayor porte a la banda izquierda, 
se produjo 
inexorablemente desde la banda derecha donde se desplazaba originariamente.
Que tales datos surgen del croquis obrante a fs. 21 del  Expte. nº 36126/2016-1 del 
Gabinete Judicial-Criminalística, glosado a autos, el que señala el derrotero de ambos rodados en los 
premomentos de la colisión, dato que queda ratificado con las posiciones finales adoptadas por 
ambos rodados.
Que también lo establecen los dichos de los testigos Angel Britez (fs. 110/111) y 
Cristian Portillo (fs. 116/117) quienes coinciden en afirmar que el Renault Clío iba detrás de un 
colectivo de 
larga distancia por la mano lenta (banda derecha) y la motocicleta por la mano rápida (banda 
izquierda), 
agregando que tales testigos no fueron cuestionados por la contraria y que los mismos se 
encontraban en el 
lugar y momento del hecho.
Aseguran que en sus dichos fueron contundentes en describir el lugar por el que 
circulaban los vehículos en los instancias previas al hecho, determinando que la moto circulaba por 
el carril 
izquierdo y el automóvil por el derecho, que luego  cambia su avance y se tira para el lado izquierdo 
por el que 
circulaba la moto.
Que con tal dato se corrobora que el automóvil se encuentra dañado no sólo en la parte 
trasera sino en el costado lateral izquierdo, interpretando que los daños allí constatados, denotan de 
forma 
acabada que la moto no podía físicamente encontrarse detrás del mismo y embestirlo en la parte 
trasera, dado 
que de ese modo habría salido despedida y no podría haber dañado el lado izquierdo hasta la parte 
delantera del 
automóvil, remitiéndose a las fotografías tomadas por criminalística.
De allí consideran que el auto encontrándose en posición de cambio de carril resulta 
embestidor o embestido por la moto y por ello se verifican daños hasta en el espejo retrovisor 
delantero 
izquierdo del mismo.
Se agravian por la falta de valoración de los testimonios de las personas que observaron y 
declararon cuál era la posición de los vehículos en forma previa al siniestro. Al respecto destacan 
de los Sres. 
Angel Britez y Cristian Portillo dijeron que repararon cómo ocurrió el hecho puntualmente y que se 
encontraban a unos 35 o 45 mts. de los vehículos que protagonizaron el siniestro, -la que resulta ser 
una 
mínima distancia para una ruta-,  y que circulaban detrás de la moto que sufrió el accidente. Que a 
pesar de que 
tales testigos dieron detalles de lo ocurrido y no se mostraron dubitativos en sus dichos, resultaron 
minimizados y no fueron tenidos en cuenta por la Juez de primera instancia.
Reiteran que concluir de forma contraria a la propuesta por su parte importaría 
desnaturalizar la verdadera etiología del siniestro, en tanto que fue el Renault Clio mediante 
maniobra de giro a 
la izquierda, que se introdujo desde la banda derecha por la que se desplazaba hacia la izquierda 
por la que 
transitaba la motocicleta, remitiéndose al croquis planimétrico de la pericia en el que se observa el 
desplazamiento del automóvil sobre el carril izquierdo por unos 20 centímetros. 
De allí concluyen que fue la demandada quien introdujo el factor de riesgo en el 
entramado vial al desplazarse intempestivamente -y sin efectuar señal lumínica o sonora alguna-, de 
una banda 
hacia la otra por la que transitaba la moto, poniendo la causa eficiente, exclusiva  y excluyente en la 
generación 
del siniestro.
Sostienen que resulta ilógica la mecánica del siniestro tal como fue determinada por la 
A-quo, ya que de haber impactado la motocicleta contra la parte trasera del automóvil a una 
velocidad promedio 
de 50 km/hora, ésta hubiera caído y no podría haber proseguido su marcha dañando el lateral 
izquierdo del 
automóvil hasta alcanzar el espejo retrovisor que se encuentra en la parte anterior del mismo. 
 Que pese a que se requirieron explicaciones al perito que intervino en autos, éste no 
hizo ninguna aclaración de su dictamen, remitiéndose a las conclusiones a las que había arribado 
en oportunidad 
de producirlo, las que se contradicen con lo que los testigos vieron en la oportunidad de la 
ocurrencia del 
accidente, esto es que el auto estaba inclinado hacia la izquierda unos 15 o 30 grados como 
cambiando de 
carril, lo que justifica los daños impresos en su parte lateral izquierda hasta su parte trasera. 
Se quejan por la adhesión prestada por la Juez A-quo al dictamen del Fiscal Penal en 
cuanto a que fue el accionar de la propia víctima el causante de la colisión que le costó la vida y en 
base a ello 
desestimó la demanda; haciendo observar que el Fiscal omitió tomar declaración a los testigos 
presenciales 
ofrecidos por su parte y ordenó el archivo de las actuaciones. Reiteran a continuación su versión de 
cómo 
aconteció el siniestro dañoso y concluyen que el informe pericial accidentológico corrobora su 
postulación 
sobre la etiología del mismo en los siguientes puntos: a) la motocicleta se desplazaba por la 
izquierda del 
automóvil el que a su vez circulaba detrás de un ómnibus de larga distancia; b) el automóvil se 
introdujo en la 
banda izquierda de la autovía por la que transitaba la motocicleta generando el contacto físico 
entre ambos 
rodados; c) el agente activo del siniestro resultó ser el Renault Clío y el pasivo la Motocicleta 
Honda; d) que la 
causa generadora del hecho por parte del automóvil surge de la etiología del accidente, 
características del lugar 
-amplitud de la vía, visibilidad, iluminación, etc-, la localización de los daños en ambos vehículos, las 
trayectorias anteriores y posteriores, maniobras y demás circunstancias. 
Agregan que la velocidad que animaba al Renault Clío no permitió su control adecuado 
por parte del conductor, ya que si bien no pudo ser determinada en forma exacta, el dato de que el 
automóvil se 
estacione a unos 107 mts del lugar del impacto, da una idea de que la misma resultó elevada. 
Alegan que cabe desestimar la culpa asignada a la víctima en la producción del siniestro 
ya que la misma no resultó acreditada y se encontraba a cargo de la demandada acreditarla. 
Se quejan por haberse asignado la calidad de embistente a la motocicleta y la de 
embestido al automóvil, reiterando apreciaciones hechas anteriormente y peticionando se asigne la 
exclusiva y 
excluyente culpa y responsabilidad en la producción del evento a la parte demandada.  
Asimismo les agravia la imposición de costas, peticionando sean impuestas a la contraria 
y peticionando en subsidio de que de entenderse que en el caso existió culpa concurrente, se 
asigne el 80 % a la 
demandada y/o lo que en más o en menos resulte del criterio de esta Alzada. Hacen reserva de los 
recursos 
extraordinarios local y federal y finalizan con petitorio de rigor.
A su turno el Dr. Juan César Penchasky en su contestación de fs. 340/345 del Expte. Nº 
5764/17, peticiona la desestimación del recurso solicitando se confirme la sentencia recaída en 
autos, por 
entender que la versión dada por los actores apelantes no se compadece con la realidad de los 
hechos ni con las 
constancias de la causa, acude para ello al informe del Gabinete Científico del Poder Judicial 
glosado en el 
Expte. Penal nº 36126/16  que determina la  imposibilidad de ubicar el punto máximo de conflicto en 
el lado 
izquierdo o derecho del carril de circulación de ambos rodados y la calidad de embistente de la 
motocicleta, 
conforme con los daños impresos en el automóvil. 
Entiende que los testimonios vertidos en autos fueron debidamente analizados por la A-
quo, quien los estimó ineficaces e inidóneos para controvertir los informes técnicos obrante en la 
causa los 
que demostraron cuál fue la mecánica del hecho que no es la que fue relatada en el escrito de 
demanda. Con 
ello concluye que los aportes de los testigos no resultaron minimizados como aseveran los actores, 
sino que 
fueron descartados por la sentenciante, previo análisis de sus dichos y conforme las razones dadas 
en los 
considerandos del fallo impugnado.
Enfatiza que el a-quo se fundó en las pruebas y principios que determinan la mecánica del 
evento.
IV.- Pasando al examen de los recursos, siendo que las causas acumuladas refieren al 
mismo hecho, corresponde analizar en forma conjunta la cuestión atinente a la responsabilidad civil 
de la 
demandada, único aspecto a tratar.
Recordemos que los reclamos indemnizatorios se suscitan a raíz del accidente de 
tránsito ocurrido el día 16/10/16 sobre la Ruta Nacional Nº 16 - altura km 16,4 aprox.- el que 
produjo el 
deceso del Sr. Eduardo Alfredo Ayala, hijo de los Sres. Nilda Gonzalez y Alfredo Ayala y hermano de 
Silvana 
Ayala, respectivamente. 
En la versión de los accionantes, el evento se produjo por exclusiva culpa de la 
demandada, por ser quien guiaba el vehículo que embistió a la motocicleta con su lateral izquierdo 
al intentar 
una maniobra de sobrepaso a un ómnibus de larga distancia que circulaba por delante de ésta. 
Luego, la 
obligación de responder de tipo objetiva de la demandada prevista por los arts. 1757 y 1769 del 
CCyC  deviene 
de su condición de conductora del vehículo protagonista del hecho y respecto del Sr. Francisco 
Antonio 
Lescano en su calidad de propietario del mismo.
A su vez, la demandada considera que el único responsable es la víctima debido a su 
conducta temeraria y riesgosa, que previo a colisionar contra la parte trasera izquierda de su 
automóvil, superó 
por la mano derecha al automóvil que circulaba inmediatamente detrás del suyo, cruzó por delante 
del mismo e 
intentó superar a su automóvil por el lado izquierdo, al que embistió cuando ambos vehículos se 
encontraban en 
la parte central de la calzada, en proximidad a la banda media de delimitación. 
Asimismo sostuvo que circulaba conforme a derecho y que en ningún momento intentó la 
maniobra descripta en la demanda -cambiar de carril para superar a otro vehículo-, desde la mano 
derecha hacia 
la izquierda, resultándole imposible preveer el obrar inesperado e imperito de parte del motociclista, 
quien por 
distracción o por un error de cálculo terminó colisionando contra su automóvil.
Así la Juez de sentencia termina concluyendo a partir del análisis de las pruebas, 
particularmente la mecánica del hecho descripta en las pericias accidentológicas obrantes en el 
Expte. Penal Nº 
36126/2016-1 y la faccionada a fs. 149/189 del Expte. Nº 5764/17, tener por cierta la versión de 
los hechos 
brindada por los demandados y tercera citada en garantía, rechazando la demanda incoada por los 
actores.
V.- Adelanto desde ya que la ausencia de responsabilidad civil de la Sra. Valentina 
Martínez, conductora del vehículo embestido  y con ello su exención de resarcir a la víctima por ser 
ésta quien 
puso la causa generadora del siniestro, a mi criterio fue correctamente juzgada por el Tribunal de 
grado.
Considero que para que la conducta de la víctima exculpe total o parcialmente al autor 
material del hecho productor del perjuicio, debe poseer relación de causalidad adecuada con dichos 
efectos 
dañosos. La culpa de la víctima que rompe el nexo de causalidad entre la actividad dañosa y el 
perjuicio en los 
términos del art. 1757 del CCyC, debe aparecer como la única causa del daño cuyo resarcimiento es 
reclamado, y en el caso de marras dicho extremo ha quedado plenamente acreditado. (Cfr. Sent. 
única Nº 49 del 
16/03/17 en Exptes. Nº 5093/04-1-C, Nº 2348/07-1-C y Nº 2350/07-1-C, de esta Sala con 
integración de una de las suscriptas). 
1.- La parte actora se agravia principalmente por la valoración de la prueba realizada por 
la Juez A-quo, en tanto tomó algunas pruebas recolectadas, fundamentalmente en el Expte. Penal y 
desechó 
particularmente los testimonios de quienes aseveraron haber presenciado el hecho siniestral porque 
se 
desplazaban metros más atrás del joven Ayala, ya que se dirigían juntos hacia la ciudad de 
Resistencia a 
participar de un festival en el Parque de la Democracia. 
Cabe decir que la valoración o apreciación de la prueba judicial, según Hernando Devis 
Echandía (Compendio de la Prueba Judicial, Tomo I, Rubinzal - Culzoni Editores, pag. 141 y ss),  es 
entendida como la 
operación mental que tiene por fin conocer el mérito o valor de convicción que pueda deducirse de 
su 
contenido. Dicha actividad procesal es exclusiva del juez, ya que las partes o sus colaboradores 
tienen 
únicamente una función de colaboradores, cuando presentan sus puntos de vista en alegaciones o 
memoriales. 
Es el momento culminante y decisivo de la actividad probatoria, ya que define si esa prueba cumple 
o no el fin 
procesal a que estaba destinada, de llevarle la convicción al juez, de ahí su importancia. Gracias a 
la valoración 
podrá saber el juez si, en el proceso, la prueba ha cumplido su fin propio, si su resultado 
corresponde o no a su 
fin. 
Agrega el autor citado que el juez debe percibir los hechos a través de los medios de 
prueba, pero luego es indispensable que proceda a la representación o reconstrucción histórica de 
ellos, no ya 
separadamente sino en su conjunto, poniendo cuidado para que no queden lagunas u omisiones 
que trastoquen la 
realidad o la hagan cambiar de significado. Esta representación o reconstrucción puede hacerse 
respecto de 
algunos de los hechos por la vía directa de la percepción u observación, pero a muchos otros se 
llega 
indirectamente, por la vía de la inducción o deducción, es decir, infiriéndolos de otros hechos.
Una lectura minuciosa de la sentencia aquí cuestionada, da cuenta que la Jueza 
sentenciante luego de efectuar el relato de los hechos, determinar su encuadre legal y describir las 
pruebas 
recolectadas tanto en sede civil como penal, efectuó el análisis de cada una de ellas y los 
elementos que las 
mismas aportaban para la dilucidación del pleito. Enunció además cuáles de dichas probanzas, 
interpretadas y 
confrontadas entre sí, lograron representarle de la manera más aproximada, que lo que ocurrió el día 
del 
siniestro vial investigado fue lo relatado por la demandada y tercera citada en garantía. 
Analizó los dichos de los testigos Britez (fs. 110/111) y Portillo (fs. 116/117) para 
luego restarles eficacia, ya que el primero de ellos incurrió en contradicciones con lo informado por la 
División Criminalística en cuanto al carácter de embistente/embestido que revistieron ambos 
vehículos y la 
ubicación de los daños. Respecto del Sr. Portillo entendió que sus dichos no aportaban convicción 
alguna al 
relato que efectuara sobre la mecánica del accidente dado que reconoció venir circulando a unos 
50 a 70 mts. 
de distancia de la víctima y que desde esa posición y en honorario nocturno, resultaba poco creíble 
que haya 
podido apreciar cómo se produjo el accidente. Además descartó el testimonio del Sr. Barrientos (fs. 
120/121) 
en tanto éste admitió no haber visto el accidente. 
Por lo tanto el agravio referido a la falta de valoración de la A-quo de los dichos de los 
testigos, no trasunta más que la disconformidad de los apelantes con el criterio adoptado por la 
sentenciante a 
la hora de apreciar los datos aportados por éstos para la dilucidación del hecho, los que por 
considerarlos 
ineficaces no fueron tenidos en cuenta.
Se ha dicho al respecto que: "Los requisitos para la eficacia probatoria del testimonio 
son la conducencia del medio, la pertinencia del hecho objeto del testimonio, la utilidad del 
testimonio, 
ausencia de interés personal o familiar del testigo en el litigio sobre el hecho objeto de su testimonio, 
que 
no haya contradicciones graves con los testimonios de otras personas, que merezcan similar o 
mayor 
credibilidad y que lo dicho por el testigo no esté en contradicción con otras pruebas de mayor valor 
legal 
o de más fuerza de convicción" (Cfr. Cám. Apel. Noreste del Chubut, Sala Z, 19/11/03 López y otro 
c.Soler de Martínez y 
otro, LLPatagonia, 2004-553).  
Este fue el criterio de valoración asumido por la Magistrada de primer grado al 
desestimar los dichos de los Sres. Britez y Portillo, discernimiento al que adhiero en cuanto se 
observa que 
ambos testigos relataron la mecánica del hecho de modo tangencialmente diferente al explicado por 
los 
expertos en accidentología y tampoco se condicen con la entidad y la zona en la que se ubicaron 
los daños que 
presentó cada vehículo.
A ello resulta útil agregar que cuando un testigo no depuso en sede penal y recién 
comparece en el proceso civil, hecho que generalmente se da luego de transcurrido un importante 
período de 
tiempo, su testimonio deberá ser analizado más estrictamente por el juez, dado que deberá verificar 
si 
realmente presenció el hecho sobre el que declara y en su caso si sus dichos se condicen con los 
restantes 
datos obtenidos en la causa. 
Así se ha dicho: "Cuando se trata de un testigo que no ha prestado declaración en 
sede penal recién comparece en el proceso civil, es indudable que debe analizarse cuidadosamente 
tal 
circunstancia, pues se impone una gran circunspección en miras a verificar si realmente presenció el 
hecho sobre el cual depone, y si bien ello por sí sólo no es suficiente para invalidar sus dichos, la 
apreciación de su eficacia debe atender a las restantes circunstancias o motivos que corroboren o 
disminuyan la fuerza de su declaración". (Sumario N°19566 de la Base de Datos de la Secretaría de 
Jurisprudencia de la Cámara 
Civil Autos: PRASZEK Claudio Ernesto c/ GONZ-LEZ Federico Hernán s/ DAÑOS Y 
PERJUICIOS.- Magistrados: LIROSI, MOLTENI, POSSE 
SAGUIER. - Sala A. - Fecha: 24/09/2009 - Nro. Exp.: A529039, extraído del Lex Doctor  8.0)  
Nótese que si bien el Sr. Britez en su declaración de fs. 110/111del Expte. Nº 5764/17-
1-C, al dar respuesta a la primera repregunta afirmó que luego de producido el siniestro, se quedó a 
socorrer, lo 
cierto es que según el acta de constatación policial y secuestro glosada a fs. 2 y vta. del Expte. 
Penal Nº 
36126/2016-1, ésta fue firmada por el Sr. Héctor Gabriel Meza con domicilio en la ciudad de 
Resistencia, sin 
que se dejara constancia de la existencia de testigos presenciales en el lugar. 
De ahí que a la hora de evaluar los dichos del referido testigo deba hacérselo con mayor 
estrictez, puesto que no obstante haber afirmado que conocía a toda la familia de la víctima, incluso 
que fue 
compañero del colegio de su hermana Silvana actora en autos; que había salido junto con otros 
amigos desde la 
localidad de Tirol y se dirigían todos juntos hacia Resistencia para asistir a un festival en el Parque 
de la 
Democracia, no se comprende cómo si presenció tan luctuoso hecho y afirmó haberse quedado "a 
socorrer", no 
haya dado sus datos a la prevención policial para que lo citaran en caso de ser necesario su 
testimonio. Que el 
acta de constatación haya sido suscripta por una persona que se ignora si presenció o no el 
accidente o 
simplemente atestiguó respecto de los datos consignados en el acta y no por quien dice ser 
conocido de la  
familia de la víctima con quien se dirigía a disfrutar de un momento de esparcimiento. Súmese a ello 
que luego 
de que se anexara al expediente penal la pericia accidentológica, los actores no insistieron en 
ofrecer el 
testimonio de quienes acompañaban al joven Ayala a fin de que se continuara con la investigación 
penal del 
hecho y de esa manera evitar el archivo de las actuaciones, sin que se accediera a la verdad real 
de lo 
acontecido.
Sabido es que en la oportunidad de sentenciar, le corresponde al juez la crítica de la 
declaración, el grado de verosimilitud de los hechos narrados, su posible contradicción con los 
hechos 
normales, debiendo examinar además las posibles contradicciones en sus declaraciones o entre 
ellas y las de 
los otros testigos o de las partes. 
De conformidad con el sistema de la sana crítica, el juez apreciará la prueba de testigos 
de acuerdo con las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia, ya que no es posible 
enunciar normas 
abstractas de apreciación, será quien juzga el encargado de determinar en cada caso, el valor de 
los testimonios. 
(Conf. Roland Arazi La Prueba en el Proceso Civil, 3era Edición Act. Rubinzal - Culzoni Editores, 
págs. 260 y ss)
Ante este escenario, resulta acertada la decisión tomada por la Jueza pre-opinante al 
prescindir de la prueba testimonial de los Sres.  Britez y Portillo a la hora de determinar cuál fue la 
mecánica 
del hecho, toda vez que sus testimonios, además de detentar cierto subjetivismo en virtud de la 
relación de 
amistad o conocimiento que los unía con la víctima y su familia, aportaron datos que contrarían los 
datos 
objetivos obtenidos a través de las pericias, específicamente los concernientes a calidad de 
embistente/embestido, lugar de circulación de ambos rodados, área probable de impacto, daños 
provocados a 
los vehículos y ubicación de los mismos, etc. 
La versión dada por los testigos,  de que por delante de la demandada circulaba un 
ómnibus de larga distancia al que ésta pretendió sobrepasar, lo que motivó que al iniciar la maniobra 
de 
sobrepaso, virara hacia su izquierda por donde circulaba la motocicleta y la colisionara con su 
costado 
izquierdo, nunca fue corroborada con otros elementos. 
Otro extremo jamás demostrado fue la velocidad que llevaba el Renault Clio en los 
premomentos del impacto, la que los testigos afirman que era de unos 80 u 85 km/h (fs. 110 vta 
declaración de 
Angel Britez), empero ni siquiera los peritos pudieron determinar cuál era la velocidad de dicho 
rodado ya que 
no encontraron los datos necesarios como ser huellas de frenada o derrape  para poder calcularla. 
Lo que 
también hace dar por tierra a la versión dada por los demandantes y refuerza la valoración de las 
pruebas 
realizadas por la A-quo, debiendo en consecuencia desestimarse el agravio vertido en este punto.
Por otra parte, si todos los testigos afirmaron que pudieron ver al automóvil desplazarse 
por delante de ellos, e incluso que también lo hacía un colectivo de larga distancia, -aunque tal 
extremo jamás 
quedó acreditado-, y que el automóvil inició una maniobra hacia la izquierda para intentar sobrepasar 
al 
colectivo, y no obstante ello el joven Ayala, no frenó su marcha o ni siquiera intentó evitar impactar 
contra la 
parte trasera del automóvil, tal dato revela que  la motocicleta no guardó una distancia prudencial 
respecto del 
automóvil que la antecedía o bien , intentó efectuar una maniobra de adelantamiento sin contar con 
espacio y 
tiempos suficientes, o no prestó la debida atención a la circulación de su vehículo como de otros en 
la ruta. 
Y en el hipotético caso de que resultara cierto que la motocicleta se desplazaba por la 
izquierda del automóvil, el resultado de ser el agente embistente de éste en su parte trasera, hace 
pensar que no 
atinó advertir su presencia e intención de sobrepaso al automóvil, no obstante que se tratara de una 
autovía de 
dos carriles. Todo ello no hace más que reforzar que la causa del siniestro fue puesta en forma 
exclusiva por el 
conductor del rodado de menor porte.
2.- Otro de los ejes en los cuales los apelantes centran sus agravios, refiere a la 
consideración casi exclusiva por parte del Juez A-quo, de la pericia accidentológica realizada en el 
Expte. Nº 
5764/17-1- C (fs. 149/189)  que a su vez fue realizada tomando como antecedente el Informe 
Técnico Pericial 
Nº 1160/16 por el Gabinete Científico Judicial -Criminalística- que obra el Expte. Penal Nº 
36126/2016-1 y 
cuyas conclusiones convencieron al sentenciante acerca del modo en que pudo haber ocurrido el 
siniestro, sin 
merituar acabadamente lo informado por los testigos que depusieron en sede civil.
Respecto los impugnantes se limitan en el desarrollo de sus argumentos a discutir 
facultades propias del Tribunal, como es la relativa a la valoración de la prueba pericial técnica-
accidentológica. 
El escrito recursivo trasunta meras discrepancias con el mérito que de aquella se efectuara, 
oponiendo 
consideraciones propias derivadas de los referidos informes, bajo la pretensión de que son las 
únicas posibles, 
con lo que intenta desvirtuar las de los peritos accidentólogos, sin lograr su cometido, desde que no 
pone de 
manifiesto vicio alguno.
Una nueva compulsa de la pericia accidentológica glosada a fs. 149/189 del Expte. 
5764/17-1-C; de la pericia obrante en el Expte. Penal nº 36126/2016-1 y su confrontación con los 
demás 
elementos probatorios aportados a la causa, me convencen de que la valoración de tales pruebas 
realizada por la 
Juez pre-opinante, resulta suficientemente fundada y ajustada a las reglas de la sana crítica. Es que 
no se 
encuentran razones científicas suficientes que lleven a apartarse de las conclusiones a las que 
arribaron los Lic. 
Bled -por el Gabinete Científico del Poder Judicial- y el Lic. Máximo Ibañez ya en sede civil. Por el 
contrario 
ambas pericias son coincidentes entre sí a la hora de determinar la mecánica del hecho, muy por el 
contrario a 
lo sostenido -sin otro elemento que sus propios dichos- por los actores apelantes.
Al respecto, calificada doctrina nacional expone que el juez debe demostrar que el 
dictamen se halla reñido a principios lógicos o máximas de experiencia, o que existen en el proceso 
elementos 
probatorios de mayor eficacia para provocar la convicción acerca de la verdad de los hechos 
controvertidos. 
"En esta misma orientación se resolvió que el dictamen referido a cuestiones técnicas no puede 
enervarse 
por medio de otra prueba que no ofrezca las mismas garantías de idoneidad e imparcialidad que 
otorga 
la opinión de los peritos" (Conf. Roland Arazi "La Prueba en el Proceso Civil" 3era Edic. Act. 
Rubinzal Culzoni Editores, 
pag. 292 y ss). Y esta es la situación que precisamente no se dió en el caso de marras, toda vez 
que las 
conclusiones a las que arribaron en ambas pericias, resultaron suficientemente fundadas para ilustrar 
cómo 
ocurrió el hecho que desencadenó tan triste final. 
 No puede prescindirse al considerar las afirmaciones del perito, que las mismas las 
efectúa en base a su práctica y conocimientos técnicos, que configuran precisamente el 
fundamento de su 
designación y de su aporte, que debe considerarse desinteresado a la solución del proceso, y con 
ello en modo 
alguno se resigna la atribución de administrar justicia sino que, por el contrario es una manifestación 
de 
prudencia jurídica, cuando la pericia -con fuerza asertiva y soporte objetivo- lleva a una solución 
razonablemente fundada, no obstante a que -como en el caso- se le opongan testimoniales poco 
claras, 
contradictorias y poco precisas. Consecuentemente el agravio de los apelantes en este punto debe 
ser 
desestimado. 
Cabe destacar que en materia de proceso de daños y perjuicios la prueba pericial resulta 
de particular trascendencia.
Por ende, no habiendo podido ser desvirtuada la presunción legal que pesa contra la 
motocicleta por su carácter de embistente, mediante medio probatorio alguno, compartiendo la 
valoración de 
los hechos y pruebas que del caso hiciera la Jueza inferior, opino que de compartirse mi voto debe 
confirmarse 
la responsabilidad exclusiva atribuída al conductor de la motocicleta Sr. Eduardo Alfredo Ayala en el 
acaecimiento del siniestro que nos ocupa.
Siendo así propicio la confirmación de la sentencia de primera instancia. 
3.- COSTAS Y HONORARIOS DE ALZADA: Las costas en esta instancia, se imponen 
a los apelantes vencidos (art. 83 del CPCC) según el principio objetivo de la derrota y en la 
proporción que les 
corresponda conforme lo reclamado, regulándose los honorarios profesionales en base a los 
emolumentos 
fijados en primera instancia y pautas arancelarias proporcionadas por los arts. 5, 6, 7 y 11 (30%) de 
la ley 288-
C y en las sumas que se consignan más abajo. ASI VOTO.- 
VI.- A LA MISMA CUESTION LA DRA. WILMA SARA MARTINEZ, DIJO: Que en 
atención a los fundamentos fácticos y jurídicos expuestos por la Sra. Juez preopinante al analizar la 
cuestión 
sometida a consideración de este Tribunal y compartiendo las conclusiones a que arriba adhiere al 
voto 
precedente y emite el suyo en idéntico sentido. ASI VOTO.- 
Con lo que se dio por terminado el presente Acuerdo, dado y firmado por ante mí, 
Secretaria, que doy fe.- 

	Dra. WILMA SARA 
MARTINEZ			
	Dra. ELOISA ARACELI 
BARRETO
		JUEZ - SALA 
PRIMERA			
		
	  JUEZ - SALA PRIMERA
    CAMARA DE APELACIONES CIVIL Y COMERCIAL		      CAMARA DE 
APELACIONES CIVIL Y COMERCIAL

Dra. MARIA LUCIANA RAJOY URRUTIA
SECRETARIA - SALA PRIMERA
CAMARA DE APELACIONES CIVIL Y COMERCIAL

S E N T E N C I A
Resistencia,  05 de octubre de 2020.-			
		
	    Nº294./
Por los fundamentos fácticos y jurídicos expuestos en el Acuerdo que antecede, la Sala 
Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, 
RESUELVE: 
I.- CONFIRMAR la sentencia obrante a fs. 154/163 y vta. de estos autos y a fs. 314/323 
y vta del Expte. Nº 5764/17-1-C en todo cuanto ha sido materia de apelación.- 
II.- IMPONER las costas en la Alzada a los apelantes vencidos en la proporción que a 
cada uno le corresponda. REGULAR los honorarios profesionales del Dr. JUAN CESAR 
PENCHASKY 
como patrocinante en la suma de PESOS CIENTO NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA y 
CUATRO 
($109.494) y como apoderado en la de PESOS CUARENTA y TRES MIL SETECIENTOS 
NOVENTA y OCHO 
($43.798), por su labor en el Expte. Nº 5764/17-1-C. Para los Dres. NATALIA SOLEDAD RIOS 
ZEQUEIRA, MARIANO ZARAGOZA y CARLOS ALFONSO CERASUOLO en las sumas de PESOS 
VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA y NUEVE ($25.549,00) y PESOS DIEZ MIL 
DOSCIENTOS 
DIECINUEVE ($10.219) en el doble carácter de patrocinantes y apoderados respectivamente y para 
cada uno 
de ellos, emolumentos que son comprensivos de la labor desplegada en estos autos y en el Expte. 
Nº 5764/17-
1-C que corre por cuerda. Todo con más IVA si corresponde. 
III.- REGISTRESE, protocolícese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos al 
Juzgado de orígen.- Agréguese copia de la presente en la causa acumulada.-

	Dra. WILMA SARA 
MARTINEZ			
	Dra. ELOISA ARACELI 
BARRETO
		JUEZ - SALA 
PRIMERA			
		
	  JUEZ - SALA PRIMERA
    CAMARA DE APELACIONES CIVIL Y COMERCIAL		      CAMARA DE 
APELACIONES CIVIL Y COMERCIAL
 
---------------------------------------------------------------------------
Expte. N°: 8338/14-1-C    -Foja: 232/240- LOPEZ, MARIA GABRIELA C/
               CARRION, VILMA GLADIS S/DESALOJO -
SENTENCIA DEFINITIVA -SE AGREGA COPIA- OCTUBRE Nº 292+fs.232/240
 
Nº292/ En la ciudad de Resistencia, capital de la Provincia del Chaco, a los   cinco  (05) de octubre 
de 2020, 
reunidas en Acuerdo las Señoras Jueces de la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil 
y 
Comercial, Dras. Eloisa Araceli Barreto y Wilma Sara Martínez, toman en consideración para resolver 
en 
definitiva la causa caratulada: "LOPEZ, MARIA GABRIELA C/ CARRION, VILMA GLADIS S/ 
DESALOJO", EXPTE. Nº 8338/14-1-C y su acumulado: "LOPEZ, MARÍA GABRIELA c/CARRIÓN 
VILMA GLADIS Y/O BERNACHEA EDUARDO ROMAN S/INCIDENTE DE NULIDAD", EXPTE Nº 
6930/15-1-C. Practicado el sorteo de orden de votación resultó como Jueza de primer y de segundo 
voto la 
Dra. ELOISA ARACELI BARRETO y la Dra. WILMA SARA MARTINEZ, respectivamente.
				I.- RELACIÓN DE LA CAUSA: LA DRA. ELOISA ARACELI 
BARRETO DIJO: La 
efectuada por la Juez de origen en lo pertinente se ajusta a las constancias de estas actuaciones, 
por lo que a fin 
de evitar repeticiones me remito a la misma.  Por lo demás, acceden estos autos a la Alzada del 
Juzgado Civil y 
Comercial de la Decimonovena Nominación de la Primera Circunscripción Judicial para considerar el 
recurso 
de apelación interpuesto y fundado a fs. 293/297 por la parte actora María Gabriela López 
patrocinada por el 
Dr. Luis Rodrigo Maidana Ladu contra la sentencia única dictada a fs. 258/279 y vta. 
correspondiente  a estos 
autos y al Expte. Nº 8338/14 caratulado "LOPEZ, MARIA GABRIELA C/CARRIÓN VILMA GLADIS 
S/DESALOJO" que corre por cuerda. A fs. 304 se concede el recurso libremente y con efecto 
suspensivo y se 
corre traslado a la contraria. A fs. 306/307 contesta el demandado Eduardo Román Bernachea con 
el patrocinio 
de la Dra. Carina Natalia Contreras. A fs. 310 se elevan las actuaciones a la Alzada. A fs. 314/315 y 
vta. se 
reciben y radican ante esta Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, 
quedando las 
partes notificadas en los términos dispuestos por el pto. 1) de la Res. Nº 162/19 del STJCH A fs. 
321 se llama 
autos. A fs. 322 se agrega acta de sorteo de orden de votación. 
				LA DRA. WILMA SARA MARTÍNEZ DIJO: Que presta 
conformidad a la relación de 
causa efectuada precedentemente.
				II.- SEGUIDAMENTE: El Tribunal en la opinión coincidente 
de ambas magistradas, 
plantea como única cuestión a resolver: ¿la sentencia de primera instancia debe ser confirmada o 
revocada; en 
su caso, qué decisión debe adoptarse en su reemplazo?. 
				III.- A LA éNICA CUESTIÓN PLANTEADA, LA DRA. 
ELOISA ARACELI 
BARRETO DIJO: 
				La sentencia única de primera instancia desestima el 
incidente de redargución de 
falsedad y nulidad del boleto de compraventa con firmas certificadas. Asimismo desestima la acción 
de 
desalojo tramitada bajo Expte. Nº 8338/14, conexo a estos autos. Impone costas a la parte actora y 
regula 
honorarios de peritos y abogados en ambos casos.
				1. El recurso de apelación. Los agravios.  Apela la parte 
actora, se agravia por el 
rechazo de la demanda interpuesta.
Critica la valoración que se hizo de la prueba rendida en autos, particularmente de la 
pericial psiquiátrica. Señala que la Magistrada de grado ha prescindido de la única y vital prueba 
que podía echar 
luz a la discusión planteada en autos acerca de la nulidad de la compraventa supuestamente 
celebrada con la 
demandada Sra. Vilma Gladis Carrión, ya que de ese modo entiende que se contrarió la normativa 
procesal 
referida a la fundamentación que debe contener toda sentencia, el deber del juez de mantener la 
igualdad de las 
partes en el proceso y el principio de la carga de la prueba. 
Aduce que, pese a que la litis se encontraba debidamente integrada en la que cada parte 
ofreció su prueba y que la demandada incluso adhirió a la pericial psiquiátrica ofrecida por su parte, 
la A-quo ha 
valorado la prueba producida en autos de modo dogmático y desde su propio punto de vista, 
desechando las 
conclusiones a las que arribara el perito psiquiatra en su experticia, que no dejan lugar a dudas 
respecto del 
estado de salud de su parte en oportunidad de llevarse a cabo el examen pericial, como así también 
la 
proyección realizada de su situación al momento de la celebración del negocio jurídico impugnado. 
Afirma que la Juez de primera instancia al fallar, no hizo más que transcribir los 
fundamentos vertidos por la accionada en ocasión de contestar la demanda y oponerse a la 
pretensión de su 
parte, a los que entiende resultan inaplicables a autos, resaltando una vez más el breve tratamiento 
que le dedicó 
a la pericia psiquiátrica, la que considera de vital importancia para decidir la suerte el pleito. A ello 
aduna que la 
contraria no ha aportado prueba alguna que pudiera desvirtuar el dictamen de la pericia aludida, aún 
cuando los 
demandados tenían la posibilidad de designar perito de parte. 
Se queja por haber desechado los dichos del testigo Saúl Isaac Wagner Meza Enciso, 
médico psiquiatra que en el pasado la atendió y que da cuenta de que la misma padecía la 
patología luego 
descripta por la pericia: "trastorno depresivo mayor recidivante crónico". Que de esta manera se 
vislumbra que 
la Magistrada no efectuó un correcto análisis del abanico probatorio rendido en autos, puesto que 
fueron dos 
los galenos especialistas en medicina psiquiátrica que coincidieron en el diagnóstico de su 
enfermedad. 
Considera un desacierto que la A quo, como basamento de la desestimación de la pericia 
aludida, haya transcripto parte de las manifestaciones vertidas por la incidentada en oportunidad de 
impugnar 
dicha prueba, y otras referidas a que su parte promovió y prosiguió la presente acción con patrocinio 
letrado, 
ejecutando actos que requieren de discernimiento, intención y voluntad, situación que utilizó para 
argumentar 
su decisión de no tener por acreditada la mengua en sus facultades mentales ya presentes en 
oportunidad de 
celebrar la compraventa impugnada. 
Efectúa extensas consideraciones acerca de la valoración efectuada por la Magistrada de 
Grado respecto de la aludida pericia psiquiátrica y argumenta que no dió razones suficientes para 
apartarse de 
ella a la hora de determinar la inexistencia de nulidad en la celebración de la compraventa, 
realizando y 
transcribiendo abultadas consideraciones a las que en honor a la brevedad me remito. Hace reserva 
del caso 
federal y constitucional, funda en derecho y finaliza con petitorio de rigor. 
A su turno, el demandado Escribano Bernachea destaca que en nuestro derecho rige el 
sistema de valoración probatoria de la sana crítica, mediante la cual el juez debe evaluar la eficacia 
de los 
medios probatorios respetando las reglas de la lógica formal, las máximas de la experiencia y una 
metodología 
en la fijación y comprobación de los hechos que responde a la propia lógica del proceso. Pero, 
agrega que el 
juez no está obligado a dar respuesta pormenorizada de toda y cada una de las alegaciones que se 
realicen en el 
proceso, debiendo sólo exteriorizar el criterio jurídico esencial que fudamenta su decisión, 
entendiendo que la 
sentenciante de grado no se ha apartado de estas premisas esenciales de nuestro derecho.
Refiere que a la prueba que más importancia y relevancia otorgó la A-quo, fue 
precisamente a la pericia psiquiátrica, pero que sus conclusiones no sean de la conveniencia de la 
apelante, es 
otro tema, volviendo a decir lo que sostuvo durante el proceso, que no se puede ser capaz para 
unos actos e 
incapaz o disminuido en facultades mentales para otros.
Entiende que la sentencia recurrida fija clara e inexorablemente los parámetros que se 
tuvieron en cuenta para arribar a la solución dada y que al ser considerado el resultado de la pericia 
psiquiátrica 
por parte de la A quo, consideró que no resultaba suficiente para crear en sí la convicción o certeza 
de la 
existencia de nulidad en la celebración del negocio de compraventa del inmueble. Que tal 
conclusión resultó 
expuesta en forma clara y concreta por la juez a-quo al decir que no resultaba posible por una 
"probabilidad" 
anular un acto jurídico de trascendencia, siendo necesario contar con suficiente certeza que le 
permitiera 
definir que el negocio se encontraba viciado en los términos de la normativa legal. Y que si ni el 
perito mismo 
pudo concluir y aseverar que la señora López se encontraba disminuída en sus facultades mentales 
en esa 
oportunidad, menos lo podría haber hecho la Juez.
Niega la falta de apego por parte de la sentenciante respecto de las demás constancias y 
pruebas producidas en la causa, ya que como bien se expresa en la sentencia, no se acreditó de 
modo alguno que 
su parte o la compradora del inmueble hayan tenido conocimiento de la enfermedad que aquejaba a 
la vendedora 
al momento de celebrar el negocio jurídico y que por ello se encontrara incapacitada de hacerlo. 
Reitera que su 
participación en el mismo se limitó a dar fe de que las firmas insertas en el boleto de compraventa 
fueron 
colocadas en su presencia y por las personas que identificó según normativa legal. Finaliza con el 
pedido de 
rechazo del remedio intentado y con petitorio de ley.
2. Los hechos alegados como fundamento de la pretensión: La accionante -María 
Gabriela López- señala que en fecha 19/06/13 adquirió el dominio de la finca litigiosa mediante 
Escritura 
suscripta por el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV) y en fecha 01/09/14 
promovió 
acción de desalojo contra la Sra. Vilma Gladis Carrión, el que tramita bajo Expte. Nº 8338/14 que 
corre 
agregado por cuerda al presente. Que en oportunidad de que la accionada contestó el traslado de 
dicha demanda, 
adjuntó un boleto de compraventa en el que consta que entre ambas partes se celebró un negocio 
jurídico 
enajenando el inmueble a favor de la demandada. Sin embargo niega valor alguno a dicho 
instrumento ante la 
comprobada certeza de que su parte mal pudo haber celebrado dicha operatoria porque en aquella 
época 
atravesaba una mengua en sus facultades mentales, aduciendo que ni siquiera recuerda la fecha, 
lugar, monto del 
negocio y ningún otro dato relativo al mismo.
Alega que existió de parte de la contraria un aprovechamiento de sus facultades mentales 
que se encontraban disminuídas, para inducirla a firmar dicho instrumento mediante engaños y 
ocultamientos, 
endilgando responsabilidad de tal lesión tanto a la Sra. Carrión como al Escribano Eduardo R. 
Bernachea, quien 
intervino en la celebración del acto. 
3. La sentencia apelada. La sentencia desestima la demanda. La juez para decidir de ese 
modo luego de pasar revista a las pruebas de la causa, precisa que en el caso no se discute la falta 
de autoría de 
la Sra María Gabriela López sino su falta de discernimiento para otorgar el acto cuestionado. 
Seguidamente hace consideraciones de Derecho en cuyo marco señala  que "tratándose 
de una persona sometida con posterioridad a un proceso de incapacidad y para que resulte 
aplicable lo dispuesto 
en el primer párrafo del art. 473 del CC, los actos anteriores a la declaración judicial de su 
inhabilitación 
pueden ser anulados sólo si su demencia era pública y notoria en la época en que aquéllos fueron 
realizados".  
Se refiere a que si bien la actora afirma no encontrarse en condiciones de comprender el 
alcance de sus actos, no acreditó que se haya iniciado causa alguna que verse sobre su capacidad 
o incapacidad, 
refiriendo al informe de la Mesa Receptora Informatizada de los Juzgados de Familia del Fuero Civil 
(fs. 89) 
con el que verifica la inexistencia de causas que tuvieren como justiciable a la Sra. María Gabriela 
López.
Ponderó el informe de la pericia psiquiátrica glosada a fs. 187/190 que determina que la 
Sra. López presenta una enfermedad que fue avanzando y evolucionando hacia el diagnóstico 
actual de 
"trastorno depresivo mayor recidivante crónico", concluyendo que no se acreditó que al momento 
de otorgar el 
boleto de compraventa cuya nulidad se pretende, la incidentista no comprendía la significación del 
acto, 
resaltando que con posterioridad a dicho acto, reconoció el acto de escrituración del inmueble 
celebrado con 
el IPDUV. 
Merituó que si bien el perito en su dictamen asevera que "es muy probable que para el 
15 de marzo de 2012 la paciente haya presentado gran parte del deterioro que hoy presenta", tal 
manifestación no le daba la certeza requerida para declarar la nulidad de un negocio jurídico de tal 
envergadura 
como lo es una compraventa inmobiliaria; entendiendo que no es suficiente una "probabilidad" para 
anular un 
acto jurídico de este tipo, puesto que es necesario contar con suficiente certeza para arribar a la 
conclusión de 
que existía un vicio en los términos de la normativa legal.
A su vez sopesó que tampoco se acreditó que fuera conocimiento de la adquirente del 
inmueble ni del Escribano que certificó las firmas del boleto, que la Sra. López sufría alguna 
enfermedad que la 
incapacitara para la transferencia del mencionado bien.
Analizó los dichos de los testigos Ofelia Mambrin (fs. 113) -quien manifestó que no 
conocía a la Sra López-; del Dr. Saúl Isaac Wagner Meza Enciso (fs. 116), psiquiatra que atendió a 
la nombrada 
hasta mediados de diciembre de 2000, afirmando que interrumpió el tratamiento y fue derivada a 
salud pública y 
que al momento de celebración de la compraventa no tenía contacto con la misma, concluyendo 
que con tales 
datos no podía inferir la conducta de la incidentista en oportunidad de efectuar la compraventa.
Luego ponderó que en fecha 19/06/2013 la Sra. López escrituró el inmueble con el 
Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda del Chaco, siendo identificada por el Escribano 
autorizante en los términos del art. 1002 inc.a) del CC, quien consignó que el acto se celebraba 
entre "personas 
capaces", reseñando que dicho acto resultó consentido por la misma incidentista que luego plantea 
la mengua de 
sus facultades mentales respecto del boleto de compraventa; verificando una contradicción con su 
propio 
accionar al otorgar la Escritura con el ente gubernamental para el cual sí tenía plena capacidad. De 
allí concluyó 
que no puede establecerse con certeza que la causante en el momento que otorgó el boleto de 
Compraventa 
cuestionado, no comprendiera sus alcances. 
Argumenta que de accederse a la pretensión se vería afectado el valor seguridad jurídica y 
los principios de razonabilidad y legalidad, con lo que finalmente rechaza de la demanda.
4. Consideración del recurso. Frente a ese panorama la apelante alega que no se 
valoraron adecuadamente las pruebas desde la óptica del principio de la sana crítica, 
primordialmente la pericia 
psiquiátrica, en cuyo marco era función de la Juez indagar si en el período de formalización de la 
compraventa 
hubo manifestaciones inequívocas de la enfermedad detectada a María Gabriela López que la 
inhabilitaban para 
disponer y administrar sus bienes.
4.1. Es oportuno precisar que la actora en la demanda asienta la pretensión de anulación 
del acto de compraventa en los siguientes hechos: 1) la enfermedad psiquiátrica (depresión) que le 
imposibilitaba comprender las consecuencias y los alcances de la venta que efectuó y 2) el 
conocimiento que 
de ello tenía la compradora demandada y el notario que certificó la operación. Sobre este último 
punto abre 
otra línea de fundamentación en la que sostiene que la compradora además de conocer sobre la 
enfermedad de 
la vendedora también se aprovechó de ese estado.
4.2. Para probar tales extremos, sostiene: que la enfermedad está demostrada por las 
pruebas médicas (certificados, historia clínica); que la no comprensión de los actos jurídicos se 
infiere  en 
especial de la conducta que asumió con posterioridad a la venta, ya que ni siquiera recordaba haber 
firmado el 
boleto de compraventa ni con quién lo hizo, limitándose a aseverar el conocimiento por parte de la 
demandada 
de que la vendedora padecía alguna afección de tipo mental y respecto del notario afirma que éste 
no llevó  a 
cabo las verificaciones necesarias a fin de desempeñar fielmente su función de fedatario público.
Es sobre esa plataforma de hechos, que invocó la aplicación al caso de las normas legales 
que aluden a la nulidad de los actos jurídicos en los términos de los artículos 1037 a 1058 "bis" del 
Código 
Civil ley 340. 
4.3. Ahora, debe tenerse presente que hasta antes del dictado de la sentencia aquí 
revisada, ni la actora ni ningún otro familiar, allegado o el Ministerio Público, inició juicio de 
declaración de 
incapacidad o de restricción de la capacidad, a fin de inhabilitar a María Gabriela López para 
administrar y 
disponer de su patrimonio y designarle como medio de apoyo adecuado un/a curador/a. De manera 
que María 
Gabriela López era persona plenamente capaz para otorgar el acto jurídico que celebró al tiempo de 
su 
otorgamiento.
Es oportuno dejar en claro que la capacidad debe ser comprendida como concepto 
jurídico abstracto, en tanto atributo de la personalidad. Carecían de él las personas declaradas 
"dementes",  tal 
como las denominaba el Código velezano (artículo 52, 54 inciso 3º y siguientes del Código Civil), 
pero que 
constituye hoy una terminología ya abandonada por sus connotaciones discriminatorias y 
peyorativas que no se 
corresponden con los nuevos paradigmas de salud mental. 
Por su parte el discernimiento se refiere a la aptitud del sujeto para entender o querer, 
como facultad volitiva de determinación (ZANNONI, Eduardo A., Ineficacia y nulidad de los actos 
jurídicos, Astrea, 4ª 
reimpresión, Buenos Aires, 2007, pág. 242). 
Capacidad y discernimiento remiten a conceptos que están vinculados: el discernimiento 
viene de la naturaleza y el Derecho toma ese dato biológico para reglar la capacidad, sus 
restricciones y la 
incapacidad de las personas afectadas por padecimientos mentales comprobados, en la medida que 
interfieran 
en el desarrollo del sujeto que los padece y en miras a su protección. 
De ahí que -como lo explica Zannoni en la obra antes citada- la declaración judicial de 
demencia creaba un estado general de incapacidad de hecho y a partir de tal declaración existía 
una carencia de 
discernimiento presumida por la ley. Contrariamente, el hecho de la alienación mental no constatada 
ni 
declarada judicialmente, no alteraba la presunción jurídica de capacidad hasta la declaración, que 
debía entonces 
ser desvirtuada por prueba en contrario porque "la ley presume que toda persona está en su sano 
juicio" como 
decía el artículo 3616  del CC (Zannoni, Eduardo A., p. 243). (Cfr. Sent. Nº  65 del 06/05/19 en  
Expte. Nº 8705/12-1-C de 
esta Sala I CACC).   
4.4. Entonces, la situación de autos no encuadra en la preceptiva de los artículos 1041 y 
1042 del Código Civil, en tanto ésta alude a la invalidez de los actos otorgados por incapaces. 
Ahora, en razón de que el padecimiento de orden mental que afecta a María Gabriela, tal 
como lo verificó la Sra. Juez A-quo; se advierte que no se intentó siquiera iniciar una acción a fin de 
declarar su 
inhabilitación en los términos del artículo 32 del Código Civil y Comercial, situación que en definitiva 
podría 
haber hecho sospechar de la validez del acto de disposición cuestionado. Ante la inacción en este 
sentido de la 
actora o sus allegados, debe por tanto, presumirse que la misma detentaba pleno discernimiento en 
el momento 
de comprometer la venta del inmueble como en oportunidad de escriturarlo, presunción que por ser 
de origen 
legal, mantiene su vigencia hasta ser desvirtuada por prueba en contrario; extremo que en el caso 
no se verificó. 
4.5. Recuérdese que según lo dispuesto por el art. 367 del CPCC; "Cada una de las 
partes tendrá la carga de probar el presupuesto de hecho de la norma o normas que invocase como 
fundamento de su pretensión, defensa o excepción, siempre que tal norma determinare que su 
pretensión 
resultare triunfante ...". Nuestro código de rito ha adoptado la teoría de Leo Rosenberg -también 
receptada por 
el CPCN-, que sostiene que cada parte soporta la carga de la prueba sobre la existencia de los 
presupuestos de 
hecho de las normas sin cuya aplicación no puede tener éxito su pretensión, es decir que cada 
parte debe 
afirmar y probar los presupuestos de las normas que le son favorables (Cfr. Tratado de Derecho 
Procesal Civil Trad. 
de -ngela Romero Vera, Ejea, Bs As., 1955, T. II, p. 22, citado en "La Prueba en el Proceso Civil" 
de Roland Arazi, 3era Ed. 
Act. Rubinzal Culzoni Editores, pag. 80). 
A continuación el art. 367 establece: "La distribución de la carga de la prueba no 
obstará a la iniciativa probatoria del Juez o Tribunal, ni a la apreciación, conforme con las reglas de 
la 
sana crítica, la conducta observada por las partes, de las omisiones, deficiencias de la prueba, o 
ausencia 
de la colaboración debida. El Juez o Tribunal indicarán, concretamente, cuáles medios de pruebas 
relevantes o de significación fundan principalmente su decisión". De esta manera nuestro ritual 
adopta como 
sistema de apreciación de la prueba el de "la sana crítica", que exige un proceso de lógico 
razonamiento, ya que 
el legislador ha encomendado al juez apreciar libremente las pruebas, pero siempre sujeta a 
principios que 
eviten la arbitrariedad. 
Arazi define a la sana crítica en estos términos: "... es el sistema que concede al juez la 
facultad de apreciar libremente la prueba, pero respetando las reglas de la lógica y las máximas de la 
experiencia" (Cfr. Arazi, ob. cit., pag. 110). Aunque si en algunos casos el magistrado no tiene el 
deber de 
manifestar su forma de razonar es porque se supone que lo ha hecho de acuerdo con las reglas de 
la lógica y las 
máximas de la experiencia. 
De esta manera, el juez a la hora de sentenciar determina cuáles son las cuestiones a 
resolver, realiza su encuadre legal, separa y verifica los presupuestos de hecho de tales normas que 
fueron 
planteados por las partes y comprueba si los mismos han sido probados, haciendo la interpretación y 
valoración 
de la prueba. 
Un simple repaso de la sentencia que aquí se revisa da cuenta, que la Juez de primera 
instancia ha llevado a cabo esta tarea a la hora de resolver la cuestión debatida, esto es si la 
compraventa del 
inmueble celebrada entre las partes resulta nula por haber estado viciada la voluntad de la 
vendedora al 
momento de disponer el bien en favor de la demandada. Se advierte que la A-quo ha efectuado con 
minuciosidad 
y claridad, plasmando un resumen de todas las pruebas producidas durante el proceso y 
merituándolas tanto 
conjunta como individualmente.
De allí que el agravio de la actora referido a la falta de consideración de la pericia 
psiquiátrica de fs. 187/190 por parte de la Magistrada de grado, carece de crítica suficiente que 
permita 
detectar en qué  yerro u omisión incurrió ésta (art. 270 CPCC). Por el contrario, de los considerandos 
-
particularmente los de fs. 274 y vta.- se desprenden suficientes argumentos que respaldan la 
decisión a la que 
accede la A quo, en los que expresa que el dictamen del perito en cuanto a que "es muy probable 
que para el 15 
de marzo de 2012 la paciente haya presentado gran parte del deterioro que hoy presenta", no 
resultó suficiente a 
su juicio para darle el grado de certeza requerido a fin de declarar la nulidad de un negocio jurídico 
como lo es 
la compraventa de un inmueble. 
Recapitulemos que el dictamen pericial no reviste el carácter de prueba legal o tasada, 
por lo cual no es vinculante para el magistrado. Precisamente al no haber la pericia psiquiátrica 
provocado en la 
Juez A quo la formación de su convicción relativa a la existencia de una deficiencia en la voluntad 
de la actora 
al momento de vender el inmueble, -recuérdese los términos en que se expresó el experto "es muy 
probable..."-, es que la Magistrada tuvo por no lograda la minoración de las facultades mentales de 
la actora y  
en base a ello sostuvo la validez del acto jurídico impugnado. 
Asimismo se advierte que tal consideración fue realizada en el contexto de la evaluación 
global de todas las pruebas rendidas en autos que resultaron pertinentes para dilucidar la cuestión 
debatida, ya 
que a continuación valoró los dichos de los testigos Mambrim (fs. 113), Martínez (fs. 114) y Wagner 
Meza 
Enciso (fs. 116) en los que tampoco encontró elementos suficientes que acrediten las pretensiones 
de la actora 
nulificante. 
Estas razones resultan suficientes para desestimar el agravio aquí en trato, ya que la Juez 
de primera instancia a la hora valoró la pericia psiquiátrica en conjunto con las restantes pruebas y 
demás 
hechos debatidos en la causa. 
Estimo entonces que para que la demanda prosperase, la actora debió acreditar de modo 
fehaciente que la misma alteración mental permanente, patológica que fue detectada en 
oportunidad de 
realizársele la pericia, existía ya a la época de celebrar la compraventa impugnada -tiempo antes y 
tiempo 
después-, intervalo ese que constituye un "período de sospecha"- y que lo era en forma pública. 
Todavía, si no se 
acredita la notoriedad del padecimiento mental queda la posibilidad de demostrar que la adquirente 
demandada 
conocía al momento de constatar la afección psiquiátrica de la vendedora.
Luego, si la alteración patológica de su salud mental era notoria para el entorno de la Sra. 
López (familiares, conocidos, médicos, vecinos, en fin, personas con las que interactuaba), 
considero que ello 
no ha sido comprobado, ya que no existen pruebas que permitan inferirlo o que cuando menos 
constituyan 
indicios graves  a partir de los que pudieran extraerse presunciones válidas (artículo 179 inciso 5 del 
CPCC).
Los testimonios proporcionados en la causa no logran demostrar cuál era el 
comportamiento de la actora a la época de vender el inmueble, y de ahí que no permiten advertir 
para el común 
de la gente -lego en las ciencias de la salud-, la presencia de una personalidad patológica que se 
identifique con 
la falta de capacidad para razonar y comprender el sentido de las cosas y las consecuencias de sus 
actos. 
				En consecuencia, a mi juicio y de acuerdo a las pruebas de 
la causa, la alteración 
psiquiátrica de la Señora López no se presentaba en su medio como un hecho notorio, por todos 
conocidos.
4.6. Por último, tampoco encuentro elementos que hagan sospechar que la demandada 
compradora se aprovechó de la vendedora, de su vulnerabilidad, ignorancia o necesidad 
económica como alega 
la actora, circunstancias tales que podrían llevar a la anulación del acto por lesión (conforme 
artículo 954 del 
Código Civil).
Aquí la incidentista nulificante se limitó a afirmar que tanto la compradora como el 
escribano que certificó las firmas puestas en el contrato de compraventa, se aprovecharon de la 
disminución de 
sus facultades mentales, aseveración que finalmente no resultó acreditada, adhiriendo en este 
sentido a la 
conclusión a la que arribara mi colega de primera instancia al determinar que las conclusiones a las 
que se 
arribara en la pericia psiquiátrica, - realizada luego de transcurrido 5 años de la enajenación del bien- 
no 
resultan suficiente para determinar la inexistencia de voluntad plena en la actora en aquél hecho 
histórico. 
Por otro lado se advierte además que la actora tampoco ofreció prueba tendiente a 
verificar si existió incongruencia entre el precio pactado con la demandada y el valor de mercado del 
inmueble 
enajenado para acreditar de algún modo el aprovechamiento por parte de los demandados al que 
refiere. 
4.7. Por lo demás coincido con el criterio sustentado por la  Juez de grado priorizando la 
seguridad jurídica ya que es un criterio válido ante la duda.
Es que si no se comprueba de forma certera que el caso presenta los condimentos 
exigibles para la anulación de los actos jurídicos -que se han analizado antes- se debe estar por su 
conservación 
por así reclamarlo el tráfico jurídico, decisión que se corresponde con un criterio de seguridad. (Cfr. 
Sent. Nº  65 
del 06/05/19 en  Expte. Nº 8705/12-1-C de esta Sala I CACC, confirmada por Sent. Nº 152/20 del 
S.T.J.)
Se trata entonces de ponderar los intereses en juego, por un lado, la protección de quien a 
raíz de sus discapacidades se vea expuesto a otorgar actos que puedan perjudicarlos -y de sus 
familiares que lo 
heredarán-,   y por el otro lado,  la protección de quienes contratan con él y en su caso, de los 
sucesivos 
subadquirentes. 
Así se ha dicho que "Es improcedente la declaración de nulidad de un acto celebrado por 
un demente si la enfermedad no era notoria, siempre que se trate de contratantes de buena fe ya 
título oneroso, 
haya habido o no interdicción, pues la última parte del art- 473 del Cód. Civil apunta a hacer 
prevalecer la 
seguridad jurídicas sobre los intereses del incapaz. La anulación de un acto llevado a cabo por un 
demente 
requiere la prueba insospechada, concluyente y decisiva de que la demencia era pública en el 
tiempo de la 
celebración del acto. En caso de duda, por tanto, debe estarse por la validez (CNCiv., sala I, 
1996/05/07, LA 
LEY, 1997-A, 164)".
Por lo expuesto, propicio confirmar la sentencia de primera instancia en cuanto 
desestima la acción de nulidad contra Vilma Gladis Carrion y Eduardo Roman Bernachea. 
COSTAS Y HONORARIOS DE ALZADA Las costas en esta instancia por la apelación 
contra la sentencia, conforme al principio general de la derrota previsto en el art. 83 del ritual, se 
imponen a la 
actora apelante vencida. Los honorarios, atento la naturaleza de la acción impetrada, se regulan 
sobre la base de 
un SMVM vigente a la fecha, aplicando la reducción del artículo 11 de la ley 288-C (50%) y las 
previsiones de 
los arts. 3, 4, 6 y 7 del arancel, resultando las sumas que más abajo se estipulan. ASI VOTO.-
				A LAS MISMAS CUESTIONES LA DRA. WILMA SARA 
MARTÍNEZ DIJO:  Que 
coincide con el análisis y consideraciones de hecho y de derecho efectuadas precedentemente por 
la señora 
Juez preopinante, por lo que me adhiero a sus conclusiones y voto en idéntico sentido. 
				No siendo para más, se da por terminado el presente 
Acuerdo,  firmando las Señoras 
Jueces por ante mi Secretaria Autorizante, que doy fe.

	Dra. WILMA SARA MARTINEZ				Dra. ELOISA 
ARACELI BARRETO
		JUEZ - SALA PRIMERA					
	  JUEZ - SALA PRIMERA
    CAMARA DE APELACIONES CIVIL Y COMERCIAL		      CAMARA DE 
APELACIONES CIVIL Y COMERCIAL

Dra. MARIA LUCIANA RAJOY URRUTIA
SECRETARIA - SALA PRIMERA
CAMARA DE APELACIONES CIVIL Y COMERCIAL

SENTENCIA
Resistencia,  05   de octubre de 2020.-		               		          N º 292/
Por los fundamentos expuestos en el Acuerdo que antecede, la Sala Primera de la Cámara de 
Apelaciones en lo 
Civil y Comercial,
RESUELVE:
I.- CONFIRMAR la sentencia de primera instancia dictada a fs. 258/279 y vta. en todo 
cuanto fuera materia de apelación.  
II.-  IMPONER las costas de Alzada a la actora apelante vencida y REGULAR los 
honorarios de la Dra. CARINA NATALIA CONTRERAS, en la suma de PESOS OCHO MIL 
CUATROCIENTOS 
TREINTA y OCHO ($ 8.438,00) como patrocinante. Para el Dr. LUIS RODRIGO MAIDANA LADU, 
en la 
suma de PESOS CINCO MIL NOVECIENTOS SIETE ($ 5.907,00) como patrocinante. Todo con 
más IVA si 
corresponde. 
III.- REGISTRESE, protocolícese, notifíquese y bajen los autos al Juzgado de origen. 
Agréguese copia de la presente en la causa acumulada.

	Dra. WILMA SARA MARTINEZ				Dra. ELOISA 
ARACELI BARRETO 
		JUEZ - SALA PRIMERA					
	  JUEZ - SALA PRIMERA
    CAMARA DE APELACIONES CIVIL Y COMERCIAL		       CAMARA DE 
APELACIONES CIVIL Y COMERCIAL
	
A DESPACHO: 06/10/2020
CONSTE:
Dra. MARIA LUCIANA RAJOY URRUTIA
SECRETARIA - SALA PRIMERA
CAMARA DE APELACIONES CIVIL Y COMERCIAL
 
------------------------------------------------------
Expte. N°: 6930/15-1-C    -Foja: 323/331- LOPEZ, MARIA GABRIELA C/
               CARRION, VILMA GLADIS Y/O BERNACHEA, EDUARDO ROMAN S/INCIDENTE DE 
               NULIDAD -
SENTENCIA DEFINITIVA octubre nº 292 + fs.323/331
 
Nº292./ En la ciudad de Resistencia, capital de la Provincia del Chaco, a los   cinco (05) de octubre 
de 2020, 
reunidas en Acuerdo las Señoras Jueces de la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil 
y 
Comercial, Dras. Eloisa Araceli Barreto y Wilma Sara Martínez, toman en consideración para resolver 
en 
definitiva la causa caratulada: "LOPEZ, MARIA GABRIELA C/ CARRION, VILMA GLADIS S/ 
DESALOJO", EXPTE. Nº 8338/14-1-C y su acumulado: "LOPEZ, MARÍA GABRIELA c/CARRIÓN 
VILMA GLADIS Y/O BERNACHEA EDUARDO ROMAN S/INCIDENTE DE NULIDAD", EXPTE Nº 
6930/15-1-C. Practicado el sorteo de orden de votación resultó como Jueza de primer y de segundo 
voto la 
Dra. ELOISA ARACELI BARRETO y la Dra. WILMA SARA MARTINEZ, respectivamente.
				I.- RELACIÓN DE LA CAUSA: LA DRA. ELOISA ARACELI 
BARRETO DIJO: La 
efectuada por la Juez de origen en lo pertinente se ajusta a las constancias de estas actuaciones, 
por lo que a fin 
de evitar repeticiones me remito a la misma.  Por lo demás, acceden estos autos a la Alzada del 
Juzgado Civil y 
Comercial de la Decimonovena Nominación de la Primera Circunscripción Judicial para considerar el 
recurso 
de apelación interpuesto y fundado a fs. 293/297 por la parte actora María Gabriela López 
patrocinada por el 
Dr. Luis Rodrigo Maidana Ladu contra la sentencia única dictada a fs. 258/279 y vta. 
correspondiente  a estos 
autos y al Expte. Nº 8338/14 caratulado "LOPEZ, MARIA GABRIELA C/CARRIÓN VILMA GLADIS 
S/DESALOJO" que corre por cuerda. A fs. 304 se concede el recurso libremente y con efecto 
suspensivo y se 
corre traslado a la contraria. A fs. 306/307 contesta el demandado Eduardo Román Bernachea con 
el patrocinio 
de la Dra. Carina Natalia Contreras. A fs. 310 se elevan las actuaciones a la Alzada. A fs. 314/315 y 
vta. se 
reciben y radican ante esta Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, 
quedando las 
partes notificadas en los términos dispuestos por el pto. 1) de la Res. Nº 162/19 del STJCH A fs. 
321 se llama 
autos. A fs. 322 se agrega acta de sorteo de orden de votación. 
				LA DRA. WILMA SARA MARTÍNEZ DIJO: Que presta 
conformidad a la relación de causa 
efectuada precedentemente.
				II.- SEGUIDAMENTE: El Tribunal en la opinión coincidente 
de ambas magistradas, plantea 
como única cuestión a resolver: ¿la sentencia de primera instancia debe ser confirmada o revocada; 
en su caso, 
qué decisión debe adoptarse en su reemplazo?. 
				III.- A LA éNICA CUESTIÓN PLANTEADA, LA DRA. 
ELOISA ARACELI BARRETO 
DIJO: 
				La sentencia única de primera instancia desestima el 
incidente de redargución de falsedad y 
nulidad del boleto de compraventa con firmas certificadas. Asimismo desestima la acción de desalojo 
tramitada 
bajo Expte. Nº 8338/14, conexo a estos autos. Impone costas a la parte actora y regula honorarios 
de peritos y 
abogados en ambos casos.
				1. El recurso de apelación. Los agravios.  Apela la parte 
actora, se agravia por el rechazo de 
la demanda interpuesta.
Critica la valoración que se hizo de la prueba rendida en autos, particularmente de la 
pericial psiquiátrica. Señala que la Magistrada de grado ha prescindido de la única y vital prueba 
que podía echar 
luz a la discusión planteada en autos acerca de la nulidad de la compraventa supuestamente 
celebrada con la 
demandada Sra. Vilma Gladis Carrión, ya que de ese modo entiende que se contrarió la normativa 
procesal 
referida a la fundamentación que debe contener toda sentencia, el deber del juez de mantener la 
igualdad de las 
partes en el proceso y el principio de la carga de la prueba. 
Aduce que, pese a que la litis se encontraba debidamente integrada en la que cada parte 
ofreció su prueba y que la demandada incluso adhirió a la pericial psiquiátrica ofrecida por su parte, 
la A-quo ha 
valorado la prueba producida en autos de modo dogmático y desde su propio punto de vista, 
desechando las 
conclusiones a las que arribara el perito psiquiatra en su experticia, que no dejan lugar a dudas 
respecto del 
estado de salud de su parte en oportunidad de llevarse a cabo el examen pericial, como así también 
la 
proyección realizada de su situación al momento de la celebración del negocio jurídico impugnado. 
Afirma que la Juez de primera instancia al fallar, no hizo más que transcribir los 
fundamentos vertidos por la accionada en ocasión de contestar la demanda y oponerse a la 
pretensión de su 
parte, a los que entiende resultan inaplicables a autos, resaltando una vez más el breve tratamiento 
que le dedicó 
a la pericia psiquiátrica, la que considera de vital importancia para decidir la suerte el pleito. A ello 
aduna que la 
contraria no ha aportado prueba alguna que pudiera desvirtuar el dictamen de la pericia aludida, aún 
cuando los 
demandados tenían la posibilidad de designar perito de parte. 
Se queja por haber desechado los dichos del testigo Saúl Isaac Wagner Meza Enciso, 
médico psiquiatra que en el pasado la atendió y que da cuenta de que la misma padecía la 
patología luego 
descripta por la pericia: "trastorno depresivo mayor recidivante crónico". Que de esta manera se 
vislumbra que 
la Magistrada no efectuó un correcto análisis del abanico probatorio rendido en autos, puesto que 
fueron dos 
los galenos especialistas en medicina psiquiátrica que coincidieron en el diagnóstico de su 
enfermedad. 
Considera un desacierto que la A quo, como basamento de la desestimación de la pericia 
aludida, haya transcripto parte de las manifestaciones vertidas por la incidentada en oportunidad de 
impugnar 
dicha prueba, y otras referidas a que su parte promovió y prosiguió la presente acción con patrocinio 
letrado, 
ejecutando actos que requieren de discernimiento, intención y voluntad, situación que utilizó para 
argumentar 
su decisión de no tener por acreditada la mengua en sus facultades mentales ya presentes en 
oportunidad de 
celebrar la compraventa impugnada. 
Efectúa extensas consideraciones acerca de la valoración efectuada por la Magistrada de 
Grado respecto de la aludida pericia psiquiátrica y argumenta que no dió razones suficientes para 
apartarse de 
ella a la hora de determinar la inexistencia de nulidad en la celebración de la compraventa, 
realizando y 
transcribiendo abultadas consideraciones a las que en honor a la brevedad me remito. Hace reserva 
del caso 
federal y constitucional, funda en derecho y finaliza con petitorio de rigor. 
A su turno, el demandado Escribano Bernachea destaca que en nuestro derecho rige el 
sistema de valoración probatoria de la sana crítica, mediante la cual el juez debe evaluar la eficacia 
de los 
medios probatorios respetando las reglas de la lógica formal, las máximas de la experiencia y una 
metodología 
en la fijación y comprobación de los hechos que responde a la propia lógica del proceso. Pero, 
agrega que el 
juez no está obligado a dar respuesta pormenorizada de toda y cada una de las alegaciones que se 
realicen en el 
proceso, debiendo sólo exteriorizar el criterio jurídico esencial que fudamenta su decisión, 
entendiendo que la 
sentenciante de grado no se ha apartado de estas premisas esenciales de nuestro derecho.
Refiere que a la prueba que más importancia y relevancia otorgó la A-quo, fue 
precisamente a la pericia psiquiátrica, pero que sus conclusiones no sean de la conveniencia de la 
apelante, es 
otro tema, volviendo a decir lo que sostuvo durante el proceso, que no se puede ser capaz para 
unos actos e 
incapaz o disminuido en facultades mentales para otros.
Entiende que la sentencia recurrida fija clara e inexorablemente los parámetros que se 
tuvieron en cuenta para arribar a la solución dada y que al ser considerado el resultado de la pericia 
psiquiátrica 
por parte de la A quo, consideró que no resultaba suficiente para crear en sí la convicción o certeza 
de la 
existencia de nulidad en la celebración del negocio de compraventa del inmueble. Que tal 
conclusión resultó 
expuesta en forma clara y concreta por la juez a-quo al decir que no resultaba posible por una 
"probabilidad" 
anular un acto jurídico de trascendencia, siendo necesario contar con suficiente certeza que le 
permitiera 
definir que el negocio se encontraba viciado en los términos de la normativa legal. Y que si ni el 
perito mismo 
pudo concluir y aseverar que la señora López se encontraba disminuída en sus facultades mentales 
en esa 
oportunidad, menos lo podría haber hecho la Juez.
Niega la falta de apego por parte de la sentenciante respecto de las demás constancias y 
pruebas producidas en la causa, ya que como bien se expresa en la sentencia, no se acreditó de 
modo alguno que 
su parte o la compradora del inmueble hayan tenido conocimiento de la enfermedad que aquejaba a 
la vendedora 
al momento de celebrar el negocio jurídico y que por ello se encontrara incapacitada de hacerlo. 
Reitera que su 
participación en el mismo se limitó a dar fe de que las firmas insertas en el boleto de compraventa 
fueron 
colocadas en su presencia y por las personas que identificó según normativa legal. Finaliza con el 
pedido de 
rechazo del remedio intentado y con petitorio de ley.
2. Los hechos alegados como fundamento de la pretensión: La accionante -María 
Gabriela López- señala que en fecha 19/06/13 adquirió el dominio de la finca litigiosa mediante 
Escritura 
suscripta por el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV) y en fecha 01/09/14 
promovió 
acción de desalojo contra la Sra. Vilma Gladis Carrión, el que tramita bajo Expte. Nº 8338/14 que 
corre 
agregado por cuerda al presente. Que en oportunidad de que la accionada contestó el traslado de 
dicha demanda, 
adjuntó un boleto de compraventa en el que consta que entre ambas partes se celebró un negocio 
jurídico 
enajenando el inmueble a favor de la demandada. Sin embargo niega valor alguno a dicho 
instrumento ante la 
comprobada certeza de que su parte mal pudo haber celebrado dicha operatoria porque en aquella 
época 
atravesaba una mengua en sus facultades mentales, aduciendo que ni siquiera recuerda la fecha, 
lugar, monto del 
negocio y ningún otro dato relativo al mismo.
Alega que existió de parte de la contraria un aprovechamiento de sus facultades mentales 
que se encontraban disminuídas, para inducirla a firmar dicho instrumento mediante engaños y 
ocultamientos, 
endilgando responsabilidad de tal lesión tanto a la Sra. Carrión como al Escribano Eduardo R. 
Bernachea, quien 
intervino en la celebración del acto. 
3. La sentencia apelada. La sentencia desestima la demanda. La juez para decidir de ese 
modo luego de pasar revista a las pruebas de la causa, precisa que en el caso no se discute la falta 
de autoría de 
la Sra María Gabriela López sino su falta de discernimiento para otorgar el acto cuestionado. 
Seguidamente hace consideraciones de Derecho en cuyo marco señala  que "tratándose 
de una persona sometida con posterioridad a un proceso de incapacidad y para que resulte 
aplicable lo dispuesto 
en el primer párrafo del art. 473 del CC, los actos anteriores a la declaración judicial de su 
inhabilitación 
pueden ser anulados sólo si su demencia era pública y notoria en la época en que aquéllos fueron 
realizados".  
Se refiere a que si bien la actora afirma no encontrarse en condiciones de comprender el 
alcance de sus actos, no acreditó que se haya iniciado causa alguna que verse sobre su capacidad 
o incapacidad, 
refiriendo al informe de la Mesa Receptora Informatizada de los Juzgados de Familia del Fuero Civil 
(fs. 89) 
con el que verifica la inexistencia de causas que tuvieren como justiciable a la Sra. María Gabriela 
López.
Ponderó el informe de la pericia psiquiátrica glosada a fs. 187/190 que determina que la 
Sra. López presenta una enfermedad que fue avanzando y evolucionando hacia el diagnóstico 
actual de 
"trastorno depresivo mayor recidivante crónico", concluyendo que no se acreditó que al momento 
de otorgar el 
boleto de compraventa cuya nulidad se pretende, la incidentista no comprendía la significación del 
acto, 
resaltando que con posterioridad a dicho acto, reconoció el acto de escrituración del inmueble 
celebrado con 
el IPDUV. 
Merituó que si bien el perito en su dictamen asevera que "es muy probable que para el 
15 de marzo de 2012 la paciente haya presentado gran parte del deterioro que hoy presenta", tal 
manifestación no le daba la certeza requerida para declarar la nulidad de un negocio jurídico de tal 
envergadura 
como lo es una compraventa inmobiliaria; entendiendo que no es suficiente una "probabilidad" para 
anular un 
acto jurídico de este tipo, puesto que es necesario contar con suficiente certeza para arribar a la 
conclusión de 
que existía un vicio en los términos de la normativa legal.
A su vez sopesó que tampoco se acreditó que fuera conocimiento de la adquirente del 
inmueble ni del Escribano que certificó las firmas del boleto, que la Sra. López sufría alguna 
enfermedad que la 
incapacitara para la transferencia del mencionado bien.
Analizó los dichos de los testigos Ofelia Mambrin (fs. 113) -quien manifestó que no 
conocía a la Sra López-; del Dr. Saúl Isaac Wagner Meza Enciso (fs. 116), psiquiatra que atendió a 
la nombrada 
hasta mediados de diciembre de 2000, afirmando que interrumpió el tratamiento y fue derivada a 
salud pública y 
que al momento de celebración de la compraventa no tenía contacto con la misma, concluyendo 
que con tales 
datos no podía inferir la conducta de la incidentista en oportunidad de efectuar la compraventa.
Luego ponderó que en fecha 19/06/2013 la Sra. López escrituró el inmueble con el 
Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda del Chaco, siendo identificada por el Escribano 
autorizante en los términos del art. 1002 inc.a) del CC, quien consignó que el acto se celebraba 
entre "personas 
capaces", reseñando que dicho acto resultó consentido por la misma incidentista que luego plantea 
la mengua de 
sus facultades mentales respecto del boleto de compraventa; verificando una contradicción con su 
propio 
accionar al otorgar la Escritura con el ente gubernamental para el cual sí tenía plena capacidad. De 
allí concluyó 
que no puede establecerse con certeza que la causante en el momento que otorgó el boleto de 
Compraventa 
cuestionado, no comprendiera sus alcances. 
Argumenta que de accederse a la pretensión se vería afectado el valor seguridad jurídica y 
los principios de razonabilidad y legalidad, con lo que finalmente rechaza de la demanda.
4. Consideración del recurso. Frente a ese panorama la apelante alega que no se 
valoraron adecuadamente las pruebas desde la óptica del principio de la sana crítica, 
primordialmente la pericia 
psiquiátrica, en cuyo marco era función de la Juez indagar si en el período de formalización de la 
compraventa 
hubo manifestaciones inequívocas de la enfermedad detectada a María Gabriela López que la 
inhabilitaban para 
disponer y administrar sus bienes.
4.1. Es oportuno precisar que la actora en la demanda asienta la pretensión de anulación 
del acto de compraventa en los siguientes hechos: 1) la enfermedad psiquiátrica (depresión) que le 
imposibilitaba comprender las consecuencias y los alcances de la venta que efectuó y 2) el 
conocimiento que 
de ello tenía la compradora demandada y el notario que certificó la operación. Sobre este último 
punto abre 
otra línea de fundamentación en la que sostiene que la compradora además de conocer sobre la 
enfermedad de 
la vendedora también se aprovechó de ese estado.
4.2. Para probar tales extremos, sostiene: que la enfermedad está demostrada por las 
pruebas médicas (certificados, historia clínica); que la no comprensión de los actos jurídicos se 
infiere  en 
especial de la conducta que asumió con posterioridad a la venta, ya que ni siquiera recordaba haber 
firmado el 
boleto de compraventa ni con quién lo hizo, limitándose a aseverar el conocimiento por parte de la 
demandada 
de que la vendedora padecía alguna afección de tipo mental y respecto del notario afirma que éste 
no llevó  a 
cabo las verificaciones necesarias a fin de desempeñar fielmente su función de fedatario público.
Es sobre esa plataforma de hechos, que invocó la aplicación al caso de las normas legales 
que aluden a la nulidad de los actos jurídicos en los términos de los artículos 1037 a 1058 "bis" del 
Código 
Civil ley 340. 
4.3. Ahora, debe tenerse presente que hasta antes del dictado de la sentencia aquí 
revisada, ni la actora ni ningún otro familiar, allegado o el Ministerio Público, inició juicio de 
declaración de 
incapacidad o de restricción de la capacidad, a fin de inhabilitar a María Gabriela López para 
administrar y 
disponer de su patrimonio y designarle como medio de apoyo adecuado un/a curador/a. De manera 
que María 
Gabriela López era persona plenamente capaz para otorgar el acto jurídico que celebró al tiempo de 
su 
otorgamiento.
Es oportuno dejar en claro que la capacidad debe ser comprendida como concepto 
jurídico abstracto, en tanto atributo de la personalidad. Carecían de él las personas declaradas 
"dementes",  tal 
como las denominaba el Código velezano (artículo 52, 54 inciso 3º y siguientes del Código Civil), 
pero que 
constituye hoy una terminología ya abandonada por sus connotaciones discriminatorias y 
peyorativas que no se 
corresponden con los nuevos paradigmas de salud mental. 
Por su parte el discernimiento se refiere a la aptitud del sujeto para entender o querer, 
como facultad volitiva de determinación (ZANNONI, Eduardo A., Ineficacia y nulidad de los actos 
jurídicos, Astrea, 4ª 
reimpresión, Buenos Aires, 2007, pág. 242). 
Capacidad y discernimiento remiten a conceptos que están vinculados: el discernimiento 
viene de la naturaleza y el Derecho toma ese dato biológico para reglar la capacidad, sus 
restricciones y la 
incapacidad de las personas afectadas por padecimientos mentales comprobados, en la medida que 
interfieran 
en el desarrollo del sujeto que los padece y en miras a su protección. 
De ahí que -como lo explica Zannoni en la obra antes citada- la declaración judicial de 
demencia creaba un estado general de incapacidad de hecho y a partir de tal declaración existía 
una carencia de 
discernimiento presumida por la ley. Contrariamente, el hecho de la alienación mental no constatada 
ni 
declarada judicialmente, no alteraba la presunción jurídica de capacidad hasta la declaración, que 
debía entonces 
ser desvirtuada por prueba en contrario porque "la ley presume que toda persona está en su sano 
juicio" como 
decía el artículo 3616  del CC (Zannoni, Eduardo A., p. 243). (Cfr. Sent. Nº  65 del 06/05/19 en  
Expte. Nº 8705/12-1-C de 
esta Sala I CACC).   
4.4. Entonces, la situación de autos no encuadra en la preceptiva de los artículos 1041 y 
1042 del Código Civil, en tanto ésta alude a la invalidez de los actos otorgados por incapaces. 
Ahora, en razón de que el padecimiento de orden mental que afecta a María Gabriela, tal 
como lo verificó la Sra. Juez A-quo; se advierte que no se intentó siquiera iniciar una acción a fin de 
declarar su 
inhabilitación en los términos del artículo 32 del Código Civil y Comercial, situación que en definitiva 
podría 
haber hecho sospechar de la validez del acto de disposición cuestionado. Ante la inacción en este 
sentido de la 
actora o sus allegados, debe por tanto, presumirse que la misma detentaba pleno discernimiento en 
el momento 
de comprometer la venta del inmueble como en oportunidad de escriturarlo, presunción que por ser 
de origen 
legal, mantiene su vigencia hasta ser desvirtuada por prueba en contrario; extremo que en el caso 
no se verificó. 
4.5. Recuérdese que según lo dispuesto por el art. 367 del CPCC; "Cada una de las 
partes tendrá la carga de probar el presupuesto de hecho de la norma o normas que invocase como 
fundamento de su pretensión, defensa o excepción, siempre que tal norma determinare que su 
pretensión 
resultare triunfante ...". Nuestro código de rito ha adoptado la teoría de Leo Rosenberg -también 
receptada por 
el CPCN-, que sostiene que cada parte soporta la carga de la prueba sobre la existencia de los 
presupuestos de 
hecho de las normas sin cuya aplicación no puede tener éxito su pretensión, es decir que cada 
parte debe 
afirmar y probar los presupuestos de las normas que le son favorables (Cfr. Tratado de Derecho 
Procesal Civil Trad. 
de -ngela Romero Vera, Ejea, Bs As., 1955, T. II, p. 22, citado en "La Prueba en el Proceso Civil" 
de Roland Arazi, 3era Ed. 
Act. Rubinzal Culzoni Editores, pag. 80). 
A continuación el art. 367 establece: "La distribución de la carga de la prueba no 
obstará a la iniciativa probatoria del Juez o Tribunal, ni a la apreciación, conforme con las reglas de 
la 
sana crítica, la conducta observada por las partes, de las omisiones, deficiencias de la prueba, o 
ausencia 
de la colaboración debida. El Juez o Tribunal indicarán, concretamente, cuáles medios de pruebas 
relevantes o de significación fundan principalmente su decisión". De esta manera nuestro ritual 
adopta como 
sistema de apreciación de la prueba el de "la sana crítica", que exige un proceso de lógico 
razonamiento, ya que 
el legislador ha encomendado al juez apreciar libremente las pruebas, pero siempre sujeta a 
principios que 
eviten la arbitrariedad. 
Arazi define a la sana crítica en estos términos: "... es el sistema que concede al juez la 
facultad de apreciar libremente la prueba, pero respetando las reglas de la lógica y las máximas de la 
experiencia" (Cfr. Arazi, ob. cit., pag. 110). Aunque si en algunos casos el magistrado no tiene el 
deber de 
manifestar su forma de razonar es porque se supone que lo ha hecho de acuerdo con las reglas de 
la lógica y las 
máximas de la experiencia. 
De esta manera, el juez a la hora de sentenciar determina cuáles son las cuestiones a 
resolver, realiza su encuadre legal, separa y verifica los presupuestos de hecho de tales normas que 
fueron 
planteados por las partes y comprueba si los mismos han sido probados, haciendo la interpretación y 
valoración 
de la prueba. 
Un simple repaso de la sentencia que aquí se revisa da cuenta, que la Juez de primera 
instancia ha llevado a cabo esta tarea a la hora de resolver la cuestión debatida, esto es si la 
compraventa del 
inmueble celebrada entre las partes resulta nula por haber estado viciada la voluntad de la 
vendedora al 
momento de disponer el bien en favor de la demandada. Se advierte que la A-quo ha efectuado con 
minuciosidad 
y claridad, plasmando un resumen de todas las pruebas producidas durante el proceso y 
merituándolas tanto 
conjunta como individualmente.
De allí que el agravio de la actora referido a la falta de consideración de la pericia 
psiquiátrica de fs. 187/190 por parte de la Magistrada de grado, carece de crítica suficiente que 
permita 
detectar en qué  yerro u omisión incurrió ésta (art. 270 CPCC). Por el contrario, de los considerandos 
-
particularmente los de fs. 274 y vta.- se desprenden suficientes argumentos que respaldan la 
decisión a la que 
accede la A quo, en los que expresa que el dictamen del perito en cuanto a que "es muy probable 
que para el 15 
de marzo de 2012 la paciente haya presentado gran parte del deterioro que hoy presenta", no 
resultó suficiente a 
su juicio para darle el grado de certeza requerido a fin de declarar la nulidad de un negocio jurídico 
como lo es 
la compraventa de un inmueble. 
Recapitulemos que el dictamen pericial no reviste el carácter de prueba legal o tasada, 
por lo cual no es vinculante para el magistrado. Precisamente al no haber la pericia psiquiátrica 
provocado en la 
Juez A quo la formación de su convicción relativa a la existencia de una deficiencia en la voluntad 
de la actora 
al momento de vender el inmueble, -recuérdese los términos en que se expresó el experto "es muy 
probable..."-, es que la Magistrada tuvo por no lograda la minoración de las facultades mentales de 
la actora y  
en base a ello sostuvo la validez del acto jurídico impugnado. 
Asimismo se advierte que tal consideración fue realizada en el contexto de la evaluación 
global de todas las pruebas rendidas en autos que resultaron pertinentes para dilucidar la cuestión 
debatida, ya 
que a continuación valoró los dichos de los testigos Mambrim (fs. 113), Martínez (fs. 114) y Wagner 
Meza 
Enciso (fs. 116) en los que tampoco encontró elementos suficientes que acrediten las pretensiones 
de la actora 
nulificante. 
Estas razones resultan suficientes para desestimar el agravio aquí en trato, ya que la Juez 
de primera instancia a la hora valoró la pericia psiquiátrica en conjunto con las restantes pruebas y 
demás 
hechos debatidos en la causa. 
Estimo entonces que para que la demanda prosperase, la actora debió acreditar de modo 
fehaciente que la misma alteración mental permanente, patológica que fue detectada en 
oportunidad de 
realizársele la pericia, existía ya a la época de celebrar la compraventa impugnada -tiempo antes y 
tiempo 
después-, intervalo ese que constituye un "período de sospecha"- y que lo era en forma pública. 
Todavía, si no se 
acredita la notoriedad del padecimiento mental queda la posibilidad de demostrar que la adquirente 
demandada 
conocía al momento de constatar la afección psiquiátrica de la vendedora.
Luego, si la alteración patológica de su salud mental era notoria para el entorno de la Sra. 
López (familiares, conocidos, médicos, vecinos, en fin, personas con las que interactuaba), 
considero que ello 
no ha sido comprobado, ya que no existen pruebas que permitan inferirlo o que cuando menos 
constituyan 
indicios graves  a partir de los que pudieran extraerse presunciones válidas (artículo 179 inciso 5 del 
CPCC).
Los testimonios proporcionados en la causa no logran demostrar cuál era el 
comportamiento de la actora a la época de vender el inmueble, y de ahí que no permiten advertir 
para el común 
de la gente -lego en las ciencias de la salud-, la presencia de una personalidad patológica que se 
identifique con 
la falta de capacidad para razonar y comprender el sentido de las cosas y las consecuencias de sus 
actos. 
				En consecuencia, a mi juicio y de acuerdo a las pruebas de 
la causa, la alteración psiquiátrica 
de la Señora López no se presentaba en su medio como un hecho notorio, por todos conocidos.
4.6. Por último, tampoco encuentro elementos que hagan sospechar que la demandada 
compradora se aprovechó de la vendedora, de su vulnerabilidad, ignorancia o necesidad 
económica como alega 
la actora, circunstancias tales que podrían llevar a la anulación del acto por lesión (conforme 
artículo 954 del 
Código Civil).
Aquí la incidentista nulificante se limitó a afirmar que tanto la compradora como el 
escribano que certificó las firmas puestas en el contrato de compraventa, se aprovecharon de la 
disminución de 
sus facultades mentales, aseveración que finalmente no resultó acreditada, adhiriendo en este 
sentido a la 
conclusión a la que arribara mi colega de primera instancia al determinar que las conclusiones a las 
que se 
arribara en la pericia psiquiátrica, - realizada luego de transcurrido 5 años de la enajenación del bien- 
no 
resultan suficiente para determinar la inexistencia de voluntad plena en la actora en aquél hecho 
histórico. 
Por otro lado se advierte además que la actora tampoco ofreció prueba tendiente a 
verificar si existió incongruencia entre el precio pactado con la demandada y el valor de mercado del 
inmueble 
enajenado para acreditar de algún modo el aprovechamiento por parte de los demandados al que 
refiere. 
4.7. Por lo demás coincido con el criterio sustentado por la  Juez de grado priorizando la 
seguridad jurídica ya que es un criterio válido ante la duda.
Es que si no se comprueba de forma certera que el caso presenta los condimentos 
exigibles para la anulación de los actos jurídicos -que se han analizado antes- se debe estar por su 
conservación 
por así reclamarlo el tráfico jurídico, decisión que se corresponde con un criterio de seguridad. (Cfr. 
Sent. Nº  65 
del 06/05/19 en  Expte. Nº 8705/12-1-C de esta Sala I CACC, confirmada por Sent. Nº 152/20 del 
S.T.J.)
Se trata entonces de ponderar los intereses en juego, por un lado, la protección de quien a 
raíz de sus discapacidades se vea expuesto a otorgar actos que puedan perjudicarlos -y de sus 
familiares que lo 
heredarán-,   y por el otro lado,  la protección de quienes contratan con él y en su caso, de los 
sucesivos 
subadquirentes. 
Así se ha dicho que "Es improcedente la declaración de nulidad de un acto celebrado por 
un demente si la enfermedad no era notoria, siempre que se trate de contratantes de buena fe ya 
título oneroso, 
haya habido o no interdicción, pues la última parte del art- 473 del Cód. Civil apunta a hacer 
prevalecer la 
seguridad jurídicas sobre los intereses del incapaz. La anulación de un acto llevado a cabo por un 
demente 
requiere la prueba insospechada, concluyente y decisiva de que la demencia era pública en el 
tiempo de la 
celebración del acto. En caso de duda, por tanto, debe estarse por la validez (CNCiv., sala I, 
1996/05/07, LA 
LEY, 1997-A, 164)".
Por lo expuesto, propicio confirmar la sentencia de primera instancia en cuanto 
desestima la acción de nulidad contra Vilma Gladis Carrion y Eduardo Roman Bernachea. 
COSTAS Y HONORARIOS DE ALZADA Las costas en esta instancia por la apelación 
contra la sentencia, conforme al principio general de la derrota previsto en el art. 83 del ritual, se 
imponen a la 
actora apelante vencida. Los honorarios, atento la naturaleza de la acción impetrada, se regulan 
sobre la base de 
un SMVM vigente a la fecha, aplicando la reducción del artículo 11 de la ley 288-C (50%) y las 
previsiones de 
los arts. 3, 4, 6 y 7 del arancel, resultando las sumas que más abajo se estipulan. ASI VOTO.-
				A LAS MISMAS CUESTIONES LA DRA. WILMA SARA 
MARTÍNEZ DIJO:  Que 
coincide con el análisis y consideraciones de hecho y de derecho efectuadas precedentemente por 
la señora 
Juez preopinante, por lo que me adhiero a sus conclusiones y voto en idéntico sentido. 
				No siendo para más, se da por terminado el presente 
Acuerdo,  firmando las Señoras Jueces 
por ante mi Secretaria Autorizante, que doy fe.

	Dra. WILMA SARA MARTINEZ				Dra. ELOISA 
ARACELI BARRETO
		JUEZ - SALA PRIMERA					
	  JUEZ - SALA PRIMERA
    CAMARA DE APELACIONES CIVIL Y COMERCIAL		      CAMARA DE 
APELACIONES CIVIL Y COMERCIAL

Dra. MARIA LUCIANA RAJOY URRUTIA
SECRETARIA - SALA PRIMERA
CAMARA DE APELACIONES CIVIL Y COMERCIAL

SENTENCIA
Resistencia,   05 de octubre de 2020.-		             		          Nº 292./
Por los fundamentos expuestos en el Acuerdo que antecede, la Sala Primera de la Cámara 
de Apelaciones en lo Civil y Comercial,
RESUELVE:
I.- CONFIRMAR la sentencia de primera instancia dictada a fs. 258/279 y vta. en todo 
cuanto fuera materia de apelación.  
II.-  IMPONER las costas de Alzada a la actora apelante vencida y REGULAR los 
honorarios de la Dra. CARINA NATALIA CONTRERAS, en la suma de PESOS OCHO MIL 
CUATROCIENTOS 
TREINTA y OCHO ($ 8.438,00) como patrocinante. Para el Dr. LUIS RODRIGO MAIDANA LADU, 
en la 
suma de PESOS CINCO MIL NOVECIENTOS SIETE ($ 5.907,00) como patrocinante. Todo con 
más IVA si 
corresponde. 
III.- REGISTRESE, protocolícese, notifíquese y bajen los autos al Juzgado de origen. 
Agréguese copia de la presente en la causa acumulada.

	Dra. WILMA SARA MARTINEZ				Dra. ELOISA 
ARACELI BARRETO 
		JUEZ - SALA PRIMERA					
	  JUEZ - SALA PRIMERA
    CAMARA DE APELACIONES CIVIL Y COMERCIAL		       CAMARA DE 
APELACIONES CIVIL Y COMERCIAL
	
A DESPACHO: 06/10/2020
CONSTE:
Dra. MARIA LUCIANA RAJOY URRUTIA
SECRETARIA - SALA PRIMERA
CAMARA DE APELACIONES CIVIL Y COMERCIAL
 
------------------------------------------------------
Expte. N°: 1542/15-1-C    -Foja: 572- PINO, CESAR GABRIEL Y LEYES,
               PAULO EXEQUIEL C/ ALVAREZ, ISAAC JAVIER Y/O ENRIQUEZ, GERARDO 
               ARIEL S/DAÑOS Y PERJUICIOS Y DAÑO MORAL POR ACCIDENTE DE TRANSITO -
CONSTANCIA +fs.572
 
El mensaje se entregó EL 02/10/20  a los siguientes destinatarios:

CARLOS GUILLERMO VARAS (mat1713@justiciachaco.gov.ar) <mailto:mat1713
@justiciachaco.gov.ar> 

JUAN BASILIO RAMIREZ (aux042710@justiciachaco.gov.ar) <mailto:aux042710
@justiciachaco.gov.ar> 

ADRIAN OMAR BLANCO (aux010083@justiciachaco.gov.ar) <mailto:aux010083
@justiciachaco.gov.ar> 

DIEGO MIGUEL ANGEL CLAUDE (mat3023@justiciachaco.gov.ar) <mailto:mat3023
@justiciachaco.gov.ar> 

CELIA JUDCHAK (mat489@justiciachaco.gov.ar) <mailto:mat489@justiciachaco.gov.ar> 

JUAN MARTIN GUILLERMO VARAS (mat6575@justiciachaco.gov.ar) <mailto:mat6575
@justiciachaco.gov.ar> 

Asunto: providencia dictada en expte. nro. 1452/15-1-c, "PINO, CESAR GABRIEL Y LEYES, 
PAULO EXEQUIEL C/ALVAREZ Y OTRO S/DAÑOS"

A DESPACHO: 06/10/2020
CONSTE:
Dra. MARIA LUCIANA RAJOY URRUTIA
SECRETARIA - SALA PRIMERA
CAMARA DE APELACIONES CIVIL Y COMERCIAL
 
------------------------------------------------------
Expte. N°: 13094/16-1-C   -Foja: 322- PISARELLO, REYNALDO ELISEO
               C/ SANTILLAN, ANAHI S/RESCISION DE CONTRATO -
ACTA DE SORTEO DRA. BARRETO 1ER VOTO + fs.322
 
322
Dra. MARIA LUCIANA RAJOY URRUTIA
SECRETARIA - SALA PRIMERA
CAMARA DE APELACIONES CIVIL Y COMERCIAL
En la ciudad de Resistencia, capital de la Provincia del Chaco, a los                    cinco (05) días del 
mes de 
octubre de 2020, se reúnen las Sras. Jueces integrantes de la Sala Primera de la Cámara de 
Apelaciones en lo 
Civil y Comercial: Dras. WILMA SARA MARTINEZ y ELOISA ARACELI BARRETO, a los fines del 
sorteo de orden de votación en estos autos caratulados: "PISARELLO, REYNALDO ELISEO C/ 
SANTILLAN, ANAHI S/ RESCISION DE CONTRATO", EXPEDIENTE Nº 13094/16-1-C. 
Practicado el 
mismo resultó sorteada la Dra. ELOISA ARACELI BARRETO como Juez de Primer Voto y la Dra. 
WILMA 
SARA MARTINEZ como Juez de Segundo Voto. No siendo para más, se da por terminado el acto, 
firmando las 
señoras Jueces por ante mí, Secretaria Autorizante, que doy fe.-

	 Dra. WILMA SARA MARTINEZ				Dra. ELOISA 
ARACELI BARRETO
		JUEZ - SALA PRIMERA					
	  JUEZ - SALA PRIMERA
     CAMARA DE APELACIONES CIVIL Y COMERCIAL		    CAMARA DE 
APELACIONES CIVIL Y COMERCIAL

Dra. MARIA LUCIANA RAJOY URRUTIA
SECRETARIA - SALA PRIMERA
CAMARA DE APELACIONES CIVIL Y COMERCIAL

------------------------------------------------------
Expte. N°: 13094/16-1-C   -Foja: 321- PISARELLO, REYNALDO ELISEO
               C/ SANTILLAN, ANAHI S/RESCISION DE CONTRATO -
AUTOS+ fs.321
 
321
Dra. MARIA LUCIANA RAJOY URRUTIA
SECRETARIA - SALA PRIMERA
CAMARA DE APELACIONES CIVIL Y COMERCIAL
CORRESPONDE AL EXPEDIENTE Nº13094/16-1-C. VAS.

Resistencia, 05 de octubre de 2020.-
Atento el estado de la causa, llámase AUTOS. NOT.-

Dra. ELOISA ARACELI BARRETO
PRESIDENTE - SALA PRIMERA
CAMARA DE APELACIONES CIVIL Y COMERCIAL

------------------------------------------------------
Expte. N°: 13094/16-1-C   -Foja: 323/334- PISARELLO, REYNALDO
               ELISEO C/ SANTILLAN, ANAHI S/RESCISION DE CONTRATO -
SENTENCIA DEFINITIVA LIBRE OCTUBRE Nº 295+ FS.323/334)
 
Nº295./En la ciudad de Resistencia, capital de la Provincia del Chaco, a los cinco (05) días del mes 
de octubre 
del año dos mil veinte, reunidas en Acuerdo las Señoras Jueces de la Sala Primera de la Cámara de 
Apelaciones 
en lo Civil y Comercial, DRAS. WILMA SARA MARTÍNEZ y ELOISA ARACELI BARRETO, toman en 
consideración para resolver en definitiva la causa caratulada: "PISARELLO, REYNALDO ELISEO 
C/ 
SANTILLAN, ANAHI S/ RESCISION DE CONTRATO", Expediente N° 13094/16-1-C, venido en 
grado de 
apelación del Juzgado en lo Civil y Comercial de la Décimo Cuarta Nominación de esta ciudad. 
Practicado el 
sorteo de orden de votación resultaron sorteadas las Dras. Eloisa Araceli Barreto y Wilma Sara 
Martinez,como Juez de primer y segundo voto, respectivamente.
I.  RELACION DE LA CAUSA: LA DRA. ELOISA ARACELI BARRETO, DIJO: La 
relación de la causa efectuada por el Sr. Juez de grado en la sentencia de fs. 263/271 vta. se 
ajusta, en lo 
pertinente, a las constancias de autos, por lo que a fin de evitar repeticiones a ella me remito.
La decisión de primera instancia rechaza la demanda de resolución de contrato incoada 
por Reynaldo Eliseo Pisarello contra Anahí Santillán; y admite la reconvención por escrituración, 
condenando al primero a escriturar a favor de la contraria el inmueble objeto del contrato de marras, 
dentro del 
plazo de los treinta días de quedar determinado el saldo definitivo de la operación, que deberá 
abonarse en 
el acto de suscripción. Consecuentemente, impone costas en el orden causado y difiere regulación 
de 
honorarios para la oportunidad indicada.
Disconforme con la decisión, se alza la parte actora reconvenida, Dr. Reynaldo Eliseo 
Pisarello, por derecho propio,  quien -con el patrocinio letrado de la Dra. Yolanda Pisarello- a 
fs.273/280 vta. 
interpone y funda recurso de apelación. A fs. 281 se concede dicho recurso, libremente y con 
efecto 
suspensivo, corriéndose el traslado que, a fs. 282/284 vta., es contestado por el Dr. Iván Gabriel 
Zagert, 
abogado apoderado de la demandada reconviniente.
Se dispuso la elevación de la causa a fs. 301, tras sustanciar el recurso de apelación 
que subsidiariamente interpuso la demandada reconviniente, contra el auto que declaró la 
extemporaneidad del 
recurso de apelación que articulara contra la sentencia definitiva recaída. 
Recibida las misma, a fs. 306 se hace saber su radicación ante esta Sala Primera de la 
Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta ciudad, notificándose electrónicamente a los 
interesados.
A  fs. 310/311 vta. se dicta sentencia interlocutoria, que declara mal concedido el 
recurso de apelación subsidiariamente interpuesto por la demandada reconviniente.  
A fs. 321 se llama Autos y a fs. 322, obra acta que determina el orden en que emitirán 
sus votos las Sras. Magistradas, quedando la causa en condiciones de ser resuelta.
LA DRA. WILMA SARA MARTINEZ, DIJO: Que presta conformidad a la relación 
de la causa efectuada precedentemente.
II.  SEGUIDAMENTE: El Tribunal en la opinión coincidente de ambas magistradas, 
plantea como cuestión a resolver si la sentencia de primera instancia debe ser confirmada, 
modificada o 
revocada.
III. A LA CUESTION PLANTEADA, LA DRA. ELOISA ARACELI BARRETO, 
DIJO: 
1.  Como fuera introducido, a fs. 263/272 vta. el Sr. Juez de primera instancia dictó 
sentencia, rechazando la demanda de resolución de contrato incoada por Reynaldo Eliseo Pisarello 
contra 
Anahí Santillán; y admitiendo la reconvención por escrituración. Así, condenó al primero a escriturar 
a favor 
de la contraria el inmueble objeto del contrato de marras, dentro del plazo de los treinta días de 
quedar 
determinado el saldo definitivo de la operación, que deberá abonarse en el acto de suscripción. 
Consecuentemente, impuso costas en el orden causado y difirió regulación de honorarios para la 
oportunidad 
indicada.
2. Manifiesta el actor reconvenido que le causa agravio la sentencia en cuanto limita la 
libertad que, el art. 1197 del Cód. Civil y el art. 958 del Cód. Civil y Comercial, les reconocen a los 
contratos. 
Asegura que no existe ambigüedad en la cláusula sexta que refiere al pacto comisorio; y 
que nada autoriza al A-quo a modificar lo suscripto por las partes, pues le está prohibido alterar el 
contrato. 
Más adelante expresa que el contrato fue celebrado en el año 2009, por lo que la rescisión del 
contrato expresa 
y claramente pactada en la cláusula sexta, se encuentra bajo el amparo del art. 1196 del Código 
Velezano.
Refiere que la sentencia reconoce que su parte no ha recibido el precio pactado ni el 
pago por expensas; es decir que ninguna de las dos obligaciones asumidas fueron cumplidas por la 
contraria, 
por lo que ingresó al proceso en mora; sin embargo -acusa- terminó por magia jurídica, beneficiada 
con una 
escrituración a su favor.
Considera que el Fallo lesiona su derecho de propiedad porque sustrae de su patrimonio 
un bien sin que el adquirente haya pagado íntegramente por él, y porque lo priva del derecho 
derivado del art. 
965 del Cód. Civil y Comercial.
Se explaya acerca del pago de expensas.
Invoca injuria legal en la omisión de considerar que, en la demanda, se había reclamado 
como causal de rescisión del contrato que "tampoco fue abonado el 40% que la misma -la 
demandada-  
debía abonar de expensas", comprendiendo con ello todas las expensas adeudadas.
Destaca con negrillas que no hay ninguna prueba, indicio ni presunción, que permita al 
Juez sostener que la demandada reconviniente hubiera pagado expensas.
Expone que conforme copia de carta documento de fs. 4, se ha intimado a la demandada 
al pago de las expensas de agosto, septiembre y octubre de 2009; y seguidamente se queja de que 
se atribuya al 
recibo que refiere "gastos comunes", el pago de las expensas de agosto: advierte que en él no se 
ha consignado 
que ese pago se impute a expensas, o que sea el 40% al que se había obligado o que siquiera se 
vincule a ellas.
Agrega que, si como acreedor se acepta un pago por suma inferior a la de la acreencia, 
nada autoriza a suponer que el mismo renuncia, condona o confiere quita al deudor. Con cita de lo 
dispuesto en 
el art. 874 del Cód. Civil y en el art. 948 del Cód. Civil y Comercial, que ni la anterior ni la vigente 
normativa 
autorizan a tomar por cancelatorio el pago sin intereses ni el pago parcial, incorporando a lo dicho, el 
art. 870 
del último cuerpo legal.
Insiste en que no se explica cuál fue el proceso racional por el cual el magistrado vinculó 
el recibo en cuestión al pago de expensas, vulnerando el derecho de defensa al atribuir eficacia 
material a 
aquéllo que no lo tiene.
Alega que la demandada no acompañó ningún recibo de expensas; que la declaración de 
fs. 204 de la administración del edificio, así lo ratifica; y que con el informe de fs. 122 se demuestra 
que quien 
efectuó todos los pagos siempre fue el accionante.
Invoca que, arbitrariamente, el Magistrado sostuvo que el plazo por el cual se intimó a la 
demandada por el pago de expensas es inferior al de 15 días que establecía el 1240 del Cód. Civil. 
Transcribe 
dicha normativa, resaltando la última parte de la misma. Trae a colación el Reglamento de 
Copropiedad y 
Administración, en el entendimiento de que él es una fuente de la obligación de pagar expensas a la 
que remite 
la citada normativa. Solicita se le asigne eficacia probatoria, y remarca que de él surge que la mora 
en el 
cumplimiento de la obligación es automática mes a mes, y las expensas se deben abonar todos los 
meses.
En función de lo expuesto, concluye que es arbitraria la sentencia que exige se le dé a la 
demandada el plazo de quince días para cumplir una obligación, ya en mora por disposición de la 
ley (art. 509 
Cód. Civil y art. 886, Cód. Civil. y Comercial) y del Reglamento de Copropiedad y Administración. 
Entiende que ese plazo de quince días que establece la norma, es para evitar el ejercicio 
intempestivo de una acción; y que en el caso, la demandada no ha cumplido con la intimación 
cursada, ni dentro 
de los cinco días que le confería la carta documento, ni dentro de los quince días a los que alude la 
sentencia 
recurrida, ni dentro de los siete años transcurridos hasta la interposición de la demanda, ni los diez 
años que 
transcurrieron al dictado de la sentencia.
Desde otra perspectiva, advierte que el citado art. 1204 del Cód. Civil, sólo confiere una 
facultad al disponer que "el acreedor podrá requerir al incumplidor...", por lo que no corresponde 
exigir a su 
parte tal requerimiento.
Transcribe el tercer párrafo del mismo precepto, y arguye que en casos como el de 
marras, en que el pacto comisorio es expreso, operan todos sus efectos, de pleno derecho, y lo 
torna válido la 
simple notificación de rescisión a la incumplidora.
Agravia a su parte que el A-quo sostenga que el incumplimiento de la demandada no tiene 
entidad para la rescisión del contrato, cuando se deben 120 meses de expensas, mencionando -a 
modo de 
ejemplo- que el monto adeudado por las expensas correspondientes a agosto de 2009, importaría la 
suma de 
$226.464; y en sentido similar, que se dijera que la demandada abonó más del 90% del precio de la 
compra, 
porque en los cálculos realizados no se ha contemplado que, parte del pago del saldo del precio son 
los 
intereses pactados, lo que fue omitido en la sentencia, y conforme art. 870 del Cód. Civil y 
Comercial, forman 
parte del precio de venta.
Por último, que agravia a su parte la omisión incurrida al no considerar que al promover 
la demanda también se han reclamado los daños y perjuicios causados por el incumplimiento 
contractual 
invocado, el que fue reconocido por la demandada al contestar la demanda, y por el judicante, al 
dictar la 
sentencia.
Concluye señalando que la obligación inherente a los planos, era conjunta de ambas 
partes contratantes; y que no hay mora de su parte por no levantar el bien de familia, por cuanto ello 
puede ser 
realizado al formular la escritura, en tanto ninguna normativa lo prohibe.
Con base en tales consideraciones, solicita se revoque la sentencia atacada, con costas.
3. Conferido a fs. 281 el traslado pertinente, el Dr. Iván Gabriel Zagert, en carácter de 
apoderado de la accionada, lo contesta a fs. 282/284 vta.; ocasión en que efectúa un análisis de 
cada uno de los 
agravios esbozados por la contraria, al que me remito en honor a la brevedad, y doy por reproducido 
en éste 
acto.
4. Analizadas las constancias actuariales a la luz de los agravios vertidos por la apelante, 
cabe recordar que el presente juicio se inicia con la demanda de rescisión contractual entablada por 
Reynaldo 
Eliseo Pisarello contra Anahí Santillán, con fundamento en el incumplimiento de las obligaciones 
asumidas 
mediante acuerdo privado suscripto en fecha 19/02/09, mediante el que el primero cedía a la 
segunda los 
derechos sobre parte de la Unidad Funcional Nº 1 (Planta Baja) del Edificio Torre Sol 1, constituída 
por dos 
departamentos, inscripta al FR Nº 37635, San Fernando.
Al promover la demanda, Pisarello sostuvo que Santillán además de la entrega inicial, 
abonó sólo ocho (8) de las cincuenta (50) cuotas convenidas para tal adquisición; y que no cumplió 
con el pago 
del 40% de las expensas a las que se había comprometido. Con base en ello, reclama la restitución 
del 
inmueble, el pago de los intereses pactados, que solicita sean tomados como resarcimiento por los 
daños y 
perjuicios por el incumplimiento, además de los causados en concepto de privación de uso al que 
más 
adelante agrega la falta del pago de expensas e impuestos municipales; y tras indicar los parámetros 
para su 
determinación, sugiere se determine la compensación del monto obtenido, con el que a él se 
imponga restituir 
(fs. 7 y vta. y fs. 13 y vta.).
Por su parte, Santillán peticiona el rechazo de la demanda negando terminantemente 
adeudar las sumas que reclama la contraria, y tras invocar abuso del derecho del que -asegura- se 
valió la 
contraparte en función de las numerosas circunstancias que menciona, deduce reconvención 
exigiendo al 
accionante la subdivisión y la escrituración convenidas en el contrato celebrado; acompañando en 
la misma 
ocasión cuatro (4) comprobantes de depósitos bancarios y cuarenta y seis (46) recibos suscriptos 
por el Dr. 
Reynaldo E. Pisarello (v. fs. 36/44 y documentación reservada bajo Sobre Nº13094/16-D-G, conf. 
cargo de 
fs. 45 vta./46).
A su turno, Pisarello expone que los comprobantes adjuntados por la contraria abarcan 
los pagos efectuados desde el mes de febrero de 2009 hasta marzo de 2013, quedando totalmente 
impagos los 
meses de mayo y julio de 2010, enero y octubre de 2011, y abril y mayo de 2013; y parcialmente 
impagos, los 
restantes 43 meses comprendidos, según el saldo del precio de venta convenido, actualizado 
conforme los 
intereses pactados. Explica su razonamiento con la planilla que acompaña, según la cual el monto 
adeudado por 
el incumplimiento de pago en tiempo y forma asciende a la suma de $351.426,20, advirtiendo que la 
suma de 
$1.500 de la que diera cuenta cada recibo, no se condice con los u$s 400 pactados, según el valor 
del dolar al 
cambio oficial de cada vencimiento; a lo que suma las cuotas impagas y los intereses adeudados. 
Insiste además 
en la omisión en que incurrió la demandada al no abonar el 40% de las expensas correspondientes, 
admitiendo 
que lo había hecho en las cinco (5) oportunidades a las que refieren los recibos adjuntados (v. fs. 
52).
De la lectura de la sentencia atacada se desprende que el judicante ha examinado el caso a 
la luz del principio de buena fe que debe imperar tanto al celebrar el contrato, como al interpretarlo y 
al 
cumplirlo (v. fs. 266); y tras repasar los términos en los que fue celebrado (v. fs. 266 vta.), remarca 
que lo 
natural implica que los contratantes tiendan al logro del resultado originariamente perseguido (ver fs. 
267). 
Asimismo, dedica apartado exclusivo a desarrollar la facultad resolutoria conocida como pacto 
comisorio, 
advirtiendo que para que prospere la resolución contractual es necesario que se trate de un 
contrato con 
prestaciones específicas y que el incumplimiento sea grave o importante (v. fs. 267 y vta.).
Bajo tales postulados analiza la prueba rendida; y luego de confrontar las sumas abonadas 
según los comprobantes de depósito bancario y los recibos suscriptos por el Dr. Pisarello, con el 
valor del 
dólar estadounidense a la fecha de cada pago, concluye que de los veinte mil dólares (u$s 20.000) 
pactados, la 
compradora abonó diecisiete mil cinco con siete centavos de dólar (u$s 17.005,07) (v. fs. 268 y 
vta.).
Sin desconocer el incumplimiento parcial en que incurrió la demandada, el Magistrado 
remarca que el actor reconvenido continuó otorgando recibos en concepto de cuota hasta el mes 
de marzo de 
2013, sin efectuar objeciones ni reservas; por lo que admitir la rescisión del contrato planteada en 
esta 
instancia importaría un ejercicio abusivo de la facultad resolutoria, dado que el cumplimiento 
inexacto o 
defectuoso constatado al haberse abonado más del 90% del precio pactado, no se condice con la 
gravedad del 
defecto que legitimaría la resolución (v. fs. 268 vta./269 vta.).
En relación al incumplimiento del 40% de las expensas, el A-quo sostiene que las 
partes no acordaron fecha de cumplimiento de la obligación, por lo que la demandada no se 
encontraba en mora 
al promoverse la acción; aclarando que como la intimación cursada por carta documento no se 
realizó por el 
plazo previsto en el art. 1024 del Cód. Civil entonces vigente, tampoco opera como condición para 
la 
resolución peticionada.
Desde otra perspectiva, agrega que no surge de los actuados que el accionante 
reconvenido hubiera cumplido con su obligación de confeccionar planos y realizar los demás 
trámites que 
especifica (división de la Unidad Funcional 01, cancelación de hipoteca, desafectación del bien de 
familia).
Con base en tales consideraciones, se rechaza la demanda de rescisión de contrato y 
consecuentemente los daños y perjuicios reclamados, admitiendo la reconvención deducida por la 
demandada, 
garantizando el derecho del vendedor a percibir el saldo del precio mediante la condición de que -
previa 
determinación- se abone el saldo del precio pactado.
5.  De lo apuntado emerge liminarmente que, si bien al promover la acción de rescisión, 
Pisarello sostuvo que Santillán -además de la entrega inicial- abonó sólo ocho (8) de las cincuenta 
(50) cuotas 
convenidas para tal adquisición; con la documentación adjuntada por la contraria, el judicante 
corroboró que 
la compradora había abonado diecisiete mil cinco con siete centavos de dólar (u$s 17.005,07), del 
saldo 
de los veinte mil dólares (u$s 20.000) pactados; razonamiento al que arribó luego de confrontar las 
sumas 
consignadas en los comprobantes aportados, con el valor del dólar estadounidense a la fecha de 
cada pago (v. 
fs. 268 y vta.); lo cual, sumando a la indiscutida entrega inicial de cincuenta mil pesos ($50.000), 
importa - a criterio del iudex- que la demandada reconviniente pagó más del 90% del precio 
convenido.
Al margen de la queja que ensaya el apelante sobre el citado porcentaje, ceñida a que el 
mismo fue determinado sin ser contemplados ni la diferencia pendiente en función de la cotización 
del dolar al 
día del pago, ni los intereses adeudados, sobre la que -anticipo- me expediré más adelante; lo cierto 
es que ya 
no se cuestiona que Santillán efectuó cuatro (4) depósitos bancarios y abonó otras cuarenta y 
cuatro (44) 
cuotas del convenio, según lo consignado en los cuarenta y uno (41) recibos acompañados -de los 
que dos de 
ellos, advierto, demuestran el pago de varias cuotas- (v. documentación reservada bajo Sobre Nº 
13094/16-D-G); lo que habiendo arribado firme, no precisa mayor desarrollo que el apuntado.
No puedo decir lo mismo respecto del compromiso asumido en torno al pago 
proporcional de las expensas correspondientes a la Unidad Funcional 01.
Sin detenerme -por el momento- en lo que expresó el judicante a fs. 270, acerca de la 
modalidad en que dicha obligación debería haberse pactado, para luego decir que la demandada 
no se encontraba 
en mora; estimo conveniente dejar en claro que, pese a lo manifestado al contestar la demanda (v. 
fs.  37 vta. 2º 
pfo.), en estos actuados no logró ser demostrado que Santillán hubiera dado cabal cumplimiento con 
el 
compromiso asumido en ese sentido.
Es que, según lo informado por la administradora del consorcio, sobre la Unidad 
Funcional 01 no pesa deuda de expensas ni existen convenios de pago, asegurando que todos los 
pagos fueron 
realizados por Reynaldo E. Pisarello, acompañándose detalle de los montos abonados desde el mes 
de marzo de 
2009 a noviembre de 2017 (v. fs. 120/124).
A ello agrego que sólo se han acompañado cinco (5) recibos suscriptos por el Dr. 
Pisarello, dando cuenta de que Santillán abonó en concepto de "gastos comunes" las sumas de 
$158 el 
13/03/09, $140 el 18/04/09, $165 el 19/05/09,  parte de los $857 del 08/07/09 y $114 el 
20/08/09 (v. 
documentación reservada bajo sobre 13094/16-D-G).
Pongo de relieve que estos recibos por "gastos comunes"  resultan atribuibles al pago 
proporcional de expensas de los respectivos períodos, no sólo porque -como lo señala Kiper- suele 
reemplazarse al término "expensas comunes", por otros semejantes, como "expensas de 
administración", "gastos 
comunes", "gastos y contribuciones" (conf. Kiper, Claudio, "Tratado de Derechos Reales", tomo I, 
ed. 
Rubinzal Culzoni, Buenos Aires, 2016, p. 615); sino que en la carta documento adjuntada al 
promover la 
demanda se hace referencia a ellas en tales términos: advierto al Dr. Pisarello que fue su entonces 
apoderada 
quien suscribió la misiva intimando al pago del "40%" de "los gastos comunes", misiva que en este 
proceso él 
intentó hacer valer, lo que me autoriza a sostener que esas distintas denominaciones obedecían al 
mismo 
concepto.
6. Aclarado lo que antecede, a tenor de las intenciones reflejadas en la pieza recursiva, 
corresponde esclarecer si el incumplimiento parcial verificado, permite el ejercicio del pacto 
comisorio 
convenido bajo la cláusula sexta del acuerdo privado de marras; según el cual se ha establecido 
que "En caso de 
incumplimiento, las partes pactan la rescisión del presente y la restitución de lo percibido por las 
mismas". 
Respecto del pacto comisorio expreso, Alterini refiere que se trata de "(...) una 
cláusula accidental del contrato -vale decir, que debe ser introducido expresamente por las partes- 
en 
virtud de la cual, la parte cumplidora puede resolver el contrato ante el incumplimiento de la otra". 
Siguiendo a López de Zavalía, continúa el autor:  "La convención expresa del pacto comisorio no 
ha 
menester de fórmulas sacramentales", pero "si las partes se limitaran a decir que se conviene el 
pacto 
comisorio para el caso de incumplimiento, tal manifestación debería ser entendida en principio como 
una 
simple reproducción del pacto tácito y ello aunque se dijera ¨se conviene expresamente¨ (...)" 
(Llambias 
Jorge Joaquin y Alterini Atilio; "Código Civil Anotado. Doctrina y Jurisprudencia"; Abeledo Perrot, 
Buenos 
Aires, 1998; T III-A; p.191) -el subrayado me pertenece-.
A tenor de lo expuesto, explica el Maestro que existe una nítida diferencia entre el pacto 
comisorio expreso y la condición resolutoria tácita: en el primero, a pesar del incumplimiento, la 
resolución se 
producirá de pleno derecho luego de que -en forma fehaciente- sea comunicada tal voluntad a la 
incumplidora: 
no es necesario obtener pronunciamiento judicial que decrete la resolución del contrato, que ya se 
ha operado 
"de pleno derecho" por autoridad de la parte inocente, aclarando que en caso de controversia, el 
Tribunal se 
limitará a declarar si ella se produjo o no (Llambias Jorge Joaquin y Alterini Atilio; "Código Civil 
Anotado. 
Doctrina y Jurisprudencia"; Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1998; T III-A; p.192).
En cambio, si de cláusula resolutoria tácita se trata, no cumplida la prestación el acreedor 
podrá requerir al incumplidor el cumplimiento de su obligación, y fracasado tal requerimiento, 
quedarán 
resueltas, sin más, las obligaciones del contrato. En palabras del autor que vengo siguiendo, el 
segundo párrafo 
del art. 1204 del Cód. Civil refiere a una intimación para cumplir, como requisito previo a la 
resolución: el 
incumplidor debe hallarse en mora, y la intimación debe exigir: a) el cumplimiento de las condiciones 
pactadas, 
b) ser expresa y clara,  c) ofrecer la cooperación del requirente cuando ella sea menester, así como 
el 
cumplimiento de su obligación correlativa, d) conceder un plazo no inferior a 15 días, salvo que los 
usos o un 
pacto expreso estableciera uno menor, e) contener el apercibimiento de tener por resuelto el 
contrato 
(Llambias Jorge Joaquin y Alterini Atilio; "Código Civil Anotado. Doctrina y Jurisprudencia"; Abeledo 
Perrot, 
Buenos Aires, 1998; T III-A; p.194 y  195).
Desde otra perspectiva, no puedo dejar de mencionar la conocida máxima que rige la 
materia: "Los contratos son concertados para ser cumplidos, pacta sunt servanda", lo que significa 
que 
ninguno de los contratantes puede desistir del contrato arbitrariamente.
Expone cierta doctrina que la propensión al desistimiento es frecuente; que personas que 
con anterioridad concertaron un contrato pueden haber perdido después todo interés en la relación 
pactada, 
porque entonces la creyeron beneficiosa o porque recibieron después una oferta más ventajosa; 
que intentan 
entonces sustraerse mediante su retirada de las obligaciones aceptadas, lo que supone someter a 
todos a la 
inseguridad que trae consigo el recurso de intentar unilateralmente el desistimiento: Es por ello que el 
ordenamiento jurídico no se muestra propicio a secundar estos impulsos y les obliga a la ejecución 
de la 
prestación que aceptaron. El desistimiento es sólo una excepción (HEDELMANN, Tratado de 
Derecho Civil, 
Vol. III, Derecho de las Obligaciones, ed. Madrid, 1958, p. 142, citado por GARRIDO, R., Pacto 
comisorio y el 
"iusvariandi", LL 1980-D, 1369).
Traídos tales conceptos al supuesto que nos convoca, encuentro que "convenir, en caso 
de incumplimiento, la rescisión del acuerdo y la restitución de lo que cada parte hubiera percibido", 
no resulta -
en sí mismo- abusivo; no encuentro ninguna abusividad en un pacto de esta naturaleza, pues 
además de ser una 
previsión establecida en el código de fondo (art. 1204 Cód. Civil), tampoco surge abusiva en 
correlación a las 
demás cláusulas acordadas.
En todo caso, cabe revisar si el ejercicio de esa facultad resolutoria, ante el 
cumplimiento de las prestaciones en el modo apuntada, resulta o no abusiva.
a) A fin de llenar dicho cometido, procedo a examinar los presupuestos del pacto 
comisorio bajo los principios generales que rigen el abuso del derecho: incumplimiento de una parte, 
mora de 
ella, un factor de atribución -subjetivo u objetivo según el tipo de obligación- y falta de culpa del 
acreedor.
Me detengo en el primero de ellos, el del incumplimiento.
Se tiene dicho que "Si cumplir significa realizar la conducta debida en la forma 
pactada en cuanto al modo, tiempo y lugar, por oposición, incumplir significa no realizar la conducta 
en 
el modo tiempo y lugar (CORNET, M., Abuso y resolución del contrato, en TINTI, G., (Coord.), El 
abuso en 
los contratos, Abaco, Bs. As., 2002, p. 65), o sea, como bien señala Gastaldi, cuando no se adecua 
la 
conducta a lo convenido hay un desajuste con lo prometido; (GASTALDI, J., Pacto comisorio, 
Hammurabi, 
Bs. As., 1985, p. 136)" (CCC 6ª, Córdoba, Córdoba; 14/03/2008; Rubinzal Online; RC J 1542/08).
Desde luego, ante la infinidad de modalidades que puede ostentar este incumplimiento, 
se impone determinar la importancia que debe tener el mismo para autorizar el funcionamiento del 
pacto 
comisorio.
Alterini se dedica a ello al señalar que el incumplimiento puede tener diversos grados, lo 
que lleva a analizar su entidad para justificar la resolución del contrato: 1) Incumplimiento total, en el 
que la 
vigencia del pacto comisorio es indudable; 2) Incumplimiento parcial, que equivale al incumplimiento 
total, 
salvo caso de cumplimiento fraccionado, originario o derivado; 3) Incumplimiento de obligación 
secundaria, 
en los que si se previó el pacto comisorio expreso involucrando tales incumplimientos como 
"modalidades 
convenidas", funcionaría sin inconvenientes; pero en la cláusula resolutoria tácita habrá de 
analizarse la entidad 
relativa de las obligación secundaria de que se trate, para que el ejercicio de la facultad resolutoria 
no resulte 
abusivo; y 4) Cumplimiento defectuoso, en el que si el defecto es ostensible, el acreedor puede 
rechazarlo o 
aceptarlo sin reservas o con ellas; pero sólo la existencia de reservas mantiene el derecho del 
acreedor a 
reclamar en razón de los defectos: sólo si los defectos son importantes, se justifica la facultad 
resolutoria 
(Llambias Jorge Joaquin y Alterini Atilio; "Código Civil Anotado. Doctrina y Jurisprudencia"; Abeledo 
Perrot, 
Buenos Aires, 1998; T III-A; p.196).
Sobre ello también se ha expedido Ghersi, quien con copiosa  jurisprudencia insiste en 
que "No todo incumplimiento permite la resolución del contrato; para originar tal consecuencia 
extrema 
como es la extinción del vínculo, es necesario que aquél revista una cierta entidad (CCivCom 
Mercedes, 
Sala II, 25/10/84, ED, 114-690)";  "El incumplimiento que autoriza la resolución de una convención 
debe 
revestir una importancia tal que implique dejar totalmente o en su mayor parte insatisfecho el interés 
del 
acreedor, de manera que la prestación parcial o tardía ya no presente utilidad. El pacto comisorio 
constituye un remedio de protección al contratante de buena fe que cumple con sus obligaciones 
frente a 
quien deja de hacerlo, alterando el equilibrio de los negocios (art. 198, Cód. Civil). El juzgador debe 
analizar y valorar con suma prudencia el incumplimiento que autoriza la resolución (CNCom, Sala A, 
31/5/95, DJ, 1996-1-902); "El incumplimiento que habilita el ejercicio de la acción resolutoria debe 
alcanzar cierta magnitud, afectando un auténtico interés del acreedor, quien, de haberlo previsto, no 
hubiera celebrado el contrato (CNFedCivCom, Sala III, 7/3/69, DJ, 1996- 2-639) (Conf. Ghersi, 
Carlos A.; 
"Contratos Civiles y Comerciales", Astrea, 4° ed. actualizada y ampliada; Buenos Aires, 1998, T. I; p. 
313, 
323 y 324).
Agrego a lo señalado que, con cita de Gastaldi en el fallo antes citado, se ha dicho que la 
ley argentina guarda silencio al respecto, no obstante los precedentes que le sirvieron de fuente: 
"En efecto, el 
Código italiano de 1942, en su art. 1455, bajo el título "importancia del incumplimiento", prescribe 
que 
"el contrato no se puede resolver si el incumplimiento de una de las partes tiene escasa importancia 
en 
relación al interés de la otra". Igualmente ocurre en el Código de Honduras, cuyo art. 748, que 
regula la 
cláusula tácita, en su última parte dice que "este precepto no se aplicará cuando el incumplimiento 
de una 
parte sea de poca importancia teniendo en cuenta el interés de la otra". Destacamos las fuentes 
porque 
han servido de pauta interpretativa para orientar a la doctrina y jurisprudencia argentinas ante el 
silencio que guarda nuestra ley (GASTALDI, J., ob. y loc. cit)."
Asimismo, tomando lo dicho por Cornet (ob. cit., p. 67), se refiere a los principios de 
UNIDROIT sobre los Contratos Internacionales por ser útiles para determinar cuándo un 
incumplimiento puede 
considerarse esencial: El art. 7.3 de dichos principios expresa: 1) Una parte podrá dar por terminado 
el 
contrato si la falta de la otra parte al cumplir una de sus obligaciones contractuales construye un 
incumplimiento esencial. 2) Para determinar si la falta de cumplimiento de una obligación constituye 
un 
incumplimiento esencial se tendrá en cuenta, en particular, si: a) el incumplimiento priva 
sustancialmente 
a la parte perjudicada de lo que tenía derecho a esperar en virtud del contrato, a menos que la otra 
no 
hubiera previsto ni podido prever razonablemente ese resultado; b) el cumplimiento estricto de la 
obligación insatisfecha era esencial dentro del contrato; c) el incumplimiento fue intencional o 
temerario; 
d) el incumplimiento le otorga a la parte perjudicada razones para creer que no puede confiar en el 
cumplimiento futuro de la otra; e) la terminación del contrato hará sufrir a la parte incumplidora una 
pérdida desproporcionada como consecuencia de su preparación o cumplimiento".
En suma, por incumplimiento esencial, debemos entender que el mismo sea sustancial, 
principal y notable, para lo cual, se deberá tener en cuenta el interés de las partes y, 
fundamentalmente, la 
buena fe que debe presidir toda la vida del contrato (CORNET, M., ob. cit., p. 67).
Respecto al interés de las partes, traigo a colación lo dicho por Rivera acerca del fin 
económico del negocio: la interpretación debe tener como objetivo que se cumpla, sin distorsiones, 
la 
finalidad económica perseguida por las partes al celebrar el negocio (conf. Revista de Derecho 
Privado y 
Comunitario; "Interpretación del Contrato"; Rubinzal Culzoni; Santa Fe, 2007, p. 167). 
En relación a la buena fe,  basta recordar que "Se trata de un deber de profundo origen 
consuetudinario, que impone a las partes contratantes la obligación de actuar con corrección y 
lealtad 
comercial. Implica aquello que un contratante medianamente correcto debe hacer o dejar de hacer 
ante 
las distintas circunstancias que vayan surgiendo a lo largo de la vida del acuerdo, desde su 
concepción y 
hasta su muerte". (conf. Revista de Derecho Privado y Comunitario; "Interpretación del Contrato"; 
Rubinzal 
Culzoni; Santa Fe, 2007, p. 245). 
b) Desde luego que con principios tan amplios como lo son la buena fe, lealtad y 
probidad, moralidad y justicia y equidad, que deben presidir las relaciones contractuales, sólo un 
examen 
cuidadoso y particular del caso permite dilucidar si el incumplimiento es de una gravedad tal que 
permita el 
ejercicio del pacto comisorio.
En el caso de autos, concurren determinadas particularidades que no permiten apartarme 
de la tesitura trazada en instancia originaria.
A esta altura, no podemos desconocer que, a tenor de los términos en los que fue 
celebrado el acuerdo privado, el eje principal del negocio jurídico bajo trato es la transmisión de la 
propiedad de parte de la Unidad Funcional 01, integrada por dos departamentos: en resumidas 
cuentas, el 
Dr. Pisarello expuso su voluntad de ceder parte de los derechos que, como titular registral, le 
corresponden 
sobre ella, a cambio de que Santillán abonase una suma inicial más cincuenta cuotas mensuales y 
consecutivas.                        
Evidente es que, del resto de los compromisos asumidos, algunos se condicen con la 
instrumentación del 
mencionado negocio y otros resultan obligaciones naturales o cargas propias de la ocupación del 
inmueble.
En este orden de ideas, recuerdo que respecto de la obligación principal asumida por 
Santillán, el Dr. Pisarello aceptó la entrega inicial en el mismo acto en que suscribieron el acuerdo, y 
-como 
quedó a la vista- continuó otorgando recibos en concepto de "cuota convenio" hasta el mes de 
marzo de 2013 
sin efectuar objeciones ni reservas de ninguna naturaleza.
En otras palabras, convalidó la conducta asumida por la contraria sobre ese aspecto del 
acuerdo privado, durante practicamente cuatro (4) años; período que -casualmente- se identifica 
con las 
cincuenta (50) cuotas que habían sido convenidas: nótese que, según el acuerdo de marras, si la 
primera de ellas 
debía ser abonada en marzo de 2009, la última, correspondía a abril de 2013; y resulta que el primer 
comprobante de depósito bancario evidencia que Santillán efectivizó la primer cuota en febrero de 
2009; y que 
el último de los recibos suscriptos por Pisarello data de marzo de 2013.  
Consciente de lo dispuesto por el art. 746 del Cód. Civil, acerca de que el pago que debe 
ser hecho en prestaciones parciales, y en períodos determinados, el hecho por el último período 
hace presumir 
el de los anteriores, salvo prueba en contrario; no escapa de mi consideración que el pago de las 
cuotas, 
mensuales y consecutivas, fue pactado en dólares estadounidenses, a ser abonadas al cambio 
oficial en pesos; y 
con base en ello, en instancia originaria se ha calculado el valor del dólar estadounidense tipo 
vendedor del 
Banco Nación a la fecha de cada pago, concluyendo el judicante que no todas las cuotas fueron 
canceladas, e 
incluso que alguna de ellas ni siquiera fueron abonadas; lo cual -vuelvo a mencionar- no fue 
sometido a revisión 
de esta Alzada.
Así las cosas, corresponde dejar sentado que son 48 de 50, las cuotas abonadas: 4 
depósitos bancarios, y 41 recibos, de los que 1 demuestra el pago de 3 cuotas en forma conjunta, y 
otro, el de 2 
de ellas, del mismo modo. 
De la mano del incumplimiento parcial apuntado, comulga la conducta asumida por el Dr. 
Pisarello: no pasa desapercibido que el citado profesional ha mantenido silencio al extender cada 
uno de los 41 
recibos adjuntados por la contraria, aceptando los pagos sin efectuar reserva alguna, durante el 
extenso período 
transcurrido.
Tampoco puedo omitir considerar la actitud con la que excitó la jurisdicción: llama 
poderosamente la atención que fundó su pretensión inicial alegando que la demandada sólo había 
abonado 8 de 
las cincuenta 50 cuotas convenidas.
No parece redudante señalar que es el principio de buena fe el que debe servir de base, 
guía y sustento a la actividad interpretativa de los contratos en general, que contenía el art. 1198 
del Cód. Civil; 
y que tal disposición estatuye que ese principio basilar debe acompañar toda la trayectoria del 
contrato, desde 
los tratos preliminares y su formación, pasando por su interpretación y hasta su ejecución, fin y 
consecuente 
extinción. 
Ante este panorama fáctico, conjugado con los lineamientos jurídicos reseñados en el 
apartado que antecede, va de suyo que el ejercicio de la facultad resolutoria pretendido por el Dr. 
Pisarello 
deviene abusivo al pretender rescindir la obligación de transferir parte de sus derechos sobre la 
propiedad, 
cuando la contraria ha cumplido -en modo parcial o defectuoso- con la contraprestación esencial a 
su cargo, al 
abonar, además del pago inicial, 48 de las 50 cuotas convenidas, sobre las cuales -enfatizo- nada 
ha objetado el 
primero en su debido momento.
Ya se ha dicho que la suma de $1.500 en concepto de cuota no siempre coincidía con los 
u$s400 convenidos; que algunas de ellas fueron abonadas fuera del plazo establecido, y que de 
hecho, un 
reducido par no consta haberse cumplido.
Sin embargo, no es posible asignar, al monto adeudado por el incumplimiento de pago en 
tiempo y forma según lo pactado, la relevancia que el apelante pretende; pues según doctrina y 
jurisprudencia 
sobre la que me he explayado en el apartado anterior no es cualquier incumplimiento el que permite 
la 
resolución del contrato, sino el que revista cierta entidad que importe dejar -totalmente o en su mayor 
parte- 
insatisfecho el interés del acreedor. 
A ello agrego que, más allá de las divergencias que se pudieran suscitar en cuanto a si 
pesaba o no sobre el accionante la carga de intimar a la contraria al cumplimiento de sus 
obligaciones, 
desde que -según lo sostenido por juristas de la talla de Alterini- a partir de los términos en los que 
fue 
redactada la cláusula sexta podría ser interpretado como pacto comisorio tácito; lo cierto es que  en 
función del 
modo en que se sucedieron los hechos (Santillán cumpliendo las prestaciones aludidas, y Pisarello 
aceptándolas), no podemos desconocer que tal requerimiento hubiera sido más que útil, necesario, 
a fin de 
satisfacer el principio más elemental y absoluto que rige en la materia, cual es el de buena fe, sobre 
el que me 
he explayado. 
No puede esta tesitura ser interpretada como lesiva de la autonomía de la voluntad con la 
que, al celebrar el contrato, identificaron las partes sus respectivas obligaciones; desde que la 
buena fe "es una 
concepción jurídica que se halla expandida por todo el ordenamiento jurídico como un principio no 
concreto que lo complementa, haciendo a las normas más flexibles y corrigiéndolas de un resultado 
que, 
de no aplicarse el principio, sería contrario a la equidad (empleando este término en sentido vulgar). 
(...) 
El principio nos ayuda a situar la correcta posición del sujeto en la relación jurídica obligacional, lo 
que 
significa un límite en los derechos del acreedor y del deudor, requiriendo reciprocidad en el 
comportamiento debido y cuya finalidad es la de moderar la relación obligacional. Los arts. 902 y 
1198 
del Cód. Civil son, a nuestro entender, las normas más representativas y que brindan al jurista la 
posibilidad de "analizar" la "conducta de las partes" antes, durante y después del acaecimiento de 
los 
actos o hechos jurídicos y las relaciones emanadas, así como las circunstancias fácticas que los 
rodearon, 
obteniendo una visión más completa de ella, tanto en su estructura como en sus consecuencias 
(...)".  
(Conf. Ghersi, Carlos A.; "Contratos Civiles y Comerciales", Astrea, 4° ed. actualizada y ampliada; 
Buenos Aires, 1998, T. I).
Prosiguiendo con los agravios vertidos sobre el incumplimiento del pago del 40% de las 
expensas, quiero dejar en claro que la naturaleza misma de esta contribución no permite sostener 
que, por no 
haber acordado fecha de cumplimiento, la obligada al pago no se encontraría en mora sino hasta la 
interposición 
de la demanda.
Ello así por cuanto, tales obligaciones se vinculan con la contribución para el 
mantenimiento del edificio, que hacen a la seguridad, aseo, higiene, conservación y mejoramiento 
de éste; por 
lo que deviene evidente que el pago regular de las expensas comunes es fundamental para su 
normal 
desenvolvimiento, y que el mismo -normalmente- resulta mensual.
Por tal motivo, si los propietarios u ocupantes por cualquier título no pagan 
puntualmente, y lo hacen de manera anárquica, sería imposible el mantenimiento de las cosas y 
partes comunes, 
por lo que la falta de cumplimiento oportuno de aquellas cargas será susceptible de trastornar e 
inclusive de 
poner en peligro la existencia misma del consorcio.
Ahora bien, dado que en el acuerdo privado  "se dejó constancia" que la compradora debía 
abonar el 40% de las expensas correspondientes a la Unidad Funcional 01, no hay modo de 
equiparar tal 
compromiso, con el pago del precio acordado como contraprestación de la cesión del derecho de 
propiedad 
convenida.
Nuevamente, resulta un valladar la magnitud del incumplimiento, que dimensiono 
independientemente del monto actualizado al que hoy ascienda la deuda, sino desde el rol que 
dicho 
compromiso ocupó; ajeno -a mi criterio- de la obligación fundamental del negocio, por no 
comprometer su 
equilibrio jurídico ni económico.
En este sentido, se tiene dicho: "Así, por ejemplo, no autoriza la facultad comisoria la 
mora referida a obligaciones accesorias (...)" (Llambias Jorge Joaquin y Alterini Atilio; "Código Civil 
Anotado. Doctrina y Jurisprudencia"; Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1998; T III-A; p.209).
Así las cosas, no habiéndose conmovido lo decidido en torno a la improcedencia del 
ejercicio de la facultad resolutoria, deviene innecesario expedirme sobre el reclamo de daños y 
perjuicios cuya 
omisión en instancia originaria, agravia al apelante. 
Corolario de los fundamentos expresados en este voto, corresponde a mi parecer, 
desestimar el recurso de apelación articulado por la parte actora reconvenida, y confirmar la 
sentencia de 
primera instancia recaída a fs. 263/271 vta. en todo cuanto fuera materia de recurso.
7. COSTAS Y HONORARIOS DE LA ALZADA.
Atento a la forma en la que se resuelve la presente, las costas en esta instancia son 
impuestas a la actora reconvenida, apelante vencida, en virtud del principio objetivo de la derrota, 
sustentado 
por el art. 83 del CPCC.
Corresponde diferir la regulación de honorarios para la oportunidad en que sean 
regulados los de la instancia de origen. 
LA DRA. WILMA SARA MARTINEZ, DIJO: Coincidiendo con el análisis y 
fundamentos de hecho y de derecho efectuados por la Sra. Juez preopinante, adhiero a sus 
conclusiones y voto 
en idéntico sentido.
No siendo para más, se da por terminado el presente Acuerdo, firmando las Señoras 
Jueces por ante mí,  Secretaria Autorizante, que doy fe.

		Dra. WILMA SARA 
MARTINEZ			Dra. ELOISA ARACELI 
BARRETO
		             JUEZ - SALA PRIMERA
				                JUEZ - SALA 
PRIMERA
                 CAMARA DE APELACIONES CIVIL Y COMERCIAL                CAMARA DE 
APELACIONES CIVIL Y COMERCIAL

Dra. MARIA LUCIANA RAJOY URRUTIA
SECRETARIA - SALA PRIMERA
CAMARA DE APELACIONES CIVIL Y COMERCIAL

S E N T E N C I A

Resistencia, 05 de octubre de 2020.		  
	                                     Nº295/
Por los fundamentos expuestos en el Acuerdo que antecede, la Sala Primera de la Cámara 
de Apelaciones en lo Civil y Comercial,
RESUELVE:
I.- CONFIRMAR la Sentencia de Primera Instancia recaída a fs. 263/271 Vta., conforme 
argumentos expuestos en los Considerandos.-
II.- IMPONER las costas en esta Instancia a la parte actora reconvenida apelante vencida 
(art. 83 CPCC); y DIFERIR la regulación de los honorarios de los profesionales para la oportunidad 
indicada 
en los considerandos. Conforme los fundamentos dados.- 
III.- REGISTRESE, protocolícese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos al 
Juzgado de origen.-

		Dra. WILMA SARA 
MARTINEZ			Dra. ELOISA ARACELI 
BARRETO
		           JUEZ - SALA PRIMERA
				             JUEZ - SALA 
PRIMERA
                    CAMARA DE APELACIONES CIVIL Y COMERCIAL	        CAMARA DE 
APELACIONES 
CIVIL Y COMERCIAL
 
------------------------------------------------------
Expte. N°: 14711/01-1CL   -Foja: 33- PRIETO, OSVALDO RAMON C/
               PRIETO, EDUARDO ALBERTO S/EJECUCION DE SENTENCIA -
CONSTANCIA (fs.33)
 
El mensaje se entregó EL 02/10/20 a los siguientes destinatarios:

EDGARDO DANIEL MERLO (mat2223@justiciachaco.gov.ar) <mailto:mat2223
@justiciachaco.gov.ar> 

RAUL OSVALDO CASAVECCHIA (mat2001@justiciachaco.gov.ar) <mailto:mat2001
@justiciachaco.gov.ar> 

Asunto: providencia dictada en expte. nro. 14711/01-1-cl

------------------------------------------------------
Expte. N°: 14711/01-1CL   -Foja: 34- PRIETO, OSVALDO RAMON C/
               PRIETO, EDUARDO ALBERTO S/EJECUCION DE SENTENCIA -
CONSTANCIA (fs.34)
 
El mensaje se entregó el 02/10/20 a los siguientes destinatarios:

carmen.sanchez@justiciachaco.gov.ar

sergio.serruto@justiciachaco.gov.ar

maria.ferreyra@justiciachaco.gov.ar

Asunto: providencia dictada en expte. nro. 14711/01-1-cl

Señores Jueces: Me notifico de la radicación de la causa ante la sala I. CARMEN DEL PILAR 
SANCHEZ. DEFENSORA 
OFICIAL N°1

A DESPACHO: 06 OCT 2020
CONSTE:
Dra. MARIA LUCIANA RAJOY URRUTIA
SECRETARIA - SALA PRIMERA
CAMARA DE APELACIONES CIVIL Y COMERCIAL
 
------------------------------------------------------
Expte. N°: 40/20-1-O      -Foja: 29- SMARTVISION SRL E/A:
               "SMARTVISION SRL C/ RAMIREZ, LORETA CARMEN S/ EJECUTIVO" EXPTE. Nº 
9866/18 
               S/RECURSO DE QUEJA -
QUEJA+PREVIO ACREDITE PERSONERIA (fs.29)
 
29
Dra. MARIA LUCIANA RAJOY URRUTIA
SECRETARIA - SALA PRIMERA
CAMARA DE APELACIONES CIVIL Y COMERCIAL
CORRESPONDE AL EXPEDIENTE Nº40/20-1-O. MEZ.

Resistencia, 02 de octubre de 2020.-
Por recibido recurso de queja y sus antecedentes, previo a considerar, hágase saber al 
recurrente que deberá acreditar personería. NOT.-

Dra. ELOISA ARACELI BARRETO
PRESIDENTE - SALA PRIMERA
CAMARA DE APELACIONES CIVIL Y COMERCIAL

A DESPACHO: 06/10/2020
CONSTE:
Dra. MARIA LUCIANA RAJOY URRUTIA
SECRETARIA - SALA PRIMERA
CAMARA DE APELACIONES CIVIL Y COMERCIAL
 
------------------------------------------------------
Expte. N°: 960/02-1-C     -Foja: 980- STAROSELSKY Y JARAZ
               CONSTRUCCIONES CIVILES S.C.C. E/A: "CONSORCIO DE COPROPIETARIOS 
EDIFICIO 
               TUCUMAN C/ MOSELLI, EDGARDO RCHED S/ EJECUTIVO" EXPTE. Nº 6105/99 
               S/TERCERIA DE DOMINIO -
constanciaonstancia
 
El mensaje se entregó EL 02/10/20  a los siguientes destinatarios:

MAXIMINO FACUNDO VARAS (mat2822@justiciachaco.gov.ar) <mailto:mat2822
@justiciachaco.gov.ar> 

CARLOS GUILLERMO VARAS (mat1713@justiciachaco.gov.ar) <mailto:mat1713
@justiciachaco.gov.ar> 

CECILIA ROSA RIVERO (mat6778@justiciachaco.gov.ar) <mailto:mat6778@justiciachaco.gov.ar> 

CELIA JUDCHAK (mat489@justiciachaco.gov.ar) <mailto:mat489@justiciachaco.gov.ar> 

EDUARDO ARIEL VITALI (mat2992@justiciachaco.gov.ar) <mailto:mat2992@justiciachaco.gov.ar> 

DARIO RUBEN RIOS (mat2866@justiciachaco.gov.ar) <mailto:mat2866@justiciachaco.gov.ar> 

Asunto: providencia dictada en expte. nro. 960/02-1-c, "STAROSELSKU Y JARAZ 
CONSTRUCCIONES EN EXPTE. 6105/99 S/TERCERIA DOMINIO"

------------------------------------------------------
Expte. N°: 960/02-1-C     -Foja: 981- STAROSELSKY Y JARAZ
               CONSTRUCCIONES CIVILES S.C.C. E/A: "CONSORCIO DE COPROPIETARIOS 
EDIFICIO 
               TUCUMAN C/ MOSELLI, EDGARDO RCHED S/ EJECUTIVO" EXPTE. Nº 6105/99 
               S/TERCERIA DE DOMINIO -
CONSTANCIA NOT. ASESORA Nº1
 
El mensaje se entregó el 05/10/20 a los siguientes destinatarios:

natalia.facchin@justiciachaco.gov.ar

teresita.mersch@justiciachaco.gov.ar

Asunto: providencia dictada en Expte. nro. 960/02-1-c, "STAROSELSKY Y JARAZ 
CONSTRUCCIONES CIVILES S.C.C. E/A:"CONSORCIO DE COPROPIETARIOS 
EDIFICIO TUCUMAN C/MOSELLI, EDGARDO RCHED S/EJECUTIVO", EXPTE. NRO. 6105/99 
S/TERCERIA DE DOMINIO"

A DESPACHO: 06/10/2020
CONSTE:
Dra. MARIA LUCIANA RAJOY URRUTIA
SECRETARIA - SALA PRIMERA
CAMARA DE APELACIONES CIVIL Y COMERCIAL
 
------------------------------------------------------
Expte. N°: 10099/17-1-C   -Foja: 438- VASCONCELO, FRANCISCO
               VICENTE Y GALLARDO, MARIA CELINA POR SI Y EN REP. DE SUS NIETAS 
MENORES 
               AIMARA ABIGAIL OJEDA VASCONCELO Y ALEXIA ANGELINA VASCONCELO C/... 
               S/DAÑOS Y PERJUICIOS Y DAÑO MORAL POR ACCIDENTE DE TRANSITO -
POR RECIBIDO CON EXPTE. Y SOBRE SOLICITADO+ (fs.435/438)
 
CORRESPONDE AL EXPEDIENTE Nº 10099/17-1-C. VAS
Resistencia, 05 de octubre de 2020.-
A fs. 434: téngase presente la notificación efectuada por la Sra. Asesora de Niñas, Niños 
y Adolescentes Nº 1 . A fs. 435/437: por devuelto y cumplimentado con el oficio que consta librado 
a fs. 431, 
téngase presente. Procédase a reservar la documental acompañada y agréguese por cuerda floja el 
Expediente 
Nº 9582/17, dejándose debida constancia por Secretaría. NOT.-

Dra. ELOISA ARACELI BARRETO
PRESIDENTE - SALA PRIMERA
CAMARA DE APELACIONES CIVIL Y COMERCIAL

NOTA DE SECRETARIA: Atento a lo ordenado precedentemente, en el día de la fecha procedo a 
reservar en 
Caja Fuerte en letra "G" SOBRE Nº10099/17 conteniendo: Expediente Nº 1895/16 del Juzgado del 
Menor de 
Edad y la Familia Nº 2, con 113 fs.- Asimismo, procedo a agregar por cuerda floja el Expediente Nº 
9582/17, 
caratulado: "VASCONCELO, FRANCISCO VICENTE Y GALLARDO, MARIA CELINA AMBOS POR 
SI 
Y EN REPRESENTACION DE SUS NIETAS MENORES ALEXIA ANGELINA VASCONCELO Y 
AIMARA ABIGAIL OJEDA S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS", con 67 fs. útiles (y la última 
sin 
foliar) que fuera remitido por el Juzgado Civil y Comercial de la Décima Novena Nominación.- 
CONSTE.- 
SECRETARIA, 05 de octubre de 2020.-

Dra. MARIA LUCIANA RAJOY URRUTIA
SECRETARIA - SALA PRIMERA
CAMARA DE APELACIONES CIVIL Y COMERCIAL

A DESPACHO: 06 OCT 2020
CONSTE:
Dra. MARIA LUCIANA RAJOY URRUTIA
SECRETARIA - SALA PRIMERA
CAMARA DE APELACIONES CIVIL Y COMERCIAL
 
------------------------------------------------------
Expte. N°: 1095/10-1-C    -Foja: 571- VILLALBA, ESTHER ZUNILDA C/
               PEREIRA, MARIO ALBERTO Y/O ERSA URBANO S.A. Y/O PROPIETARIO DEL 
               VEHICULO DOMINIO GJA-090 Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE S/DAÑOS Y 
               PERJUICIOS Y DAÑO MORAL POR ACCIDENTE DE TRANSITO -
BAJA EXPEDIENTES (fs.571)
 
571
Dra. MARIA LUCIANA RAJOY URRUTIA
SECRETARIA - SALA PRIMERA
CAMARA DE APELACIONES CIVIL Y COMERCIAL
CORRESPONDE AL EXPEDIENTE Nº1095/10-1-C.- MEZ
En la fecha, de acuerdo a lo ordenado a fs. 570, se devuelve el presente:
Expte.  	carátula	fojas 	
 Nº 1095/10-1-C	 "VILLALBA, ESTHER ZUNILDA C/ 
PEREIRA, MARIO ALBERTO Y/O ERSA URBANO S.A. Y/O PROPIETARIO DEL VEHICULO 
DOMINIO 
GJA-090 Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE S/ DAÑOS Y PERJUICIOS Y DAÑO MORAL 
POR 
ACCIDENTE DE TRANSITO" 	 571 fojas distribuídas en cuatro (4) 
cuerpos	

Se adjunta: Sobres "G" Nº 1095/10, Nº 1095/10 (Expte. Penal) y Nº 1095/10 
(Gaveta).-
Al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la Vigésimo Primera 
Nominación, a los fines de cumplimentar trámite.- CONSTE. RESISTENCIA, 02 de octubre de 2020.-

Dra. MARIA LUCIANA RAJOY URRUTIA
SECRETARIA - SALA PRIMERA
CAMARA DE APELACIONES CIVIL Y COMERCIAL

A DESPACHO: 06 OCT 2020
CONSTE:
Dra. MARIA LUCIANA RAJOY URRUTIA
SECRETARIA - SALA PRIMERA
CAMARA DE APELACIONES CIVIL Y COMERCIAL
 
------------------------------------------------------
Expte. N°: 1095/10-1-C    -Foja: 570- VILLALBA, ESTHER ZUNILDA C/
               PEREIRA, MARIO ALBERTO Y/O ERSA URBANO S.A. Y/O PROPIETARIO DEL 
               VEHICULO DOMINIO GJA-090 Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE S/DAÑOS Y 
               PERJUICIOS Y DAÑO MORAL POR ACCIDENTE DE TRANSITO -
POR DEVUELTO Y CUMPLIMENTADO+SE DEVUELVE POR CONCURSO PREVENTIVO
ERSA (fs.570)
 
570
Dra. MARIA LUCIANA RAJOY URRUTIA
SECRETARIA - SALA PRIMERA
CAMARA DE APELACIONES CIVIL Y COMERCIAL
CORRESPONDE AL EXPEDIENTE Nº1095/10-1-C. MEZ.

Resistencia, 02 de octubre de 2020.-
Por devuelto y cumplimentado con lo dispuesto por esta Alzada a fs. 541, téngase 
presente. Habiéndose informado la apertura del concurso preventivo de la demandada ERSA 
URBANO S.A. y la 
designación de síndicos, remítanse las presentes actuaciones al tribunal de origen a los fines de 
que se proceda 
a dar intervención a los mismos conforme lo dispuesto por el art. 21 de la Ley de Concursos y 
Quiebras - Nº 
24.522. NOT.-

Dra. ELOISA ARACELI BARRETO
PRESIDENTE - SALA PRIMERA